El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia contra el desalojo de la Comandancia de Sevilla de una sargento de la Guardia Civil que denunció a un cabo por presunta corrupción en el uso de fondos europeos. La sargento María Serrano fue desalojada de su vivienda el pasado 18 de octubre tras una orden de lanzamiento instada por el coronel de la Guardia Civil de Sevilla, decisión que recurrió su abogado, Fermín Vázquez, y que anuló el TSJA.

Después de esa anulación, cabía la posibilidad de que se presentara un recurso de casación, lo que no se ha hecho y por lo que se ha declarado firme la sentencia del TSJA, adoptada en diciembre pasado. Una vez declarada firme la sentencia, el abogado ha dicho que pedirá al juzgado que se le restaure a la sargento en su vivienda, situada en el acuartelamiento de Villanueva del Pítamo, en las afueras de Sevilla, y en caso de que se le niegue esa opción, pedirá una indemnización por los daños causados.

El desalojo lo adoptó el juzgado Contencioso Administrativo 12 de Sevilla tras la petición de la Guardia Civil a través de un escrito presentado por la Abogacía del Estado. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, por su parte, anuló el desalojo, tras el cual la sargento dijo que "ni al peor de los etarras se le ha tratado como me han tratado a mí".

La sargento atribuyó lo ocurrido a la "inquina personal" que le tiene el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, con el que se ha cruzado denuncias, porque "sabe perfectamente que no ha cumplido con su deber" a diferencia de ella, que sí lo hizo al avisar de la corrupción. La sentencia del TSJA se basa en la "incompetencia" del juzgado que acordó el desalojo de la sargento del Seprona, que está de baja y en tratamiento psicológico.

En su resolución, el TSJA subraya que solo a esa sala le corresponde resolver cualquier incidente que pueda plantearse con la ejecución de la sentencia por la que se ordenaba su desalojo. La sargento considera que el origen del "acoso y derribo" hacia ella, que lleva 25 años en la Guardia Civil y es familiar de numerosos agentes, empezó en el 2013, cuando entregó un informe con datos de un cabo que ejercía de denunciante y a la vez de defensor ante las multas de hasta 60.000 euros que ponían a empresas de pescado.