Ya sea por tierra o aire, el grupo ultracatólico Hazte Oír podrá seguir divulgando sus mensajes de odio y, al mismo tiempo, permanecer en la categoría de entidades de "utilidad pública", lo que se traduce en distintos privilegios fiscales. Su campaña contra las niñas y niños transexuales no ha sido motivo suficiente para que el gobierno de Mariano Rajoy le revocase esa declaración, algo que sí ha hecho con una media docena de asociaciones de distintos ámbitos.

El escándalo saltó en febrero pasado, cuando Hazte Oír sacó a la calle su autobús tránsfobo. "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo", rezaba el cartel colocado en los laterales del vehículo naranja. Se trataba de su singular respuesta a la campaña a favor de la diversidad que había lanzado anteriormente Chrysalis Euskal Herria, la asociación de familiares de menores transexuales.

Mientras el "autobús del odio" intentaba circular por las calles de Madrid, trascendió que el grupo que lo patrocinaba disfrutaba de una "declaración de utilidad pública" desde mayo de 2013. Fue entonces cuando el gobierno de Rajoy incluyó a Hazte Oír en esa categoría, lo que legalmente implica reconocer su carácter de "interés general". Gracias a ello, el grupo ha contado desde entonces con una serie de exenciones y beneficios fiscales –no debe pagar el Impuesto sobre Sociedades, el IBI o el Impuesto sobre Actividades Económicas, entre otros-, lo que le permitió engordar sus cuentas bancarias. Según su propia información, este lobby homófobo dispone de un presupuesto anual que supera los 2,6 millones de euros.

En marzo pasado, el pleno del Congreso –con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC- pidió al gobierno que revocase esta declaración de utilidad pública, ya que las actividades desarrolladas por la organización ultra son "frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia".

Sin novedades del Gobierno 

De momento, esa solicitud no ha tenido ni el más mínimo efecto. Según ha podido comprobar Público, desde enero pasado el Ejecutivo ha revocado las declaraciones de utilidad pública que hasta entonces disponían seis colectivos sociales, pero Hazte Oír no figura entre ellos. Una de las entidades afectadas es la Asociación de Deportistas Contra la Droga, una organización fundada en 1991 que tenía como presidente de honor al entonces Príncipe Felipe. El pasado 16 de marzo, el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez, firmó la resolución que dejaba sin efecto todos sus privilegios fiscales.

En ese mismo documento figuraba la asociación Pangea, una ONG afincada en Málaga que trabaja con personas desfavorecidas. El gobierno también ha quitado el rango de utilidad pública a la asociación Glackma, abocada a la "concienciación y sensibilización en temas ambientales en general", principalmente aquellos "relacionados con los glaciares y el calentamiento global". Su revocación se produjo el 3 de abril pasado.

Otra de las entidades que ha visto caer su declaración de “utilidad pública” ha sido la ONG Rudraksha, enfocada en el desarrollo de las mujeres indias. Lo mismo le ha ocurrido a la organización gallega Equus Zebra, nacida en 2000 con el objetivo de desarrollar "acciones de sensibilización, acogida, formación, orientación laboral, asesoramiento jurídico y atención psicológica" entre personas con riesgo de exclusión social.

Asimismo, el gobierno retiró los beneficios a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE). Fuentes de ese colectivo indicaron a Público que su salida del listado de "utilidad pública." se debió a asuntos administrativos. No obstante, de momento no ha recuperado su categoría, en la que paradójicamente continúa Hazte Oír.