La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente murciano, Fernando López Miras, han escenificado hoy el fin de los desencuentros competenciales entre ambas administraciones para poner solución a la crisis ambiental del Mar Menor y se han emplazado a un diálogo fluido en una comisión en la que se comuniquen los problemas que surjan al aplicar medidas.

A su llegada a la zona, Ribera ya sabía de la intención del Gobierno autonómico de prohibir usar fertilizantes nitrogenados en el área agrícola más cercana al Mar Menor y de reducir a la mitad de todos los plazos administrativos en la tramitación de expedientes sancionadores en el área afectada, un paso adelante por el que se ha felicitado.

No obstante, tras visitar el Mar Menor y reunirse esta mañana con miembros de la Plataforma Sos Mar Menor y alcaldes ribereños ha advertido de que "no es posible que, por miedo de aplicación de la ley, unos pocos lo contaminen", por lo que "no caben disculpas: Ya está bien de mirar a otro lado".

La ministra ha descartado por desfasado el plan de eliminación de vertidos, que solo prevé actuaciones en circuito cerrado y no introduce variables de corrección en origen, aunque algunas de sus medidas se pueden retomar redimensionándolas.

Entre ellas, Miras se ha referido al colector norte para evitar vertidos, cuyo proyecto ya está en tramitación, y a la desnitrificadora, para las que ha propuesto al departamento de Ribera un convenio para que se haga cargo de ellos con fondos propios el Gobierno murciano.

Lo ha hecho tras una reunión vespertina con Ribera en la sede del Gobierno autonómico en la que ambos han escenificado el fin de los desencuentros competenciales entre ambas administraciones y se han emplazado a un diálogo fluido en una comisión que se reunirá periódicamente y en la que hay por ambas partes voluntad de resolver los problemas que los técnicos detecten para aplicar medidas serias.

Para poner fin al vertido de aguas con nutrientes que han favorecido la anoxia que ha acabado con 5 toneladas de peces en 10 días, "lo importante es que cada uno ejerza sus competencias, porque ya no hay debate sobre quién las tiene, y trabajar correctamente respetando la ley", según Ribera, dispuesta a la compra de terrenos o a la compensación a sus dueños por su cambio de cultivo para crear una franja verde que absorba nitratos, alternativa que defienden los ecologistas por las 8.500 hectáreas de regadío ilegales existentes.

"La convicción de la emergencia que teníamos delante nos ha hecho reforzar muchas cosas, a veces con la frustración de encontrarnos con algo que no nos permitía seguir avanzando, y hoy hemos dado un paso muy importante para velar por que se apliquen las normas", ha añadido.

Las mayores discrepancias son qué hacer con el acuífero subterráneo cargado de agua dulce con nitratos, cuyo nivel freático quiere rebajar extrayéndola el Gobierno murciano, pero el central se fía a los geólogos que advierten "de lo delicado que resulta intervenir en él", según Ribera, que prefiere analizar el asunto "con cuidado".

También con el dragado de la gola de Marchamalo, para permitir el intercambio de agua con el Mediterráneo por el que apuesta el Gobierno murciano por recomendación de su comité asesor científico, pero al ser muchos otros los investigadores que denostan esta solución para acabar con la falta de oxígeno provocada por la eutrofización del agua, se ha encargado un estudio al Instituto Español de Oceanografía para despejar dudas sobre su eficacia.

Los señalados por muchos como causantes del desastre han recordado desde la patronal exportadora hortofrutícola regional Proexport que "ante tanto ataque al sector recordamos que la agricultura no es culpable del calentamiento extremo del agua en agosto, ni de los 200.000 turistas, ni de que las golas permanezcan colmatadas sin permitir intercambio con el Mediterráneo, ni de que el acuífero brote por superficie en toda la línea de costa".

Desde fuera de la Región de Murcia, ha opinado hoy sobre este asunto Greenpeace, que ha recordado que en los años 80 del pasado siglo, cuando el trasvase Tajo-Segura comenzó a funcionar, tres cuartas partes de la superficie agrícola próxima al Mar Menor eran de secano y el regadío creció desde entonces "sin medida" con ese aporte de agua, por lo que ha propuesto acabar con los desembalses.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, "especialmente preocupado" por la "grave situación ecológica", ha pedido detalles a ambas administraciones de las medidas que están tomando para remediarla y las que prevén adoptar.