El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un acuerdo por el que "se requiere de incompetencia" a la Junta de Castilla y León para que se abstenga de adoptar "cualquier actuación que vulnere o menoscabe la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". 

Se trata, en esencia, del primer paso dado por el Gobierno central para llevar al Tribunal Constitucional al Ejecutivo autonómico. Un intento por evitar que PP y Vox adopten medidas que puedan afectar o limitar la ley del aborto. No en vano el protocolo antiaborto que la formación de ultraderecha ha intentado imponer al PP en Castilla y León contraviene de plano la ley vigente en materia de aborto.

Ahora el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo tiene un mes para contestar dicho requerimiento. Según ha indicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el caso de que no se dé una "cumplida y satisfactoria respuesta" desde la Junta de Castilla y León el Gobierno iniciará acciones, dentro del mismo procedimiento, ante el Tribunal Constitucional "en defensa de los derechos de las mujeres".

En declaraciones a los periodistas en un desayuno informativo, ha insistido en que el Gobierno no va a permitir "ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España" y ha agregado que se está trabajando en todas las opciones posibles.

Bolaños ha justificado la necesidad del requerimiento que hoy se aprueba "con motivo de las noticias que se están conociendo en Castilla y León y con ese protocolo que pretende aprobar su Gobierno contra los derechos de las mujeres y contra sus libertades".