Galicia Condenan a la Xunta a indemnizar a la familia de una mujer que murió de un cáncer que tardaron más de un año en diagnosticarle

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado al Servizo Galego de Saúde, dependiente de la Xunta, a indemnizar con 130.000 euros a la familia de una mujer a la que tardaron más de un año en diagnosticarle el cáncer de ovarios del que acabó falleciendo.

Basándose en el informe del oncólogo, los jueces consideran probado que la mujer tenía un 91% de posibilidades de supervivencia cuando acudió al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que cayeron al 20% cuando le anunciaron dieciséis meses después que el tumor era en realidad maligno y que había derivado en varias metástasis.

Los hechos tuvieron origen en febrero de 2016, cuando la paciente, que tenía entonces 56 años, acudió al servicio de consultas externas del hospital tras haberle sido diagnosticado un quiste en un ovario. Dos meses después, tras ser intervenida para extraérselo, le informaron de que se trataba de un tumor benigno.

Aquejada de nuevas molestias, la mujer volvió varias veces al CHUS, hasta que en junio de 2017 fue sometida a una tomografía axial computerizada (TAC) que detectó evidencias de nuevos tumores en el hígado y la pelvis "altamente sugestivas de enfermedad metastásica", según la sentencia. El Sergas volvió a analizar las muestras que había tomado más de un año antes y confirmó que el tumor era cancerígeno.

Sometida a nuevas pruebas, los médicos del Sergas diagnosticaron a la paciente un adenoarcinoma seroso de alto grado en estadío IIIC, la etapa número once de las trece que miden la gravedad e invasividad del cáncer de útero. En el MC Anderson Cancer Center de Madrid la elevaron al último peldaño de esa escala. La mujer murió ocho meses después.

Según los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, "ha quedado claramente demostrado el error" del Sergas, que permitió "que la enfermedad siguiera progresando sin el tratamiento adecuado, pasando de un estadio inicial IB (tumor limitado a uno o ambos ovarios, o tumores con cápsula intacta y sin afectación superficial de los ovarios y trompas y lavado negativo) hasta que en junio de 2017 se hallaba, al menos, en un estadio IIIC, que en octubre de 2017 ya fue informado como un estadio IV en el MC Anderson Cancer Center".

Otros precedentes

No es la primera vez que los tribunales condenan al Sergas por retrasos y errores diagnósticos que las asociaciones de pacientes achacan a los recortes y a la falta de recursos materiales y humanos que derivan en la muerte de pacientes o en lesiones o secuelas graves. Sólo en los últimos dieciséis meses, los mismos que se retrasó el diagnóstico de la mujer, los jueces han impuesto al servicio de salud de la Xunta siete condenas por negligencias similares, con indemnizaciones que superan los 650.000 euros.

En octubre del 2020, el TSXG condenó a la Xunta a pagar 168.000 euros a la pareja y los tres hijos de un hombre de 68 años a quien diagnosticaron un cáncer de vejiga con dos años y medio de retraso.

En abril del 2021, el mismo tribunal estableció una indemmización de 70.000 euros por el daño neurológico causado a una mujer por la anestesia epidural que recibió durante el parto de su hijo.

Apenas quince días después, en mayo, el TSXG ordenó indemnizar con 32.000 euros a la hija de otra mujer a la que se le diagnosticó "demasiado tarde" una perforación intestinal que le causó la muerte.

En julio, al Alto Tribunal gallego condenó al Sergas a pagar 100.000 euros a la familia de una mujer que falleció en el hospital de A Coruña por otro retraso en el diagnóstico de un cáncer de ovario.

En septiembre, el TSXG estableció otros 200.000 euros de indemnización a un lucense de 56 años que se quedó en silla de ruedas y con una discapacidad certificada del 75% por el retraso en la actuación del Sergas cuando sufrió un infarto cerebral.

En noviembre, el Tribunal Superior sentenció que el Sergas debía pagar 50.000 euros a la familia de una paciente de 44 años que murió de una oclusión intestinal en el Hospital Universisario Lucus Augusti de Lugo donde no lo trataron, según los jueces "con la celeridad y diligencia que el caso
requería".

También noviembre, un juez de Santiago ordenó indemnizar con 40.000 euros a un joven que perdió un testículo por un diagnóstico equivocado en el mismo hospital compostelano donde falleció la mujer a la que afecta la sentencia conocida ayer. 

La prima de Feijóo

El Hospital Clínico forma parte del Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza, cuya gerente es Eloína Núñez, vocal de la ejecutiva del PP gallego y prima carnal del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Núñez ha recibido críticas de sindicatos, oposición y asociaciones de defensa de la sanidad pública desde que accedió a la gerencia del área sanitaria de Santiago en el 2017 desde la del área sanitaria de Ourense, a la que había llegado pocas semanas después de que Feijóo se hiciera con el poder en el 2009.

El portavoz de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, Fernando Abraldes, recuerda que el área sanitaria que dirige Núñez cuenta con las peores listas de espera de toda Galicia, cuyos datos la Xunta ofrece con carácter semestral. Según el último indicador, más de 11.000 personas esperan en el área de Santiago por una prueba diagnóstica y cerca de 8.000, por una intervención quirúrgica.

En toda Galicia son 125.000 y 37.500, respectivamente. Y eso teniendo en cuenta que los datos de la Xunta no recogen las listas de espera no estructurales, que, según los expertos, duplican esas cifras.

"Cuando no se atiende a los pacientes a tiempo se les está negando su derecho a ser atendidos", lamenta Abraldes, quien recuerda que hay enfermos que llevan esperando un tratamiento o una intervención más de 180 días, que es el máximo permitido por la legislación aprobada por la Xunta, e incluso más de un año.

Público ha intentado obtener la versión del Sergas pero al cierre de este artículo aún no había obtenido respuesta 

El portavoz de la asociación explica además que los pacientes deban "recurrir a complejos procedimientos judiciales en los tribunales de lo contencioso-administrativo", en los que deben pagarse un abogado y un procurador, para conseguir que los atiendan. "Si para hacer efectivo un derecho tienes que acudir al juez, en la práctica eso significa que lo estás perdiendo", afirma. "Es como si al Sergas todavía no hubiera llegado el Estado de Derecho", concluye Abraldes.

Público ha intentado obtener la versión del Sergas sobre la sentencia de la mujer fallecida por el retraso en su diagnóstico, pero al cierre de este artículo aún no había obtenido respuesta.