Galicia Abanca sigue sumando beneficios entre protestas por el cierre de oficinas, el trato a sus clientes mayores y la discriminación de sus trabajadoras

La mayor entidad bancaria de Galicia, surgida de la privatización de las cajas de ahorro gallegas durante la crisis financiera, sigue dando beneficios millonarios a su nuevo propietario entre protestas por el cierre de oficinas, por la dejadez en la atención a los clientes de mayor edad y por la desigualdad en el trato a sus trabajadoras, que denuncian una enorme desigualdad salarial y de oportunidades.

Abanca es propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, que en el 2014 adquirió al Estado español la entidad resultante de la fallida fusión de Caixa Galicia y Caixanova, una operación impulsada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que acabó costando más de 8.000 millones de euros en inyecciones de capital y avales de dinero público.

Escotet pagó 1.003 millones por las cajas ya reflotadas, saneadas y convertidas en banco, pero no tuvo que poner ni un euro porque la adquisición estaba sujeta a los beneficios futuros, y éstos llegaron de inmediato: 330 millones después de impuestos en el 2015; 334 millones en el 2016; 367 en el 2017; 430 en el 2018... Así hasta sumar 2.346 millones en siete años, incluidos los 323 del ejercicio del 2021.

Desde la fusión de las cajas, y a pesar de ser el mayor banco de Galicia con cerca del 40% del mercado de depósitos, Abanca ha destruido cerca de 2.000 empleos y ha cerrado centenares de oficinas. El proceso se ha acelerado en los últimos años. Sólo entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021 se cerraron cincuenta de las 487 delegaciones que quedaban.

Los cierres afectan sobre todo a los barrios desfavorecidos de las ciudades y a las pequeñas localidades del interior, donde la Xunta ha incentivado la exclusión financiera subvencionando la sustitución de sucursales por cajeros automáticos. A pesar de sus millonarios beneficios, Escotet ha pedido esas ayudas y se ha llevado 3 millones del presupuesto del Gobierno gallego.

La líder de la oposición, Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, participó el pasado lunes en una protesta en la sede de Abanca en A Coruña para denunciar que la convivencia de la Xunta con el cierre de oficinas prima "la usura" sobre "los derechos de la ciudadanía", y advirtió de que las consecuencias afectan sobre todo a los clientes de mayor edad que no están habituados a las nuevas tecnologías, no tienen ordenador, Internet o teléfonos móviles inteligentes, o sencillamente no quieren manejar sus ahorros con ellos.

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, también se refirió a la exclusión financiera y alertó de que profundiza el vaciado de la Galicia interior. Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Puy, atribuyó los cierres a la "transformación del sector" bancario, y aseguró que las subvenciones de la Xunta pretenden "matizar" los "criterios de rentabilidad" que llevan a Abanca cerrar sucursales.

Escotet se ha defendido subrayando su "vocación de servicio y compromiso" con las personas mayores -Abanca tiene cerca de 560.000 clientes que superan los 65 años-, y ha anunciado que extenderá, sólo para ellos, el horario de atención en ventanilla hasta las dos de la tarde, lo que hasta ahora sólo ocurría el día de cobro de pensiones. También ha asegurado no cerrará más oficinas, aunque sólo en los municipios en los que Abanca sea la única entidad con sucursal.

El mismo día de la protesta contra los cierres, delegados y delegadas de la Confederación Intersindical Galega (CIG) se concentraron ante otra sede del banco para denunciar la discriminación laboral y los problemas de conciliación que aseguran padecen sus trabajadoras. Según Paula Mosquera, delegada del sindicato, el plan de igualdad que acaba de ser aprobado perpetúa una desigualdad "crónica" y profundiza "la discriminación salarial y profesional" de las mujeres.

Abanca responde que "en términos de brecha salarial" está por debajo de la legalmente establecida, y que el Plan de Igualdad, que la CIG no firmó, sí ha sido suscrito por otros cuatro sindicatos que suman "más del 90%" de la representación legal de los trabajadores.

Lo cierto es que el organigrama de la entidad refleja desigualdades evidentes. En el consejo de administración de Abanca hay ocho hombres y cinco mujeres, y en sus comisiones delegadas la mayoría masculina es abrumadora: seis a cero en la comisión de créditos, cuatro a dos en la de auditoría; cuatro a cero en la de nombramientos; tres a una en la de remuneraciones; cuatro a dos en la de riesgos... Más aún: entre los quince altos directivos del primer nivel de mando del banco sólo hay una mujer, la directora de recursos humanos.

"Nuestro techo de cristal está en la subdirección de sucursales", explica Paula Mosquera. "Pero según ha podido deducir la CIG con datos de elaboración propia, en esos puestos hay un 65% de mujeres, pero a medida que vas subiendo peldaños en la organización, el porcentaje se reduce: de los directores de sucursal sólo un 30% son mujeres, y de los directores de zona, sólo un 13%. En el segundo nivel de mando del banco, de setenta altos cargos sólo diez están ocupados por mujeres", señala.

Mosquera asegura que el plan de igualdad no contiene medidas concretas para paliar esa discriminación, ni tampoco la brecha salarial. "La dirección asegura que está en el 24%, es decir justo bajo el umbral del 25% que obligaría legalmente al banco a justificar la existencia de esa diferencia. Pero según nuestros datos  la brecha asciende a más del 50% cuando se trata de los conceptos retributivos variables", añade.

En cuanto a la conciliación, Abanca asegura que el plan pretende garantizarla, pero Mosquera afirma que solicitar flexibilidad horaria, adaptación de jornada o cualquier medida relacionada con la conciliación supone para las trabajadoras un riesgo cierto de quedar señaladas: "Te ponen una equis y tu carrera profesional se frustra". Ella dice que habla por experiencia: "Estuve dieciséis años como subdirectora de sucursal, y cuando me postulé para una promoción interna, lo primero que me preguntaron era cómo iba a poder asumir una tarea de mayor responsabilidad con las medidas de conciliación que había pedido para poder cuidar de mis hijos. No me dieron el puesto, claro".