La Fiscalía ve indicios de toxicidad en el vertido de pellets en Galicia
La Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General ha abierto diligencias de investigación.
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MADRID, Actualizado:
La Fiscalía de Medio Ambiente ha confirmado que los materiales del vertido de pellets que afecta a la costa gallega "presentan indicios de toxicidad". En su informe, la unidad especializada del Ministerio Fiscal confirma lo que habían alertado biólogos y expertos consultados por Público: las pequeñas bolitas blancas que han llegado a las playas de Galicia podrían tener una toxicidad elevada y duradera para el medio marino y podrían afectar a la salud humana.
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La Fiscalía ha abierto este lunes diligencias de investigación sobre el vertido después de que el pasado día 4 iniciara un expediente de seguimiento de la situación. En su decreto, el organismo alerta de que los pellets "no son biodegradables" y avisa de que han llegado ya a las costas de Portugal y Francia, según ha adelantado la Cadena Ser.
De acuerdo al citado medio, el fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, califica el caso de "especial trascendencia" por el daño medioambiental provocado y argumenta que los pellets "contribuyen" a la contaminación por microplásticos.
La Xunta de Galicia defiende que estos materiales son inocuos para la salud. Pero los expertos consultados por este diario advierten de que han encontrado restos y pruebas que demuestran lo contrario y recomiendan usar guantes y mascarillas para recogerlos.
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La Comisión Europea ha advertido de que "estas pequeñas partículas de plástico no se biodegradan y no pueden eliminarse" y "se acumulan en animales, incluidos los peces y los moluscos, y, por consiguiente, también son consumidos por los seres humanos en los alimentos", lo que habla de una posible toxicidad.
Según los colectivos ecologistas, los pellets llevan apareciendo progresivamente desde el 13 de diciembre, después de que el buque Toconao derramase varios contenedores frente a las costas de Portugal.
La velocidad de reacción de la Xunta ha desencadenado, además, un nuevo conflicto político y ambiental entre un Ejecutivo autonómico del PP y el Gobierno central.