"El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down". Este chiste, de evidente mal gusto, que el humorista David Suárez publicó en abril de 2019 su cuenta de Twitter le ha salido caro: la Fiscalía de Madrid pide ahora la apertura de juicio oral y una pena de prisión de un año y diez meses, además de una multa de más de 3.000 euros.

La Fiscalía considera que este chiste supone un "evidente desprecio hacia el colectivo de personas con síndrome de Down" y que su contenido es "humillante y vejatorio" para estas personas, tal como adelantó este pasado lunes El Independiente.

La Fiscalía acusa a David Suárez de un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510 2 a) y 3 del Código Penal. Dicho artículo castiga a quienes lesionen la dignidad mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito "por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad". 

El Ministerio Fiscal también reclama para Suárez cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre, así como la inhabilitación para el ejercicio de su ocupación en las redes sociales a lo largo del tiempo que dure la condena, según recogió el mencionado medio.

El humorista fue despedido de el programa Yu, No te pierdas Nada, en Cadena Ser. Suárez se defendió a través de un comunicado que su intención "nunca ha sido y nunca será la de herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a sus familiares".

En noviembre de 2019, el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid decidió el sobreseimiento de la causa al no ver indicios de delito por estar amparada la manifestación del humorista en la libertad de expresión. Pero la entidad sin ánimo de lucro denunciante Plena Inclusión Madrid recurrió la decisión en apelación ante la Audiencia Provincial y el Ministerio Público se adhirió a este recurso.