ZARAGOZA .- Ignacio Sánchez ayudó a morir a su madre enferma la segunda vez que ella se lo pidió. Ocurrió hace un año, la madrugada del 9 de abril de 2015, en el piso en el que ambos vivían con el esposo de la fallecida y padre del acusado, que el próximo martes se sentará en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza para hacer frente a una petición de nueve años de prisión por parte de la Fiscalía, que le imputa un delito de inducción al suicidio con resultado de muerte con la agravante de parentesco, por tratarse de su madre.

Ignacio, de 42 años, había vuelto a vivir con sus padres en su piso del barrio de Las Fuentes tras quedarse en paro unos meses antes. Su madre, Isabel Olaso, llevada una década sin salir de casa. No lo hizo cuando fue enterrado uno de sus hijos, señala en su escrito de acusación la Fiscalía, ni tampoco para ir al médico pese a sufrir “fuertes dolores óseos en la espalda” y una úlcera en una pierna “que le ocasionaba fuertes dolores y que ella misma se curaba”.

Isabel también padecía una patología mental “que le provocaba ideaciones persecutorias”, que le hacía creer que era “constantemente vigilada y perseguida” y que, al mismo tiempo, le llevaba a focalizar sus temores en los médicos, motivo por el que se negaba a ser atendida tanto en los centros sanitarios como en su casa, indica el escrito de conclusiones provisionales. Su familia, sobre la que ejercía “una fuerte influencia” que todavía era más acusada en el caso de Ignacio, coincidía en que pedir asistencia médica sin su consentimiento “hubiera constituido una deslealtad”.

“Por culpa de no estar legalizada en España, la eutanasia, he tenido que hacérmela yo”

Hacía tiempo que la idea del suicidio le rondaba la cabeza. Dos meses antes, Ignacio había logrado hacerla desistir cuando ella le pidió que la ayudara a morir. El 7 de abril del año pasado, narra la Fiscalía, Isabel le explicó a su hijo que había tomado “la irrevocable decisión de quitarse la vida” por “los intensos sufrimientos que decía padecer” y por el estado de la úlcera. Bebería alcohol, le dijo, antes de cubrir su cabeza con una bolsa de autocierre, y le pidió a su hijo “que le asistiese para que, si ella no podía culminar tal suicidio, lograse él la finalidad de quitarle la vida”.

Esa tarde, Isabel escribió la estremecedora nota que la Policía hallaría al día siguiente en su casa: “Por culpa de no estar legalizada en España, la eutanasia, he tenido que hacérmela yo ¡Qué triste y doloroso!” “No puedo aguantar más el dolor que me producen, las extrañas heridas que tengo en la pierna derecha”, añadía. “¡Ojalá los que me han hecho esto, lo pasen peor que yo!”, concluía.

De madrugada, tras acostarse su marido, bebió varios vasos de coñac mezclado con leche -no toleraba el alcohol- y se sentó en el sillón en el que solía dormir por sus dolores de espalda, narra la Fiscalía. Su hijo, añade, le asistió para que pudiera colocarse una bolsa en la cabeza “y ajustó el autocierre, notando cómo la respiración de su madre se iba haciendo cada vez más rápida y entrecortada”. Ignacio legó a sujetarle las manos cuando se las llevó hacia la cabeza y a colocarle una segunda bolsa, señala el escrito de acusación.

La autopsia sitúa la muerte entre las dos y las cuatro de la madrugada. Su hijo veló el cadáver toda la noche hasta que, ya por la mañana, avisó a su padre y alertó a la Policía. Pasó mes y medio en prisión preventiva.

Un tipo delictivo sin apenas antecedentes de jurisprudencia

Los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza deberán pronunciarse, de acuerdo con la ley, sobre un tipo delictivo del que apenas existe jurisprudencia y directamente vinculado con asuntos como el derecho a la muerte digna y la regulación de la eutanasia, que llevan años provocando intensos debates en los que se entremezclan ética, moral e ideología.

Tras el caso del gallego Ramón Sampedro y las tormentas desatadas acerca de algunos episodios de sedaciones bajo sospecha en centros sanitarios españoles, el Parlamento vasco reabrió el debate hace unos meses al reclamar la despenalización de la inducción al suicidio. Fuera de España el Tribunal Supremo de Canadá optaba por legalizar el suicidio bajo control médico hace poco más de un año, solo unos meses después de que la joven estadounidense Brittany Maynard, enferma terminal de cáncer, conmocionara al planeta al quitarse la vida con 29 años y tras haberlo anunciado públicamente. Científicos como Stephen Hawking se han pronunciado a favor de la eutanasia.

El Código Penal español castiga tres supuestos: inducir “al suicidio de otro” (de 4 a 8 años de cárcel), cooperar con “actos necesarios” (de 2 a 5) y llegar “hasta el punto de ejecutar la muerte” (de 6 a 10). No obstante, contempla rebajas de penas de hasta dos grados en los dos últimos supuestos cuando quien haya pedido el auxilio sufra “una enfermedad grave que conduzca necesariamente a su muerte”, o que le cause “graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”, y haya hecho al quien le asista una “petición expresa, seria e inequívoca”.