Violencia de género La Fiscalía ignora la condición de víctimas de violencia de género de Juana Rivas y sus hijos

Ni Juana Rivas permaneció oculta en paradero desconocido desde agosto de 2016, ni su huida de Italia con sus dos hijos menores se produjo "sin causa alguna que lo justificara", tal como afirma el escrito del fiscal Juan Miguel Ossorio Carmona y por el que pide para la madre de Maracena un "castigo ejemplar", tal como lo califican fuentes cercanas al caso. 

El escrito del fiscal -apenas dos folios y medio en que resumen todo el caso y al que ha tenido acceso Público-, no menciona en ningún momento la condición de víctimas de violencia de género de Juana y sus hijos. Tampoco hace referencia a los motivos por los que la madre de Maracena abandonó Italia, primero, y permaneció en paradero desconocido más tarde por un período de un mes entre finales de julio y finales de agosto de 2017, antes de entregar a sus hijos en el cuartel de la guardia civil. Tampoco recoge el escrito del fiscal los recursos que Juana Rivas presentó ante los tribunales ni las reiteradas peticiones para que se escuchara a sus hijos, especialmente el mayor, que contaba con once años y que había solicitado en una carta poder hablar ante la jueza del caso.

Sin embargo, el corto texto incurre en juicios de valor e ignora los antecedentes que rodean la historia de esta mujer, cuya expareja, Francesco Arcuri, había sido condenado por malos tratos en 2009 y contra el que Rivas había presentado una segunda denuncia por malos tratos habituales en julio de 2016, una vez en España. Denuncia que permaneció archivada en un cajón durante más de un año y que aún no existe constancia de que haya llegado al juzgado italiano que lleva el caso desde septiembre pasado.

En su relato de los hechos, el fiscal afirma que el "dia 18 de mayo de 2016 la acusada se desplazó con sus hijos desde Italia a Granada, trasladando a Francesco Acuri que el objeto del viaje era visitar a sus familiares para emprender el regreso a Italia una vez finalizado el encuentro. Arcuri no mostró aposición a ello, ajeno a la verdadera intención de la acusada, cual era la de ocultarse en Granada con sus hijos menores..." así como emplear "vías ajenas al procedimiento legalmente establecido para modificar el lugar de residencia sin causa alguna que lo justificara". 

El fiscal continúa su relato, afirmando que "el 2 de agosto de 2016 la acusada contactó con Arcuri, haciéndole saber su negativa regresar con los menores a Italia, permaneciendo desde entonces oculta con ellos en un lugar indeterminado...".
El fiscal, tal como ocurrió con la sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Granada de fecha 18 de abril de 2017, no realiza un relato ajustado a la verdad en sobre el caso de Rivas.

Cabe recordar que una queja firmada por cientos de organizaciones el pasado 4 de diciembre, exigía al Consejo General del Poder Judicial que tomara medidas disciplinarias contra los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada por lo que consideran una "falta absoluta y manifiesta de motivación de las resoluciones judiciales", por los graves errores y falta a la realidad de dicha sentencia, que incluye datos y fechas que no concuerdan con el de Juana Rivas y sus hijos y que hace referencia a una menor de cinco años, que nada tienen que ver con Rivas. 

"¿Tan poco les importo que ni siquiera saben mi vida?"

"¿Tan poco les importo que ni siquiera saben mi vida?", dicen fuentes cercanas a la madre de Maracena que exclamó cuando leyó el "burdo" corta y pega de aquella sentencia.

Para fuentes de la unidad de atención a la mujer de Maracena, el escrito del fiscal vuelve a "construir una realidad paralela, que poco tiene que ver con el caso de Juana Rivas. Ignorar su historia y el hecho de que si hizo lo que hizo fue para proteger a sus hijos contra la violencia de género, es faltar a la verdad, como lo es tergiversar hechos objetivos". Recuerdan que Juana Rivas y sus hijos tienen la condición de víctimas de violencia de género desde junio de 2016, fecha desde la que tanto ella como sus hijos reciben una atención integral que incluye apoyo psicológica, una renta activa de inserción y asesoramiento jurídico, entre otras prestaciones. Todas estas actuaciones incluidas en los protocolos de víctimas de violencia machista.

Dureza extrema de la fiscalía.

El escrito del fiscal es, además, tremendamente duro. Según manifestó su abogado, José Estanislao, este lunes en una entrevista en Antena3, la condena a dos sentencias por el mismo hecho. "Existe jurisprudencia de la audiencia de Pamplona, confirmada después por el Tribunal Supremo en un caso similar de dos niños, en el que la condena fue sólo por un delito. Porque el bien jurídico tutelado es el de los derechos y deberes familiares y se trata de un sólo delito, de un sólo bien. Es como si estuviéramos hablando de un impago de pensiones. Si se deja de pagar dos veces, no son dos delitos, sino uno".

"Este caso se ha instruido dejando absolutamente fuera todo lo relativo a la violencia de género" afirma Estannislao. "Es como si la violencia de género nunca hubiera existido. Como si no hubiera sido la causa por la que ella sale de la isla", concluye.