La Fiscalía archiva la denuncia por las cargas de la Policía en la huelga del metal de Cádiz y nueve detenciones ilegales

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado la denuncia presentada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) por una actuación desproporcionada de la policía y detenciones ilegales de manifestantes en la huelga de la industria metalúrgica gaditana, que tuvo paralizado el sector nueve días y de cuyo inicio se cumple este miércoles un año. La organización sindical pidió investigar el lanzamiento de 900 pelotas de goma en sólo dos días y de 800 disparos de salva en una mañana, y adjuntó partes de lesiones de varias personas a causa de un uso desmedido del material antidisturbios.

En el escrito de denuncia presentado el pasado mes de enero, la CTM detallaba lo que, a su juicio, constituyó una mala praxis policial durante la segunda semana de la huelga indefinida, concretamente los días 22, 23 y 24 de noviembre, jornadas en las que se produjeron fuertes enfrentamientos entre agentes de las fuerzas antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía y trabajadores del metal, antes de que los sindicatos CCOO y UGT y la patronal FEMCA firmasen el acuerdo que en la noche del 24 puso fin al largo conflicto.

En las dos primeras jornadas, de las más conflictivas de toda la huelga, las fuerzas antidisturbios, además de pelotas de goma y cartuchos de salva, lanzaron entre 50 y 60 botes de gas lacrimógeno cada día contra los trabajadores del metal, según se aseguraba en el escrito presentado ante la Fiscalía. Además, la denuncia incorporó vídeos de una tanqueta de la policía "arrasando" con todo lo que encontraba a su paso, contenedores, papeleras y otro mobiliario urbano, que a su vez impactaban en vehículos aparcados.

El uso de esa tanqueta contra los trabajadores y su recorrido por la localidad de San Fernando y el barrio obrero de Río San Pedro, en Puerto Real, fueron muy criticados por sindicatos, organizaciones vecinales y diferentes formaciones políticas, y llegó a ser, incluso, motivo de disputa dentro de la propia coalición del gobierno de la nación, cuando la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, trasladó su malestar al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Fiscalía, según la resolución firmada el pasado junio y a la que ha tenido acceso ahora Público, entiende que no se aporta en la denuncia ningún "elemento indiciario" con un supuesto "designio criminal" que hubiera inspirado la actuación policial contra los manifestantes y que determinase la apertura de una investigación judicial por parte del ministerio público. "El que durante momentos de conflictividad socio laboral como el vivido en Cádiz durante el mes de noviembre de 2021 se produzcan hechos como los mencionados en la denuncia no es nada inhabitual y no refleja tampoco la existencia de un diseño policial que entrañara tintes de tipicidad penal", se subraya en el decreto de archivo firmado por el fiscal jefe provincial de Cádiz, Ángel Núñez Sánchez, quien tomó posesión del cargo el pasado mes de mayo.

"Aumento progresivo" de la violencia

En la resolución de archivo, la Fiscalía da crédito al informe policial, en el que se alega que los hechos sucedidos entre los días 22 y 24 de noviembre "tienen como antesala un aumento progresivo, exponencial y un mantenimiento de la violencia contra los funcionarios policiales y bienes públicos y privados –del que se da cuenta exhaustiva en el oficio del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cádiz que consta en las actuaciones- enmarcados dentro del conflicto del metal que se extendió a prácticamente toda la Bahía".

En contra de los argumentos de la Coordinadora de Trabajadores del Metal sobre una actuación desproporcionada de los agentes antidisturbios, la Fiscalía da validez al informe policial, que sostiene que todas las medidas y actuaciones que se adoptaron aquellos días tenían como fin "evitar daños a las personas", ya fueran manifestantes seguidores de la huelga o no, para proteger la integridad física y la salud laboral de los policías, y para evitar "ataques infraestructuras críticas", como puentes, vías del tren y otros accesos a las localidades y zonas afectadas.

A juicio del ministerio público, la denuncia se presentó con una vocación prospectiva, a modo de "inquisitio generalis" de la actuación policial en la huelga del metal del pasado año. "Algo así –explica el decreto de archivo- como una especie de proceso sin objeto, como indica la sentencia del Tribunal Constitucional 228/2013, una indagación o causa general sobre la actuación y actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para, posteriormente, en virtud en su caso de lo averiguado, imputar hechos concretos". La Fiscalía recalca a continuación que la jurisprudencia y doctrina del Constitucional y el Supremo han dejado claro que "tal sistema de inquisición general está desterrado de nuestro derecho penal".

En su decreto de archivo, contra el que no cabe recurso, la Fiscalía de Cádiz también rechaza que hubiese alguna ilegalidad en la detención de nueve personas en el transcurso de las manifestaciones que recorrieron la ciudad de Cádiz y el barrio Río San Pedro de la vecina Puerto Real entre los días 22 y 24 de noviembre, y que, según la CTM, fueron totalmente discriminatorias, contrarias a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a las propias instrucciones internas de la policía.

El ministerio público señala que todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial y que compete, por tanto, al juez determinar la legalidad de la actuación policial en unos procedimientos en los que, además, la Fiscalía podrá analizar las circunstancias de la detención de cada uno de ellos.

Detenciones a las puertas de un colegio

El escrito de la CTM ante la Fiscalía denunciaba el modo en cómo se llevó a cabo la detención de cinco vecinos del barrio Río San Pedro el 16 de diciembre para llevarlos a declarar en comisaría bajo la imputación de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad durante las movilizaciones de la huelga del metal. Varias furgonetas se desplegaron por el barrio para detener a los investigados y una mujer aseguró que su marido había sido arrestado mientras llevaban al colegio a la hija, aunque luego la Jefatura Provincial de Policía hizo una llamativa precisión en un comunicado para afirmar que el hecho se había producido cuando el padre regresaba de haber dejado a la menor en el centro escolar.

La CTM considera que esas detenciones vulneraron el derecho a la intimidad de unas personas a las que, incluso, se llegó a esposar, cuando se podía haberles hecho una citación por correo para que fueran a declarar en el juzgado, tal como se hizo una semana después con otros dos investigados. "Lo único que pretendían era intentar criminalizar el movimiento y señalar a los detenidos", afirmó entonces a este periódico el abogado de la Coordinadora, Pedro Castilla.

Esta organización sindical ha recibido el archivo de su denuncia con "bastante preocupación, desazón, desilusión y cierta indignación". Pedro Castilla admite que cuando presentaron el escrito de denuncia para que se investigara lo sucedido durante la huelga del metal tenían esperanza de que la Fiscalía mostrara "cierta empatía" con el malestar social tan relevante que se manifestó durante aquellos días por una actuación policial que se entendió como "desproporcionada y abusiva".

"Quebranta el principio de igualdad"

El decreto de archivo se basa de forma exclusiva, a juicio del abogado, en un informe policial redactado al efecto, sin haber indagado nada sobre las alegaciones interpuestas por la CTM, acreditadas, a su entender, con la aportación de suficientes pruebas y documentación. "Por esa razón, consideramos que esta actuación de la Fiscalía quebranta el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Constitución, según el cual las partes deben acudir en un plano total de equidad para la práctica de la prueba y el despliegue de sus alegaciones. Aquí no se ha producido eso, porque se ha dado más importancia, relevancia, o han predominado las alegaciones de una parte, en este caso el informe policial", explica el letrado de la CTM.

Castilla, pese al archivo, sigue manteniendo que hubo una actuación policial desproporcionada. Por un lado, dice, porque la intervención de los agentes se llevó a cabo sin cumplir los principios de proporcionalidad, equidad y oportunidad recogidos en el artículo 12 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y por otro, porque no era quizás la medida más oportuna, ya que había otros medios alternativos que podrían haber evitado el conflicto en las calles.

"Un despliegue policial como el que se dio aquellos días en un barrio, a la hora de entrada en los colegios y en el trabajo, sólo acrecienta los enfrentamientos y el conflicto social. Había a su disposición otros medios más tendentes a la conciliación, a la mediación, a rebajar la tensión, pero se optó por el despliegue de herramientas muy excepcionales en un barrio obrero, como el uso de una tanqueta. Y todo eso lo que hizo fue echar más gasolina al fuego", explica el abogado de la CTM.

Respecto a las detenciones de manifestantes, Castilla entiende que la vía adecuada hubiera sido una citación judicial notificada en sus domicilios, tal como se hizo con algunos de ellos. En su opinión, no se cumplía ninguno de los requisitos para que se practicase una detención previa a la declaración en el juzgado: estar en situación de rebeldía o haber indicios de fuga. "¿Por qué a unos se les detiene a las puertas de un centro escolar tras dejar a sus hijos o de su casa y a otros se les cita judicialmente?", se pregunta el abogado.

"No ha habido interés en aclarar nada"

El representante de la CTM está también totalmente en desacuerdo con el argumento de la Fiscalía sobre un intento de inquisitio generalis de la actuación de la policía durante toda la huelga del metal. "Nosotros hicimos una relación taxativa de hechos acaecidos en tres días concretos, con una relación de personas implicadas y hechos concretos, datándolo todo. Y no hicimos una alusión general a toda la huelga general, que duró más de dos semanas. Aportamos vídeos, imágenes de las cargas, solicitamos testifical, pero no se ha hecho nada. Aquí no ha habido interés en aclarar nada", asegura Pedro Castilla.

La denuncia de la Coordinadora de los Trabajadores del Metal incluía partes de lesiones de varias personas que sufrieron heridas a consecuencia de las cargas policiales y el uso de material antidisturbios, una de las cuales, además, tuvo que darse de baja en el trabajo por un fuerte hematoma originado por el impacto de una bala de goma. Igualmente, incorporaban partes de daños en vehículos estacionados, que, presuntamente, fueron ocasionados por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

El pasado enero, prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número de 2 de Puerto Real ocho personas por los incidentes de la huelga de noviembre, cuya defensa solicitó el archivo de las diligencias, entre otros motivos, porque los incidentes se habían producido en el marco de un conflicto laboral que, a nivel provincial, reclamaba una subida salarial y acabar con la alta precariedad y temporalidad del sector. Días después de esa declaración, hubo manifestaciones en varias ciudades españolas en solidaridad con los trabajadores del metal de Cádiz y contra la represión, protestas que fueron convocadas por un gran número de entidades sindicales, políticas y sociales de diferentes partes del estado.

La formación Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, anunció en marzo la presentación de otra denuncia ante la Fiscalía por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado durante la huelga del metal, en concreto por la falta de identificación de los agentes antidisturbios que intervinieron en un "forcejeo" con unos vecinos de la capital gaditana que participaban en una manifestación.

La decisión de recurrir a la Fiscalía fue motivada, según Adelante Andalucía, por la respuesta que dio el Gobierno a una pregunta por escrito de su senadora Pilar González, en la que el ejecutivo negaba cualquier irregularidad en la actuación policial, en contra de la evidencia de lo que está documentado en vídeos y fotografías de la intervención de las fuerzas antidisturbios que había recopilado esa formación política.