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Un 'fiscal' nombrado por el obispo de Cádiz pide cesar al canónigo que denunció los despidos y desahucios en la diócesis

La demanda penal admitida por el Tribunal Eclesiástico exige suprimir todas las noticias compartidas por el presbítero en sus redes sociales, entre ellas siete informaciones de Público sobre la gestión “neoliberal” de monseñor Zornoza Boy

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El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy (c), celebra una misa en la Iglesia de Santo Domingo de la capital gaditana. — Diócesis de Cádiz y Ceuta

sevilla,

La batalla entre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, y el canónigo Rafael Vez, principal oponente a su gestión con una veintena de despidos de trabajadores y varios desahucios, ha llegado al punto más álgido.

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El Promotor de Justicia, lo que vendría a ser el fiscal en la justicia civil, nombrado por decreto del mismo obispo para este caso, ha pedido al Tribunal Eclesiástico que condene a Vez por delitos contra la Ley Divina y le retire su oficio de canónigo de la Catedral gaditana, suspenda su ejercicio de sacerdote y le obligue a eliminar todos los comentarios y noticias que ha publicado o compartido en sus redes sociales contra Zornoza Boy, entre ellas siete informaciones de Público.

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La demanda penal del Promotor de Justicia, que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Eclesiástico de Cádiz, va dirigida contra la línea de flotación de una amplia corriente de oposición al obispo Zornoza Boy: su cabeza más visible, el único clérigo que ha manifestado públicamente lo que otros compañeros no se atrevían a decir y que ha sido la voz dentro de la Iglesia de un movimiento formado fundamentalmente por agrupaciones cristianas de base que denuncian una gestión "neoliberal" del prelado, jalonada de despidos, desahucios de viviendas y locales y cierre de centros de emergencia social en la provincia con la mayor tasa de paro de España.

Zornoza Boy, que llegó a Cádiz en 2011 procedente de Getafe, donde ejercía como obispo auxiliar en los tiempos que el ultraconservador Antonio María Rouco Varela presidía la Conferencia Episcopal, firmó un decreto para nombrar Promotor de la Justicia ad casum a un sacerdote y licenciado en Derecho de la provincia de Córdoba, Rafael Rabasco, que es el que ha redactado la demanda penal contra Rafael Vez, una acusación de 107 páginas, buena parte de las cuales las ocupan las referencias de las publicaciones y noticias compartidas por el canónigo y expárroco de Conil de la Frontera en su muro de Facebook, y que han sido incluidas como prueba documental.

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"Desde tiempo atrás, y especialmente a lo largo de 2019, vienen divulgándose informaciones a través de diferentes medios de comunicación digital con repercusión provincial, nacional e internacional y que señalan como autor de algunas y difusor de otras al reverendo Rafael Vez Palomino, Presbítero de esta Diócesis de Cádiz y Ceuta, por medio de sus comentarios, opiniones, declaraciones y cartas abiertas que atentan contra la buena fe y dignidad del obispo, algunos de sus colaboradores en la curia y a la propia Diócesis, al criticar y enjuiciar públicamente con dureza determinadas actuaciones en el gobierno de la Diócesis, mostrando su oposición y desacuerdo considerándolas injustas e inmorales, causando con ello inquietud, malestar, oposición y sospechas que inducen y causan grave escándalo entre los fieles", afirma el Promotor de Justicia en lo que considera los Hechos de la demanda penal.

En la demanda se hace igualmente una somera descripción de las concentraciones que se llevaron a cabo semanalmente durante los pasados meses de verano delante de la parroquia de Santa Catalina de Conil, en solidaridad con Rafael Vez tras haber sido cesado por el obispo como párroco de ese templo.

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El Promotor de Justicia detalla una de ellas así: "Repique general de las campanas durante cuatro minutos. Aparecen congregados a las puertas de la parroquia un grupo de feligreses y ciudadanos, algunos de ellos con carteles y pancartas que dicen: Cáritas Conil se siente indignado por las decisiones del Sr. Obispo(…) Que el obispo mire con la mirada de Jesús. Se oyen gritos de ¡Rafael somos todos!…” Y a continuación menciona parte de la intervención de Nicolás Fernández, presidente del Consejo Local de Hermandades de Conil, uno de los más destacados defensores de Rafael Vez, y la de "una catequista llamada Toñi".

Con todo eso, Rafael Rabasco concluye que el canónigo maestro de ceremonias de la Catedral de Cádiz ha cometido delitos contra el quinto y el octavo mandamiento de la Ley Divina (respeto a la dignidad de las personas y no decir falsos testimonios ni mentir) y contra la Ley Canónica (crimen de falsedad, desobediencia contra la autoridad eclesiástica y suscitar odio y aversión en los súbditos contra el Ordinario).

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A preguntas de este periódico, el Obispado se ha negado a hacer cualquier tipo de declaración sobre este procedimiento judicial.

Recusación del Promotor de Justicia y del Tribunal

Por su parte, la defensa de Rafael Vez ha recurrido a Rabasco como Promotor de Justicia, ya que considera que no es parcial al haber actuado de parte en este caso cuando se presentó en nombre del obispo en un acto de conciliación que no llegó a fructificar, tal como se recoge en la propia demanda del acusador.

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Además, la defensa del presbítero ha recusado al Tribunal Eclesiástico de Cádiz porque dice que sus componentes han sido nombrados por la propia persona que se considera ultrajada en la demanda penal, el obispo, y pide que el procedimiento se traslade al Tribunal Metropolitano de la Archidiócesis de Sevilla, a la que pertenece la diócesis de Cádiz y Ceuta, o directamente al de la Rota de Madrid.

Otro aspecto del procedimiento que denuncia la defensa del canónigo es la falta de un decreto firmado previamente a la presentación de la demanda penal en el que se hubiese pormenorizado la investigación realizada y se hubiese leído su contenido ante el investigado antes de proceder a su acusación formal para llevarlo a juicio, tal como se hace al concluir una fase de instrucción de una causa en los juzgados ordinarios.

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Pero hay más. Según el letrado, el propio Rafael Vez presentó el pasado mes de septiembre una demanda penal ante el Papa Francisco contra monseñor Zornoza Boy por las supuestas irregularidades cometidas en la persona del canónigo y expárroco de Conil, entre ellas que en julio hubiese anunciado en la web del Obispado que se iba a abrir un proceso penal contra él, lo cual contravendría el principio de discreción del Derecho Canónico para no dañar la buena fama de la persona afectada.

Al final de ese comunicado informativo en la web del Obispado, se proclama: "En todos los acontecimientos, aún en los más dolorosos y lamentables, la Iglesia siempre anuncia y ofrece la misericordia de Dios y está abierta al perdón para quien se arrepiente. Por ello, hemos de intensificar todos, sacerdotes y laicos, la oración ante el Señor para que se resuelva definitivamente esta penosa situación evitando mayores escándalos y daños a la comunión eclesial".

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“Persecución”, denuncia la comunidad cristiana de base

La comunidad cristiana de base de Cádiz ha salido también en defensa del canónigo, quien, a su entender, está siendo víctima de una "persecución" por su labor de oposición pública y frontal a la gestión del obispo Zornoza.

El Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de Cádiz ha emitido un comunicado en el que subraya que las críticas de Rafael Vez son también compartidas "por muchísimos en la diócesis" y exigen al prelado que retire todos los procedimientos judiciales, que "son actitudes más propias –dicen- de un empresario autoritario que de un pastor seguidor de Jesús".

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"Quieren matar al mensajero, porque esta causa no es sólo de un sacerdote, sino de un movimiento popular que está formado por laicos y seglares", manifestó a Público Francisco González, uno de los portavoces de ese movimiento.

El comunicado del Grupo Cristiano recuerda que el pasado mes de septiembre enviaron a la Santa Sede, al Nuncio del Papa en España y al presidente de la Conferencia Episcopal un documento firmado por más de 300 personas, entre ellas teólogos y representantes de diversos colectivos de base de todo el país, en el que detallan los resultados de la gestión de monseñor Zornoza Boy: sentencias de los juzgados que han estimado como improcedentes varios despidos de empleados de la diócesis, cierre de centros de emergencia social como el único que acogía a migrantes en la comarca del Campo de Gibraltar y órdenes de desahucio como el de un matrimonio septuagenario que habitaba desde hace más de cuarenta años una vivienda en el interior de un convento de San Fernando.

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El Obispado de Cádiz y Ceuta perdió el pasado mes de septiembre otro pleito importante en el Tribunal Metropolitano de la Archidiócesis de Sevilla, que dictó una sentencia contra la que cabe recurso y que dio la razón a la Orden de los Carmelitas, a la que monseñor Zornoza Boy reclamaba la titularidad de dos edificios históricos en la capital gaditana.

En esta larga batalla también han intervenido personas alejadas del mundo eclesiástico y cristiano, como el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, de Izquierda Unida, quien, tras la destitución de Rafael Vez como párroco, publicó un bando municipal para apoyar la labor del presbítero, pese a declararse "no creyente".

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"Como alcalde he podido contar con él, y como ciudadano le estoy muy agradecido. Rafael se ha preocupado por la dignificación del trabajo (puede que una de las causas de la actual situación), se ha preocupado por la formación de colectivos vulnerables para que ello les permita acceder a un puesto de trabajo, prueba ello de su concepto de desarrollo humano que no se cansa de instigar desde su labor. Representa sin duda la iglesia del pueblo, no frente al pueblo. La sensibilidad de la gente, frente a la estructura y rigidez de la Institución", concluía el mandatario municipal.

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