El fiscal general pide regular el anonimato en redes ya que favorece a la violencia contra las mujeres

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha propuesto este miércoles en el Congreso perseguir el anonimato en las redes sociales ya que estos perfiles favorecen la violencia contra las mujeres, al asegurar que se trata de hombres que se refugian en cuentas anónimas para así poder acosarlas en Internet. 

Esta es una de las líneas de actuación que ha expuesto Sánchez Melgar ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha presentado la memoria anual de la Fiscalía General de 2015 y 2016 y ha solicitado "tipificar las conductas que se amparan en el anonimato en las redes sociales que favorecen la violencia contra la mujer". 

Las declaraciones de Sánchez Melgar se producen en un contexto de debate social sobre el auge de los delitos de odio, el anonimato en las redes sociales y apenas unas semanas después de que un hombre de 22 años fuera condenado a dos años y medio de  prisión por el Tribunal Supremo por cinco tuits en los que llamaba a los hombres a continuar ejerciendo violencia contra las mujeres por un delito de odio de género. 

Así, Sánchez Melgar ha justificado su propuesta señalando que en el último año murieron 52 mujeres y que 28 menores se quedaron huérfanos, un "macabro computo" que determina la necesidad de, según el fiscal general, castigar los comentarios en redes vejatorios y amenazantes contra la mujer.

Sin embargo, diversos juristas reflexionaron en Público a raíz de la mencionada condena sobre el peligro que supone una excesiva hiperregulación de las redes sociales y de la posibilidad de que con el legítimo objetivo de acabar con la misoginia y el machismo en las redes se acabe limitando la libertad de expresión en redes. Yolanda Quintana, portavoz de la PDLI, advertía sobre el peligro de que fórmulas legales que permitan perseguir la misoginia en redes terminen siendo usadas para "la criminalización de la libertad de expresión". Quintana advertía en el citado artículo de que hay "momentos sensibles, con casos concretos", que permiten a las autoridades "vender un discurso que favorece las reformas legislativas que criminalizan aún más la libertad de expresión".

Aumento de los delitos de odio y nueva circular

Sánchez Melgar ha anunciado que durante 2016 se abrieron 230 procesos judiciales por delitos de odio y que hubo 29 sentencias judiciales, aunque el fiscal general ya ha vaticinado que esos datos aumentarán en los próximos años debido a la reforma legal que el Partido Popular realizó en 2015 y que está permitiendo perseguir, al menos judicialmente, tanto a los tuiteros machistas y misóginos como a un mecánico que se negó a atender en su negocio a un agente de Policía como protesta por la violencia policial del 1 de octubre. 

Asimismo, el fiscal también ha anunciado que enviará una circular a los fiscales para asegurar una unidad de actuación especialmente contra "los comportamientos que incitan a la violencia". 

La figura de los delitos de odio, de hecho, fue modificada en el Código Penal por el Partido Popular en 2015 ampliando los tipos delictivos y las penas. De hecho, es el mismo artículo del Código Penal el que ha permitido la sentencia contra un tuitero machista, pero también las denuncias de Interior y Fiscalía contra ciudadanos que pidieron la salida de Catalunya de agentes de la Policía tras los ataques del 1-O o contra un mecánico que no quiso atender a un agente por el mismo motivos. 

Anonimato en redes

Asimismo, las declaraciones de Sánchez Melgar recuerdan también a las que realizó hace escasos meses Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular. Hernando señaló que su partido plantearía al resto de grupos del Congreso la necesidad de estudiar cambios en la actual legislación para acabar con las cuentas o perfiles anónimos en las redes sociales "para combatir situaciones de amenaza y acoso".