La población en el 63,2% de los municipios españoles ha disminuido entre 2001 y 2018. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el futuro parece igual de negativo con unos pronósticos de pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031.

Castilla y León encabeza la lista de comunidades donde el abandono de población supone un grave problema: casi un 88% de los municipios tenía en 2018 menos habitantes que los que se registraban en 1998. Le siguen las comunidades de Asturias, Extremadura y Aragón.

"Los jóvenes no encuentran trabajo en estas zonas rurales y cuando lo encuentran es precario", declara Antonio Pérez Díaz, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Extremadura.

Además, destaca que esto es aún más notable entre mujeres que no tienen estabilidad y se marchan con sus titulaciones a las grandes ciudades o al extranjero, lo que dificulta que se den nacimientos en zonas despobladas.
Este éxodo rural se relaciona directamente con el cierre de tiendas, hostelería, colegios y servicios de atención médica.

Uno de los sectores que más azotados se han visto por la situación son las farmacias, que, como el resto de negocios, vertebran la vida de las zonas despobladas. Mientras que el sector se consolida año tras año como una de las actividades más importantes de la economía española, hay 4.500 farmacias rurales pasando por una situación complicada y enfrentándose a unas cifras que cada vez están más lejos de ser rentables. En total, el 2018 cerró con 280 farmacias con viabilidad económica comprometida (VEC), que a pesar de recibir la aplicación gradual de un índice corrector a su facturación, no se acercan a la facturación de las farmacias situadas en ciudades más habitadas.

Sin embargo, hay otras farmacias rurales que no llegan a ser VEC y cuya situación es igual de preocupante. El 92,6% de estas boticas están situadas fuera de capitales de provincia, especialmente en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Andalucía.

Esta situación es bidireccional: el despoblamiento empuja el cierre de las farmacias y esta clausura supone otro motivo más para abandonar estos municipios. En pueblos con tan pocos habitantes, las boticas son en muchas ocasiones el único referente sanitario en varios kilómetros. La desaparición de un negocio tan necesario en localidades pequeñas y con poblaciones envejecidas puede ser un impulso extra para que la población siga migrando a núcleos urbanos.

"Cuando cierre la farmacia rural, la despoblación de ahora nos parecerá mínima"

"Eso será una desgracia. Cuando cierre la farmacia rural, la despoblación de ahora nos parecerá mínima. Las personas mayores que no tienen capacidad para desplazarse, al quedarse sin la prestación farmacéutica y sin poder conseguir sus medicamentos, lógicamente se marchará de los pueblos", señala Joaquín Espolita, presidente de SEFAR (Sociedad Española de Farmacia Rural) y farmacéutico de Cabrillanes (León), una población de 775 habitantes.

Desde SEFAR se solicita al sector farmacéutico que se establezca un fondo de compensación capaz de garantizar el modelo farmacéutico actual. Reclaman a las administraciones que remuneren las guardias y se les den más funciones y reconocimiento a los farmacéuticos rurales. Afirman que seguir con el sistema actual llevará al cierre de la mayor parte de estas farmacias rurales.

"Creemos que somos la última generación de farmacias rurales; nadie nos va a venir a sustituir”, sentencia Espolita. Añade, además, que se deben tomar medidas válidas para todos y no las que se están llevando a cabo para solventar el cierre: "El sistema del botiquín es un parche, una medida extraordinaria por la que un farmacéutico de un pueblo cercano dispensa los medicamentos en municipios donde ya no existe farmacia. Sin embargo, el botiquín no asegura la prestación farmacéutica, no es una solución global".

El presidente de SEFAR conoce muy bien ambas caras del trabajo de farmacéutico rural. En su botica de Cabrillanes dispensa medicamentos, explica los informes médicos y es un apoyo para la población de un pueblo envejecido. Afirma que el cierre de estas farmacias irá a más: "En pueblos de mil habitantes, la facturación anda siempre en unos 300.000 euros o por debajo. Al farmacéutico le quedan unos 18.000 al año en el mejor de los casos. Teniendo en cuenta que no tienes vacaciones y que no puedes tener una baja, este es un negocio que no es viable".

El interior de la botica de Estrella. SANDRA BOYERO

Farmacéutica y psicóloga

Estrella María Carmona González es farmacéutica de Valverde de Burguillos (Badajoz) desde 1990. Ese año el pueblo contaba con el doble de habitantes que ahora, que tiene 281 según datos del INE. Tras treinta años al frente de esta farmacia rural, afirma conocer a sus clientes y cuidarlos. “Yo creo que aprecian mi labor como persona y profesional”.

Sabe que cuando estos clientes cruzan su puerta no solo buscan que le dispensen sus medicinas. Destaca la importancia del consejo farmacéutico y sonríe al afirmar que lo bueno de su trabajo es que su labor supera lo estrictamente farmacéutico: "Yo aquí tengo tiempo para atenderlos, para escucharlos un ratito, algunas veces son personas mayores que no tienen con quién hablar porque viven solos. Intento estar en ese tipo de circunstancias".

El trato con sus clientes es cercano y cálido. Durante la mañana de un martes normal recibe a unos diez vecinos. "Yo conozco a todos mis clientes, como un pastorcito con sus ovejas. Estoy al tanto de los cambios de tratamiento, intento controlar que no se lo salten, estar atenta a todo. Y ellos saben que siempre es así", explica. La parte más tediosa de su trabajo es sin duda la conciliación y los horarios de las guardias, pese a que "han mejorado mucho con el tiempo".

En una profesión donde el 71,6% de los colegiados son mujeres, la conciliación de la vida laboral y la familiar se complica en boticas rurales donde no pueden permitirse varios empleados con los que rotar: "Yo no tuve baja de maternidad. En cuanto se curaron los puntos me vine a trabajar y mientras tanto lo hacía desde casa. En esa época tenía que facturar manualmente y no podía dejar de hacerlo". En la actualidad se ha acogido a algunas medidas para estar exenta de guardias nocturnas y de fines de semana, pero durante años estaba los 365 días de guardia: "Era inhumano y una forma de perder dinero", declara.

"Sería un desastre que en nuestro pueblo la farmacia cerrase"

Con la bajada de la población, el número de ventas también se ha reducido, y por tanto la facturación es mucho menor. Lamenta que las ayudas son inexistentes y que las medidas no deberían ser iguales para todas las farmacias. Con ella coincide Carlos Delgado Méndez, alcalde de Valverde de Burguillos: "En ese aspecto deberíamos tener cierta discriminación positiva en los pueblos tan pequeños. No es lo mismo el cierre de una farmacia en una ciudad que el cierre en un pueblo de menos de 300 habitantes. Aquí esto sería un desastre. Que la farmacia cerrase podría suponer que algunas personas barajaran marcharse del pueblo", declara.

El alcalde afirma que la botica de Estrella es el centro neurálgico, un lugar clave para el paso de vecinos y muy necesario para el buen funcionamiento del municipio: "Es un servicio fundamental, no solo por la prestación farmacéutica, sino porque acaba haciendo de psicóloga y escuchando a todo el mundo".

Pérez Díaz ejemplifica este descenso de población con las negativas cifras de Extremadura, donde a fecha de 1 de enero de 2019 residían fuera de la comunidad 541.770 personas nacidas en ella. Estos datos ofrecen una idea global de la escasa capacidad de los territorios regionales para fijar a la población. "No en vano, nuestra población actual [1.066.998 habitantes] es prácticamente la misma que en la Extremadura de 1925, hace 95 años, y no ha dejado de descender nuevamente desde 2013, a un ritmo de entre 6.000 y 7.000 personas al año", expone Pérez Diaz.

Para frenar este declive es necesario poner en marcha unas políticas de empleo que animen a los jóvenes a quedarse y no emigrar. Esto debe ir acompañado de medidas que faciliten e impulsen el emprendimiento y el autoempleo. Además, es necesario facilitar el acceso de las parejas jóvenes a la vivienda y favorecer la conciliación laboral y familiar. Todas esto es de suma importancia para poner fin a la elevada inseguridad y precariedad laboral a la que están sometidos los jóvenes.

Pérez Díaz destaca que esta situación no es algo actual, aunque ahora sí sea un tema que aparezca en las agendas políticas, y sentencia: "La población rural tiene el mismo derecho que la urbana a disfrutar de los servicios básicos en educación, cultura, sanidad, etc. Hay que evitar que se cierren escuelas, oficinas bancarias, o farmacias, entre otras cosas".