Familias del instituto de Zaragoza en el que da clases un profesor condenado por maltrato protestan para cambiar la ley
El detonante de esta concentración es la situación de Luis Antonio Irzo Bueno, condenado por maltrato continuado hacia su exmujer y sus tres hijos, que sigue ejerciendo legalmente la docencia.
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madrid,
Madres y padres del IES Goya de Zaragoza han convocado este lunes, 18 de noviembre, a las 14.00 horas, una concentración frente a las puertas del instituto, con el objetivo de reclamar una reforma de la ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Denuncian que la normativa actual, aunque exige un certificado negativo de delitos sexuales para trabajar con menores, no contempla la inhabilitación por otros delitos de violencia, como el maltrato o la violencia machista.
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El detonante de esta movilización es la situación de un profesor en el propio instituto, condenado por maltrato continuado hacia su exmujer y sus tres hijos, que sigue ejerciendo legalmente la docencia. Un contexto que ya movilizó a las alumnas del IES Goya el pasado mes de octubre, quienes protagonizaron una sentada en rechazo a la continuidad de este docente.
La figura en cuestión, Luis Antonio Irzo Bueno, exconcejal del Partido Popular de Huesca, condenado en 2019 a siete años de prisión por violencia machista, aunque evitó entrar en la cárcel gracias a una sentencia dividida en penas inferiores a dos años. El relato de Paloma Delgado, su exesposa, no dejó a nadie indiferente. Durante una entrevista con Público, así como en varios reportajes, Delgado habló de los infernales años que sufrió junto a los tres menores bajo las agresiones y vejaciones de su entonces marido.
La ley actual, aprobada en 2021, no impide que personas condenadas por otras violencias, como la violencia de género, que no sean de índole sexual trabajen con menores. Esto ha generado una gran indignación, ya que no solo afecta al entorno educativo, sino también a otros sectores donde existe contacto habitual con niños y adolescentes.
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"No es solo un problema de legalidad, sino de ética", señalaba una madre del centro en declaraciones para Público hace unas semanas. Las familias consideran que mantener en las aulas a una persona con antecedentes tan graves de violencia supone normalizar el maltrato y enviar un mensaje contradictorio a los menores. La protesta busca presionar al Gobierno para que se amplíe la normativa y se prohíba el acceso laboral a menores a cualquier persona condenada por delitos violentos.
Es más, el blog Docentes Decentes en las Aulas ha lanzado una recogida de firmas para llevar esta reivindicación al Congreso.