"No hay médicos en España. No nos podemos engañar, porque no hay oferta educativa. Necesitamos un plan a cinco o seis años. Tenemos que incentivar que médicos vengan a España", decía la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso tras su reunión con Pedro Sánchez para abordar el desastre de la gestión de la pandemia en Madrid.

La excusa de Ayuso ante el país por la falta de medios para contener el virus ha enfadado a profesionales y sindicatos, que puntualizan que, más que en España, donde realmente faltan médicos es en Madrid, la segunda comunidad con menor gasto en sanidad por habitante, con una de las peores condiciones laborales y salariales para para los profesionales y una elevadísima tasa de temporalidad.

"Madrid contrata por tres meses mientras otras comunidades contratan por tres años y por hasta 6.000 euros más al año", ha denunciado CCOO, una situación que empuja a los profesionales hacia otras regiones o, directamente, a otros países.

Mientras Ayuso hablaba, María José Delgado cumplía tres años sin pasar consulta a ningún paciente. A ella no la incentivó nadie a venir a España para ejercer su especialidad, la pediatría, sino que abandonó Venezuela en 2017 debido a la difícil situación económica, política y social que atraviesa el país caribeño. Era y es imposible encontrar un incentivo en una Ley de Extranjería que la ha condenado a vivir como una migrante irregular durante los tres últimos años.

"Llegué a España en septiembre de 2017 y en todo este tiempo he tenido que trabajar en negro, sin cotizar a la Seguridad Social, para sobrevivir y ayudar a mi familia en Venezuela", lamenta esta doctora de 35 años que actualmente reside en Calpe, Alicante. "No sé si es verdad, pero mientras se dice que hacen falta médicos en España, yo he pasado tres años haciendo de todo: limpiar casas, cuidar a niños, a abuelos… Ha sido muy duro que la ley me haya obligado a ser irregular, a no tener papeles", describe Delgado, que pensó que la emergencia sanitaria del coronavirus facilitaría "por pura necesidad" la incorporación de especialistas extranjeros.

A diferencia de los más de 40.000 compatriotas que han solicitado protección internacional en España en los últimos cinco años, ella no pudo recurrir a esta vía, la única que actualmente permite la estancia regular en el país hasta que se aprueba o deniega la solicitud de asilo. El reglamento europeo de Dublín sobre asilo y refugio establece que solo se puede solicitar protección internacional en el país de entrada a la UE. Ella aterrizó en Francia.

El arraigo social como única y lenta vía

No podía pedir la residencia mediante una visa de estudios porque ya era licenciada, tampoco por arraigo familiar, ya que su marido también es venezolano y no tiene más parientes aquí. La única forma de conseguir los permisos de residencia y trabajo que le quedaba era solicitar arraigo social, pero eso implicaba una estancia de tres años en el país y un contrato de trabajo de un año como mínimo, a jornada completa.

"Busqué y busqué, fui a muchas entrevistas, pero todos los empleos eran para pocos meses y me decían que, sin papeles, no podían contratarme", recuerda. Aunque se siente afortunada. Este martes ha conseguido un contrato de un año en el hospital público de Coria (Cáceres) que le servirá para obtener su ansiado permiso de residencia, "cuando Extranjería decida tramitarlo, pueden ser semanas o meses", apunta.

150 médicos en situación irregular y más de mil sin ejercer

El viaje de Delgado por la irregularidad administrativa no es un caso extraño. Según la Asociación de Médicos Venezolanos en España (AMEVESP), actualmente hay alrededor de 5.000 doctores venezolanos en el país, de los que tan solo la mitad está ejerciendo su profesión, ya sea en centros públicos o privados. "La dificultad para lograr un estatus migratorio es un obstáculo importante", explica Giovani Provenza, vicepresidente de la AMEVESP, que apunta que, de sus 2.646 miembros registrados, hay 148 "condenados a la irregularidad migratoria, sobre todo por rechazo a su petición de asilo."

Pero no es el único factor que impide al país contratar a médicos extracomunitarios en plena segunda ola de la covid-19. "El principal problema es lograr la homologación del título y de la especialidad", asegura Provenza. De los profesionales registrados en la AMEVESP, hay 616 esperando la homologación del título de medicina general y 474, el de la especialidad. Sumados a los 148 en situación irregular, hay 1.238 médicos venezolanos en España que no puede ejercer por trabas burocráticas.

El primer trámite, la homologación del título, "puede durar entre un año y medio y dos años" debido principalmente "a la falta de personal del Ministerio de Universidades y a un gran aumento de peticiones en los últimos dos o tres años", resume Provenza, que llegó a España hace cinco años, "cuando este proceso tardaba solo varios meses", incide. En cuanto a la homologación del título de especialidad, que depende del Ministerio de Sanidad, el proceso puede durar más. "No fluye prácticamente nada", critica.

Situación similar con médicos argentinos

Algo parecido sucede con los profesionales sanitario argentinos, comenta Gonzalo Szybut, director ejecutivo de la Asociación Profesionales de la Salud Argentinos en España (APSAE) que, durante el estado de alarma hizo un cribado entre socios y envió al Ministerio de Sanidad un listado con alrededor de 200 trabajadores con experiencia cuya homologación de título estaba pendiente de ser resuelta. "La mayoría son médicos con experiencia que ahora están ociosos, en plena pandemia", destaca.

"Queríamos entregarle a Sanidad este recuento para darles opción de inyectar capital humano muy valioso", resume. Pero no se realizaron tantas. "El proceso puede tardar entre nueve y once meses. Se ha acortado respecto a antes de 2018, que podía tardar treo o cuatro años. Pero sigue siendo lento y tememos que nos ocurra lo mismo que a los compañeros venezolano", sostiene Szybut.

Provenza recuerda que, durante el estado de alarma, hubo mesas interministeriales de trabajo que aceleraron más de 200 homologaciones, "pero después se ha vuelto a parar", lamenta este doctor italovenezolano.

"Es una lástima. Entre la comunidad médica venezolana en España —la mayor de las extracomunitarias, según esta asociación— tenemos una cantidad importante de especialistas en aéreas fundamentales para controlar la pandemia. Hay muchos epidemiólogos, intensivistas, anestesista y médicos de familia que pueden y quieren aportar mucho más para luchar contra el virus, pero actualmente se encuentran trabajando de cualquier otra cosa", resume Provenza, que recuerda que este colectivo "también ha dado la cara durante la primera ola", con 68 médicos contagiados y tres fallecidos.

En ese sentido, este martes se ha debatido en el Pleno del Congreso una proposición no de ley promovida por el movimiento #RegularizaciónYa, impulsada por Esquerra Republicana y apoyada por otros grupos en la que se insta al Gobierno a regularizar de forma exprés la situación de migrantes relacionados con el ámbito sanitarios, de los cuidados y agrario.