Fago: crimen en el pueblo sin tierra
Once años esperando un dictamen
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@e_bayona
ZARAGOZA .- ¿Por qué se enturbiaron las relaciones vecinales en Fago, el pequeño pueblo del Pirineo que hace diez años alcanzó una desgraciada fama tras el asesinato de su alcalde Miguel Grima a manos de su examigo Santiago Mainar? Hubo muchos motivos, aunque la quiebra de las relaciones personales y el enconamiento de los posicionamientos políticos se intensificaron después de que la víctima, Miguel Grima, decidiera liderar una iniciativa que, de prosperar, alteraría los equilibrios del valle: el deslinde del término municipal de Fago con su vecino Ansó.
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Fago es uno de los escasos municipios españoles que carece de término municipal. Su ayuntamiento, un concejo abierto en el que un alcalde elegido por voto directo con lista abierta responde ante la asamblea de vecinos, carece de jurisdicción más allá de la docena escasa de calles y plazas que dibujan un casco urbano de unas pocas casas.
Varios testimonios que obran en la causa del crimen sitúan en esa fecha el inicio de los problemas vecinales que desembocaron en el asesinato del alcalde, algo de lo que también dan fe el elevado número de denuncias y pleitos registrados a partir de entonces en el pueblo por los motivos más diversos: licencias de obras, permisos para granjas, autorizaciones para negocios, amenazas, desplantes.
Once años esperando un dictamen
Sin embargo, el Gobierno de Aragón lleva quince años escurriendo el bulto ante ese conflictivo deslinde, que sus propios técnicos propusieron acometer en 2001. Un informe de la Dirección General de Administración Local describe la “anómala” situación de dos ayuntamientos que explotan un único término de cuya división anterior no hay noticias y en el que solo uno de ellos tiene jurisdicción municipal, a lo que se añade “la creencia tradicional de que Fago tiene atribuido 1/5 de término municipal de la total superficie de la Mancomunidad, pero que nunca ha quedado concretada su línea divisoria”.
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Interviene Hacienda
“Es un hecho erróneo considerar que ambos municipios comparten término municipal: cada municipio tiene su término municipal, donde ejerce sus competencias”, asegura Ansó
Sorprendentemente, el Gobierno central ha decidido tomar cartas en el litigio. Ansó tiene recurrida ante el Supremo la resolución por la que el Ministerio de Hacienda dividió en 2014 los términos. Por su cuenta y riesgo, aunque de manera provisional.
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El último reducto de la democracia directa
La postura de Hacienda en el caso de Ansó y Fago llama la atención ya que su ministro, Cristóbal Montoro, fue al inicio de la pasada legislatura uno de los principales impulsores de la supresión de municipios mediante su fusión, una medida de la que también es partidario C’s que entraña el riesgo de acabar con los últimos de la democracia directa: los concejos abiertos, un modelo restringido a los pueblos menos habitados del país.
Cristóbal Montoro fue al inicio de la pasada legislatura uno de los principales impulsores de la supresión de municipios mediante su fusión
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Fago, con 22 habitantes empadronados –nueve menos que en la fecha del crimen-, es uno de los pocos centenares de pueblos españoles que aplica este sistema, reservado para los que tienen menos de cien habitantes censados: los vecinos eligen en las municipales a un alcalde que debe someter a la asamblea de vecinos decisiones como la aprobación de planes urbanísticos, los presupuestos, las cuentas anuales, la revisión de las tasas e impuestos y la contratación de personal.