"Mi mujer está con estrés postraumático, pesadillas, muchas veces no puede dormir y está atravesando una situación límite. Así de cruda está la cosa. Yo también estoy con estrés postraumático y estamos soportando lo que podemos". Quién habla así se llama J.M.S, un hombre cordobés que vive desde hace unos tres años en Suecia con M.J.M.L., una ciudadana española con quién se casó en 2018 después de que ella se divorciara de su expareja en 2015, un ciudadano sueco con el que convivió casi dos décadas y con quién tuvo tres hijos que hoy tienen 17, 12 y 7 años. Tras la separación ella tuvo el valor de denunciar a su exmarido por malos tratos continuados y violencia sexual, tanto en España (donde la pareja había convivido durante varios años), como en Suecia. Diecinueve años de malos tratos, vejaciones continuadas, insultos, grabaciones en vídeo mientras mantenían relaciones íntimas sin su consentimiento, que luego acabaron distribuidas por internet.

A raíz de estas denuncias y alertado de su contenido por los servicios sociales suecos, tal como relata J.M.S., el padre de los menores interpuso una demanda de custodia contra su expareja, tras la que obtuvo la custodia de sus dos hijos menores, a pesar de las denuncias por violencia de género que pesan sobre él. Desde entonces, la pareja denuncia recibir constantes amenazas, visitas, cartas y agresiones por parte del exmarido, y un trato vejatorio y discriminatorio y racista por parte de los servicios sociales suecos, que, según denuncian, han actuado en más de una ocasión infringiendo la ley de aquel país: prohibiéndole a la madre el contacto con los dos hijos menores, cambiándolos de colegio sin su consentimiento y hasta negándole a ella el acceso a los informes médicos de sus hijos.

Denuncian que los menores (que tienen la doble nacionalidad española y sueca), no han sido escuchados por la Policía, y que ningún psicólogo clínico de los servicios sociales los ha examinado durante año y medio, a pesar de que el mediano denunció en un escrito haber sufrido malos tratos por parte de su padre, y de que existen sospechas de que el pequeño pueda haber sufrido abusos sexuales por parte de su progenitor. Según relata J.M.S, el hijo mediano denunció en un email temer por su vida y estar sufriendo maltrato físico y psicológico por parte del padre.

Sin embargo, tras cada denuncia, el aviso de que está pendiente un juicio por custodia de los menores (que tiene fecha para el próximo 8 y 9 de abril) alerta a las autoridades, que deciden rechazar las denuncias. 

"Las autoridades suecas están presionando a mi mujer para que se reúna con su exmarido para hacer una especie de mediación con él, hacer actividades, llegar a acuerdos. Pero ¿cómo puede reunirse con un hombre al que denunció por malos tratos y por violación reiterada y al que tiene terror? Una vez que tuvo que sentarse frente a él en una vista preliminar para el juicio por custodia, ella llegó a orinarse encima de miedo y estuvo varios días con pesadillas. Pidió que se le pusiera una habitación separada pero el juez no consintió". En la denuncia que presentó contra su expareja, M.J.M.L explica que teme por su vida, la de sus hijos y la de su actual pareja.

Petición de amparo a la embajada

Por todos estos motivos, por la desprotección y por las múltiples irregularidades que afirman haber sido víctimas por parte de las autoridades suecas, en octubre de 2017 solicitaron amparo y apoyo a la embajada española en aquel país. Pero la respuesta fue decepcionante. "Ni ayuda, ni apoyo, ni intermediación, ni nada", afirma J.M.S. "Nada de nada".

"Cuando nos pusimos en contacto con la embajada para contarles el caso, nos atendieron y listo, pero no nos dieron ningún tipo de solución ni apoyo. De hecho, ni siquiera nos dijeron que existía un protocolo específico para estas situaciones de mujeres españolas que sufrieran violencia de género en el extranjero. Eso lo descubrimos nosotros por Internet. Y cuando preguntamos por él, Darío Otero, ministro consejero de la embajada, nos dijo que eso estaba pensado para países tercermundistas, pero que en Suecia no se aplicaba. También nosotros tuvimos que descubrir por nuestros medios que eso era mentira".

El ministerio y varias autoridades españolas están al tanto de este caso. De hecho, recientemente el Ministerio de Exteriores afirmó que "siguen atentamente el caso" y que existe un seguimiento "continuo".

Según J.M.S, este seguimiento continuo se ha limitado a "tres reuniones en las que no se ha ofrecido nada". "Hemos pedido la mediación del ministro Borrell con la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, para que se interesase por nuestro caso; hemos pedido incluso que el ministro Borrell se pusiera en contacto con nosotros para conocer el caso de primera mano; hemos solicitado también que el Ministerio de Interior español y el de Suecia colaborasen en la investigación de este hombre. Pero nada". A nivel personal, han solicitado que se les concediera algún tipo de apoyo psicológico o psiquiátrico gratuito por videoconferencia, dadas las circunstancias personales que están viviendo y el estado de psicológico en el que se encuentran, pero tampoco esto se ha gestionado.

Debido a las actuaciones irregulares de los servicios de sociales suecos al cambiar a los niños de colegio y negarles los informes médicos a la madre, pidieron a la embajada que hiciera gestiones para comprobar si están siendo discriminado por cuestión de raza y procedencia. Pero nada de esto ha ocurrido. Tal como denuncian, el surgimiento en los últimos años de una fuerza política ultraconservadora con una representación parlamentaria cercana al 20%, ha cambiado el discurso del país, convirtiendo el racismo y la xenofobia en un tema central, lo que está influyendo en el debate y en la calidad de los servicios públicos

Un protocolo que es papel mojado

Desde 2015 nuestro país tiene activo un protocolo de actuaciones para la atención de las mujeres españolas víctimas de violencia de género en el exterior. 
En él, se explica que el objetivo del documento es el de "prevenir y abordar situaciones de violencia de género ejercidas contra mujeres españolas que se hallen fuera del territorio nacional y colaborar en la protección de las mismas, ofreciéndoles la debida atención e información sobre los derechos que les asisten y los recursos disponibles". También recoge la capacidad de "hacer gestiones en materia de violencia de género ante las autoridades locales" o proteger y asistir a las víctimas de esta violencia de tal manera que "no resulten discriminadas por su condición de extranjeras".

Sin embargo, nada de esto ocurre en la práctica. De hecho la embajada española en Suecia nunca les informó sobre la existencia de este documento, ni tampoco la embajada o el ministerio de Exteriores ha dado respuesta a sus necesidades o peticiones una vez que el caso salió a la luz pública. 

"El protocolo para proteger a las víctimas de violencia machista en el exterior es meramente de coordinación entre los tres ministerios (Exteriores, Empleo y Seguridad Social e Igualdad), pero en la práctica no es nada. Está vacío de contenido. No hay ninguna ayuda específica para las víctimas", afirma Sara Vilà, senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha estudiado este tema en profundidad.

El de M.J.M.L. no es un caso aislado, sino la constatación de la soledad a la que se enfrentan las víctimas de violencia de género españolas cuando viven o están en un país extranjero. A principios de año, otro caso, el de Farah Mohamed, una diseñadora de interiores nacida en Lleida y afincada en Málaga, provocó una moción de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos. Presentado por Vilá, la moción insta al Gobierno a actualizar el protocolo, dotarlo de contenido y fondos, y establecer mecanismos para conocer el alcance del problema.

A principios de año, Farah viajó con su hijo de tres años y su marido a Egipto. Una vez allí el marido le anunció que se quedaba con el menor en aquel país y ella fue víctima de malos tratos. Cuando acudió al Consulado español en Egipto en busca de ayuda, sólo recibió ayuda para permanecer unas pocas noches allí y un viaje de repatriación. "Este caso puso claramente de manifiesto que no existe ningún protocolo específico para este tipo de casos, y que la ayuda que le ofrece a las víctimas de violencia de género en el exterior es la misma que se le da a cualquier expatriado al que le han robado la cartera y que tiene una situación sobrevenida en el exterior: cuatro noches de hotel y un pasaje de vuelta a España. Pero la estancia se le quedaba corta a Farah y la repatriación sin su hijo no era una poción", afirma Vilà. Lo mismo ocurre con M.J.M.L. Ella tiene residencia en Suecia y la vuelta a España no supone una ayuda.

Según relata Vilà a Público, tras la moción del Senado, se reunió con representantes del Ministerio de Igualdad, que le aseguraron que las ayudas que podrían proporcionar a Farah podían activarse una vez que ella viniera a España y denunciara los hechos, pero que no podían activar ayudas económicas y sociales mientras ella permaneciera en Eguipto.

"Lo que hace falta es una partida de ayuda económica específica para las víctimas de violencia de género que están en el extranjero, pero también ayuda jurídica y psicológica, porque ese tipo de casos son muy fuertes", afirma Vilà, quien interpuso hace unas semanas una serie de preguntas en al Gobierno sobre el caso de M.J.M.L, que no llegaron a responderse por cese de la actividad parlamentaria.

"Las embajadas no están preparadas para esto. Cuando reciben un caso como el que relatan estas mujeres, se las quitan de encima porque no saben que hacer con ellas. Nos estamos encontrando con perfiles de embajadores, cónsules o agregados que son muy conservadores. Muchos vienen de la etapa del PP, no están formados y entienden poco o nada sobre lo que necesita una víctima de violencia de género.

"Son diplomáticos, que al principio dicen que harán todo lo que puedan, pero que finalmente no actúan porque no tienen recursos del Gobierno, ni ayudas específicas que ofrecer. Tampoco el Gobierno echa una mano, porque no están preparados". Vilà cuenta a Público que tras la moción del Senado por el caso de Farah tuvo contactos con el Ministerio de Igualdad para ver de qué forma se la podía ayudar, pero que el Ministerio reconoció que podía proporcionarle ayuda económica y de servicios sociales una vez que estuviera de vuelta en España, pero no en Egipto.

La moción aprobada en el Senado ponía al descubierto otro agujero negro sobre las víctimas de violencia de género en el extranjero: el de la necesidad de poner en marcha un registro de víctimas de violencia machista y de las asesinadas por este tipo de violencias en el exterior.  En la actualidad no existe. No están registradas ni las mujeres ni los niños y "por muy españoles que sean, no cuentan, no existen en las estadísticas. Estamos muy verdes en este tema y queda mucho por hacer", explica Vilà, que sólo espera que la moción aprobada siga su curso en la próxima legislatura y que no haya que empezar desde le principio.