La nueva Ley de Ciencia busca atajar la precariedad de los investigadores: "La estabilidad laboral llega con 40 años"

"En España, la carrera investigadora está llena de obstáculos, no hay estabilidad", dice José Manuel Muñoz, ahora profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Salamanca. La progresión en el sector científico es un laberinto del que algunos terminan huyendo. La meta de un trabajo decente y sin sobresaltos llega, como pronto, bien entrada la treintena y casi siempre de la mano de un previo éxodo hacia otras universidades del extranjero. Un viaje académico que se extiende algunos años con un retorno plagado de trabas burocráticas y lastres que empañan las ganas de seguir adelante.

"Hasta que encuentras un contrato fijo, vas saltando de temporal en temporal, con un futuro muy incierto. Yo, como muchos otros de mi generación, tuvimos que marchar al extranjero a buscar oportunidades", agrega el bioquímico. "Para conseguir un contrato de retorno necesitas estar muy consolidado, lo que genera un cuello de botella enorme, ya que se pide muchísima producción científica previa. Al final, consigues la estabilidad laboral a los 40", apostilla.

"Hasta que encuentras un contrato fijo, vas saltando de temporal en temporal"

La reforma de la Ley de Ciencia, que será aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, busca atajar estos problemas; amortiguar esa transición entre la universidad y la nueva vida laboral y blindar de derechos a los jóvenes que tienen como objetivo o vocación investigar y crear conocimiento. "Hay temas que se pueden mejorar, pero es un avance muy importante", argumenta Vanesa Nozal, doctoranda de Química Orgánica en el CSIC y presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores, que cita el fin del modelo de contratos por obra y el fomento de contratos indefinidos o el compromiso de la ministra Diana Morant de aplicar una indemnización por despido equivalente a doce días por año, incluidos los investigadores que hayan firmado antes de la reforma.

"Los contratos indefinidos pueden estar bien, pero es verdad que hay mucha gente que no está de acuerdo porque lo que realmente hace falta es que se saquen plazas públicas, pero es un avance para lo que había antes, que era mucho sobreservicio fraudulento", agrega.

Alejandro Ramírez, graduado en informática, cursa ahora un doctorado en la Universidad de Sídney después de haber tanteado las opciones que se le brindaban en España. "Todo se limita a Madrid, Barcelona o País Vasco. Salvo algunos centros puntuales de investigación que disponen de bastantes fondos, apenas hay estabilidad", advierte, para terminar sosteniendo que las opciones de Australia eran algo mejores que las de España. Él es uno de los muchos españoles que volverán tras varios años en el extranjero y deberán afrontar ese contraste entre países y decidir si quiere seguir transitando el duro camino de la investigación o rendirse hacia el sector privado. En ese sentido, la reforma legislativa plantea ciertas soluciones para incrementar los fondos de las becas de los hijos pródigos de la Ciencia española.

"Todo se limita a Madrid, Barcelona o País Vasco"

Muñoz, no en vano, señala que el sistema avoca a todos a buscar alternativas en las universidades de otros países, pero deja clara que aún percibiendo salarios mucho más altos que los de España, la calidad de vida no es muy distinta. "En mi caso, en Reino Unido, se cobraba más y eso hacía más fácil todo, pero los contratos allí también eran muy temporales y la vida en Londres era mucho más cara", comenta. "El contrato de alquiler estaba en mi época en las 1300 libras al mes", añade. En este punto, el Ministerio de Ciencia ya acometió algunas reformas el pasado mes de diciembre para subir los salarios mínimos de aquellos jóvenes investigadores. Los doctores y doctoras acogidas al programa Juan de la Cierva verán como sus salarios crecen un 11%, hasta los 25.300 euros al mes, y la beca Ramón y Cajal también contempla una subida salarial hasta los 39.900 euros.

Contra la endogamia académica

El mundo de la investigación y los departamentos universitarios han pecado, en las últimas décadas, de cierta endogamia. Alumnos que se quedan eternamente bajo el ala de sus tutores y apellidos que se repiten de manera preocupante. "La independencia de las universidades para esto ha sido siempre muy fuerte", denuncia la presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores.

La ponderación del currículum, hasta ahora, era valorado por un tribunal propio de la universidad o del centro de investigación. Ahora, la nueva ley plantea sacar adelante un certificado, el R3, que dará cierta independencia en el proceso de obtención de plazas, de modo que será la Agencia Estatal de Investigación (AEI) quien evalúe los puntos que tiene el currículum del investigador que pretende accede al puesto. "Es un paso importante", valora Nozal.

Blindar el futuro

Algunas medidas como la subida salarial de las becas, que llegó al margen de la ley, sirven a los investigadores para reclamar que se blinde el futuro.  "Ahora se está aumentando el presupuesto, y nosotros lo celebramos, pero mañana puede haber un cambio de Gobierno y volver a bajarlo", denuncia Nozal. "Si se plantease crear un estatuto para los posdoctorados se podría regular el sueldo mínimo". Se trata de una medida que no sería inédita en el ámbito científico y universitario, pues en 2019 se aprobó ya un estatuto para el regular la situación del personal de investigación predoctoral.

El otro punto que es del interés de cada Gobierno es el porcentaje del Producto Interior Bruto que termina ocupando el sector. La ministra Diana Morant anunció esta semana en una entrevista con El País que el Gobierno tiene la intención de blindar por ley la financiación pública de la ciencia hasta el 1,25% del PIB. De hecho, el texto de la reforma recoge una disposición para ello. El Gobierno, no en vano, se ha marcado como objetivo alcanzar un 2% del PIB para 2023 y un 3% para finales de década. Se trata de una medida que cuenta con el agrado de los colectivos sociales y académicos, que exigen que haya consenso en todo el arco parlamentario para alcanzar un pacto de Estado que garantice que se cumpla esta meta.