EMVS Perjudicados por el pelotazo de Ana Botella y Blackstone: "Lo pasé jodidamente mal, tuve depresión"

"Todo fue perfectamente legal". "No existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere". "Nadie resultó perjudicado". Los jueces han hablado. Y lo han hecho en esta línea varias veces. A Laura Murillo, de 49 años, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como esta. O como la que dijo Ana Botella cuando todo salió a la luz. "Solo cambia el casero", aludió la exalcadesa de Madrid allá por 2014. No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente público y social, a depender de un fondo buitre. Obviamente, también cambiaban las condiciones. A Murillo, por ejemplo, le subieron el alquiler más de 200 euros.

Era teleoperadora a tiempo parcial cuando le llegó el burofax de Fidere sin que nadie le hubiera notificado el cambio de propiedad. A ella le había tocado una vivienda en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que le permitía salir adelante con un sueldo de 700 euros y una hija de 12 años. "Pagaba 370 euros al mes y de repente me decían que iba a pagar 599. Obviamente dejé de pagar. Si pagaba no comía y si comía no pagaba. Es así de simple", recuerda ahora por teléfono, casi una década después.

"Llevamos muchos años viviendo con incertidumbre, sin saber dónde vamos a dormir el mes siguiente. Estos señores han especulado con nuestras casas y con nuestros salarios. Detrás de esta decisión política hay historias reales. Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras... Pero detrás de esas casas hay vidas". Son las palabras que Arantxa Mejías pronunció hace algunos meses en la Audiencia Provincial de Madrid. Cuando apenas tenía 25 años descubrió, como otros cientos madrileños, que la casa en la que vivía con sus padres ya no era de la EMVS, sino de Fidere, una de las ramificaciones españolas del fondo de inversión estadounidense Blackstone. Decidió dar la batalla, y no se arrepiente, afirma ahora, aunque el resultado no haya sido el esperado.

Aquella venta sorpresa y opaca de vivienda social fue una de Botella que más polvareda ha levantado en la capital, tanto en el plano político como social. Un polvo sostenido en el tiempo que, sin embargo, se ha asentado lentamente en cientos de hogares ya vacíos y listo para una lucrativa venta. Han pasado casi diez años de la operación. Algunos tribunales han dado la razón a unos pocos vecinos, el Tribunal de Cuentas calculó que el Ayuntamiento había perdido 23 millones de euros al vender 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre por debajo del precio de mercado. Condenó a Botella y a su equipo a reparar el patrimonio dilapidado, aunque una revisión posterior anuló esta condena gracias a los votos de dos magistrados colocados por el PP.

La venta fue todo una ganga para los especuladores —Blackstone es el mayor casero de España, con cientos de miles de viviendas dedicadas al mercado del alquiler— y un serio tormento para los inquilinos que vivían en las casas, a quienes se intentó desahuciar después de cancelar los contratos e imponer nuevas condiciones con subidas de precio que, en ocasiones, superaban el doble.

No hubo malversación ni prevaricación

Los múltiples recorridos judiciales de este caso no han dejado apenas consecuencias para los artífices de este pelotazo con bienes públicos. El pasado martes, la Audiencia Provincial de Madrid daba carpetazo a la última vía judicial abierta. En este caso se juzgaba por la vía penal, gracias a una querella del PSOE y de la Plataforma de Afectados por la EMVS, con Mejías y el abogado Benítez de Lugo al frente. Se acusaba a los responsables de la empresa municipal de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Pero el tribunal no lo considera acreditado. La Fiscalía tampoco, y el Ayuntamiento de Madrid, del mismo color político que el que realizó la venta, también retiró los cargos.

La presidenta de la asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS, Arancha Mejías, a su llegada al juicio para colaborar con las víctimas por la enajenación de 1.860 viviendas protegidas en su mandato, en la Audiencia Provincial de Madrid, el 17 de noviembre de 2021, en Madrid. — Jesús Hellín / Europa press

Cuando a Murillo le llegó la orden de desahucio por impago ni siquiera intentó pelear. Entregó las llaves y se marchó de la urbanización del Ensanche de Vallecas. Fueron muchos como ella en esa promoción e la EMVS, recuerdan los activistas. Ella ya se había puesto en contacto con organizaciones por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social. Recurrieron a los tribunales. Su contrato con la EMVS seguía en vigor, y estos ordenaron a la empresa entregarle otra casa. Sobre todo porque se había quedado sin una vivienda pública, en el paro y con una menor a cargo. Hoy vive en otra casa de la EMVS en Villaverde, ya han pasado seis años. Paga 350 euros al mes. "Y alguna vez me retraso, pero la EMVS no es un fondo buitre, la tienes que liar muy gorda para que te desahucie", apunta.

Son varias las personas a las que se tuvo que realojar en viviendas públicas debido a los desahucios de Fidere. Imposible saber cuántos, apuntan desde la PAH. En estos casos, el precio que ha pagado el contribuyente madrileño es doble, inciden. Por un lado, la vivienda social perdida con la venta. Por el otro, la vivienda social destinada a los expulsados, cuando ya vivían en una. Un sinsentido, resumen. Fidere, en cambio, no opina lo mismo.

Las viviendas que se vendieron por 127,5 millones hoy se valoran en unos 600 millones, según estimó el Ayuntamiento

La empresa todavía le reclama a Murillo más de 5.000 euros de deuda por los seis meses que estuvo sin abonar sus mensualidades. "No pienso pagar. Primero porque no tengo dinero. Pero sobre todo porque a mí me ha costado la salud. Tuve que dejar mi trabajo durante ese tiempo. Lo he pasado jodidamente mal. Me diagnosticaron depresión, perdí muchísimo peso, tenía ansiedad y me pasaba todo el día llorando. Aún me asusto cuando llaman al telefonillo, por si son los buitres pidiéndome la deuda", comenta por teléfono. "Yo soy una prueba muy clara de las consecuencias que ha tenido esto", sentencia.

Casos como el de Murillo han sido habituales en los últimos años. Desahucios de familias vulnerables, de ancianas enfermas, madres solas con hijos a cargo... Algunos se suspendieron en la puerta gracias a la presión de la PAH y otros colectivos, pero muchos se fueron sin hacer ruido, dejando vacías unas casas que ahora han multiplicado su valor. Según calculó el propio Ayuntamiento durante la alcaldía de Manuel Carmena, el paquete de casas que Blackstone compró por 127,5 millones hoy se valoran en unos 600 millones.

"Conmigo pincharon en hueso"

"Está muy claro que lo que querían era comprar barato y venderlo después", explica José Pedro López. En un parque del barrio de La Peseta, en Carabanchel, este operario de 37 años recuerda el estado en el que estaban su casa, los garajes y las zonas comunes "prácticamente hasta antes de ayer". Humedades, el ascensor averiado durante años, lámparas que colgaban de los cables y un sinfín de desperfectos que Fidere nunca reparó. "Hasta que se han levantado las medidas cautelares y pueden venderlo todo si quieren. Le han dado un buen lavado de cara", puntualiza. Él es de los pocos que han resistido y han ganado sin recurrir a la vía judicial.

"Si no hubiera tenido una familia, quizás hubiera tirado la toalla", afirma López

López y su pareja llegaron en 2012 al piso de 50 metros cuadrados que les había adjudicado la EMVS en régimen de alquiler sin opción a compra. Fue un salvavidas para la familia, con una niña pequeña y otro bebé en camino. Él estaba desempleado en ese momento. "Ya vimos algo raro cuando dejaron de pasarnos varios recibos los meses anteriores a la venta", asegura. En su caso, lo pisos se vendieron con su contrato recién firmado, así que pudo esperar "más o menos tranquilo" varios años hasta que Fidere le remitió el temido burofax. Llegó cuando su contrato estaba a punto de caducar, en 2017. "No querían renovarlo. Querían hacer uno nuevo con condiciones nuevas. Si pagaba 430 euros más los gastos de comunidad, pasaba a pagar 600 euros el primer año, 800 euros el siguiente año y 900 el tercer año. Era inasumible", ilustra.

"Si no hubiera tenido una familia, quizás hubiera tirado la toalla", reconoce. "No es fácil enfrentarte a la posibilidad de quedarte sin casa. Son muchas comidas en las que tus hijos hacen preguntas, en las que se nota la tensión. Lo han pasado muy mal, pero también ha sido una lección de vida para ellos", explica López con una emoción que a veces roza el llanto.

José Pedro López, en su barrio del distrito de Carabanchel, en Madrid, donde reside en una vivienda de Fidere. — Jairo Vargas

Decidieron no pagar y resistir. Primero participó en la plataforma de afectados por la EMVS, pero con el tiempo dejó de verlo claro. "Me parecía que buscaban más los titulares y el impacto político que la defensa de las familias a las que ya estaban desahuciando", explica. Buscó apoyo en el movimiento social por el derecho a la vivienda, del que ya formaba parte. Consiguió ir aplazando la fecha del desalojo con apoyo de la PAH y del Sindicato de Vivienda e Carabanchel. "Fidere nunca quiso negociar nada, pero sabían que no me iba a ir fácilmente, que conmigo habían pinchado en hueso", afirma.

Solo con la llegada de la pandemia, el fondo buitre se avino a razones. "Tengo un alquiler medianamente razonable y vinculado a los ingresos de la familia y de siete años de duración. Las negociaciones han sido duras y, sin el apoyo de los colectivos de vivienda habría sido imposible", apunta. "Muchos de los vecinos se acabaron yendo o aceptando alquileres de más de 700 euros. No se les puede culpar, porque pelear es una pesadilla", dice.

Un calvario psicológico

"Desahucios, suicidios y personas bajo tratamiento psicológico", resumía durante el juicio Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados que llevó a los tribunales la operación. "El resultado judicial se encaja con frustración. Todavía se culpabiliza a los afectados por defender un derecho. Es muy triste, como si todo esto pasara por un capricho mío", explica Mejías. Sus padres, adjudicatarios de una vivienda de la EMVS antes de la venta, también se enfrentaron al desahucio al no querer firmar los nuevos contratos de Fidere. "Nos querellamos y al final forzamos una negociación. Hoy siguen en su hogar, resistiendo", resume. "Pero han sido muchos años y sin apenas experiencia. Me ha desgastado bastante", reconoce.

"Quedarnos de perfil ante situaciones así no ayuda a cambiar las cosas", opina Mejías

Casi una década después, la fiebre de los alquileres sigue sin una ley que la enfríe de verdad. Los fondos buitre como Blackstone han tenido alfombra roja para llegar, comprar a precio de ganga los activos tóxicos de los bancos y elevar los precios hasta límites sin precedentes en las grandes ciudades españolas.
Mejías, en cambio, cree que la batalla ya es en sí misma una victoria. "Quedarnos de perfil ante situaciones así no ayuda a cambiar las cosas. Ahora tengo 33 años y sé qué es lo que realmente importa. Me siento vencedora, aunque no lo ha dicho un juez", apunta.

Murillo también aprendió a la fuerza que los desahucios los paraban primero las personas. "No sé a cuántos fui, pero me volqué mucho con la gente que estaba en mi situación", recuerda. López solo ha confirmado lo que ya sospechaba. "Nuestros representantes políticos al final sirven a los intereses de las grandes empresas y no a los de quienes los votamos", asegura. Esperaba más del "ayuntamiento del cambio" de Carmena en este caso, "pero al final he resistido después de mucho esfuerzo y estoy satisfecho". Nadie les devolverá las noches en vela. Las viviendas seguirán siendo de Fidere. El PP sigue gobernando en la ciudad y Ayuso arrasó en la Comunidad. Es Madrid, la capital de la libertad.