Detenida Noelia de Mingo, la médica que mató a tres personas en 2003, por apuñalar a dos mujeres en El Molar

La Guardia Civil ha detenido este lunes en El Molar (Madrid) a Noelia de Mingo, la médica que mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003, por agredir con un arma blanca a dos mujeres en esta localidad, según han informado fuentes de la investigación.

En la tarde del lunes ha sido ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde ha sido trasladada por el Summa112 con el apoyo de la Guardia Civil. 

Los efectivos del Summa112 se habían desplazado hasta el cuartel de la Guardia Civil de San Agustín de Guadalix, donde estaba arrestada de Mingo, para evaluar el estado físico y mental. Y ahí decidieron su internamiento en la unidad de psiquiatría hasta que pase a disposición judicial.  

El suceso ha ocurrido este lunes a las 12.03 horas, cuando la Guardia Civil recibió una llamada de que había una mujer muy alterada en el interior de un supermercado en la Avenida de España de El Molar.

Según las primeras investigaciones De Mingo había agredido a la dueña del supermercado con un arma blanca, y después se había dirigido a una farmacia cercana y había herido a otra mujer.

La víctima más grave, de 46 años, sufre una herida en el hemitórax izquierdo. Fue estabilizada por los sanitarios del Summa 112 y trasladada con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre. La otra, de 53 años, tiene cortes superficiales y también ha sido enviada a un centro hospitalario con pronóstico moderado.

Noelia de Mingo, condenada en 2006 a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a tres personas y herir a otras siete en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, fue puesta en libertad por la Justicia en 2017, que ordenó que recibiera tratamiento ambulatorio y quedara bajo custodia familiar. 

Tras seis años interna, De Mingo comenzó en 2011 a disfrutar de salidas terapeúticas durante varios años, algunos de estos permisos de varios meses y que habían sido autorizados por un juez de vigilancia penitenciaria. En ninguna de estas salidas tuvo problemas.

Finalmente, en octubre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid acordó sustituir el régimen interno de Noelia de Mingo por tratamiento ambulatorio y custodia familiar de tal forma que quedaba a cargo de su madre y bajo estricta vigilancia clínica de su psiquiatra de cabecera, quienes deberán informar de forma puntual de la evolución de su dolencia por si fuese necesario aplicar medidas terapéuticas de urgencia. De hecho, el tratamiento ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid lo seguía el médico del centro de salud de El Molar, localidad en la que De Mingo reside desde que quedó en libertad.

Los magistrados resolvieron que si bien De Mingo padecía una enfermedad para la que no se conoce cura, esquizofrenia paranoide crónica, se mantenía estable, no había vuelto a presentar desde su internamiento episodios de descompensación y era plenamente consciente de su dolencia.

Decisión consensuada

La decisión de su puesta en libertada fue consensuada: los magistrados de la Audiencia de Madrid explicaron que los especialistas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante y del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), los psicólogos y un trabajador social de la prisión alicantina, el médico forense del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante y la Clínica Médico Forense de Madrid llegaron a la misma conclusión.

La Audiencia indicó que los especialistas señalaron de forma unánime que se había adaptado sin contratiempos al centro psiquiátrico penitenciario y poseía clara conciencia del daño ocasionado y recordaban que había disfrutado de diversos permisos, sin aparición de síntomas, con buena adaptación laboral y familiar y colaboración plena en el control de su afección.

De Mingo padece una enfermedad para la que no se conoce cura, la esquizofrenia paranoide crónica

En respuesta a la inquietud de las víctimas, perjudicados y familiares afirmaron que entienden "los sentimientos de temor, impotencia e incluso deseo de venganza de quienes se vieron afectados de manera directa por el dramático hecho que dio origen a este procedimiento".

Sin embargo, "es precisamente en beneficio de tales perjudicados y del resto de la sociedad por lo que se debe actuar conforme a lo que marca la ley, que es adaptar la respuesta a la situación psíquica de cada persona afectada por una alteración de este tipo".

"La clave a juicio de este tribunal para hacer compatible ese equilibrio entre necesidad terapéutica de la respuesta estatal y seguridad está en el control y en el seguimiento puntual y razonable de la persona afectada por la medida", concluyeron los magistrados.