La comisión judicial ha paralizado sine die este viernes el desahucio Mayra y Juani, una mujer embarazada de casi nueve meses, de una vivienda situado en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid, que ha convertido en un icono de la resistencia de los vecinos y el movimiento por el derecho a la vivienda ante la especulación inmobiliaria por parte de los grandes fondos de inversión.

Allí se han concentrado esta mañana varios activistas en apoyo a las dos inquilinas, como ya han hecho en repetidas ocasiones, ya que la mayoría de los vecinos están pendientes del desalojo después de que la empresas Proindivisos adquiriera gran parte de las viviendas para reformarlas y alquilarlas a precios hasta un 300% superior al que ahora pagan lo inquilinos, cuyos contratos se niega a renovar después de décadas viviendo en los pisos.

Mayra y Juani se enfrentaban hoy al tercer intento de desahucio, pese a que el Comité DESC de Naciones Unidas exige su paralización hasta que dispongan de una alternativa habitacional adecuada.

Según ha informado el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, la propiedad quiere dar por finalizados los contratos de los arrendatarios y vaciar el edificio para poder subir los alquileres, "una práctica que al calor de los elevados precios y ante unas leyes que lo permiten se ha hecho habitual entre buitres, grandes propietarios y quienes entienden la vivienda como un negocio al que no es necesario poner límites".

Este nuevo intento de desahucio se produce sin que las inquilinas cuenten con alternativa habitacional alguna. "El Ayuntamiento no está dispuesto a iniciar el proceso de expropiación del edificio y dice que carece de viviendas para este tipo de situaciones de emergencia. La Comunidad sigue sin movilizar la vivienda pública vacía de la que dispone la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA), ejemplo de ello es el edificio de la calle Valencia número 17 situado a escasos metros de Argumosa. Juani está la quinta para ser es adjudicataria de vivienda pública, en una de esas listas que se hacen eternas para las solicitantes", ha indicado el sindicato.

Mientras tanto, el martes 22 de enero el Gobierno del PSOE somete a aprobación en el Congreso un real decreto-ley que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya medida estrella es el alargamiento de los contratos de alquiler de tres a cinco o siete años.

El Sindicato de Inquilinos considera que, en un contexto de incremento tan fuerte de los precios de alquiler en los últimos años y ante la ausencia de políticas de vivienda que garanticen el acceso a este recurso básico, este decreto-ley resulta "insuficiente" porque "no resuelve la problemática de las no renovaciones injustificadas de contrato, factor clave en la inestabilidad de quienes vivimos de alquiler, ni incluye ningún tipo de propuesta de regulación de precios que ataje las subidas abusivas que están sufriendo los alquileres en nuestras ciudades".