El Juzgado de lo Social Nº4 de Puerto del Rosario ha dictado una sentencia contra la empresa concesionaria municipal de limpieza de Pájara al considerar como improcedente el despido de una trabajadora de la limpieza del CEIP Morro Jable.

El despido se produjo a comienzos de septiembre, apenas 24 horas después de que la trabajadora denunciara en las redes sociales el mal estado de las instalaciones de dicho centro ante el inminente comienzo del curso.

Coalición Canaria (CC) en Pájara ha subrayado que el despido de la trabajadora de limpieza "no fue casual, sino fruto de una instrucción política que llegó desde el Ayuntamiento pretendiendo perseguir, amedrentar y silenciar a quienes se atreven a decir las cosas claras". "Esa es la forma de gobierno que los vecinos y vecinas de Pájara están sufriendo con este alcalde y con sus socios de PSOE, Podemos, NC y AMF", señalan desde CC.

El partido nacionalista viene reclamando al alcalde, Pedro Armas, y a sus socios que "abandonen el acoso y las presiones sobre los trabajadores y vecinos que se quejan por la mala gestión municipal", y añade que esta sentencia "es sólo un ejemplo más y afecta a una persona con una trayectoria importante de trabajo en la empresa concesionaria municipal de limpieza; una trabajadora que además es madre de alumnos, de ahí su doble preocupación".

CC asegura que en Morro Jable "todo el mundo conoce la trayectoria profesional ejemplar de esta persona, después de dos décadas de dedicación, y a la que incluso siendo personal de riesgo se le obligó a trabajar en periodo de confinamiento". "Los que se autodefinen como progresistas y defensores de los derechos de los trabajadores muestran así su verdadero talante. Esa es la verdadera cara del PSOE, Podemos, NC y AMF", critican los nacionalistas.

Coalición Canaria en Pájara ha reclamado al alcalde que abra una investigación desde el Ayuntamiento sobre la forma de proceder de esta empresa concesionaria de los servicios públicos municipales, pues "no se puede permitir que exista este grado de persecución en una empresa que pagan todos los vecinos y vecinas con sus impuestos".

También exigen que, una vez constatado por sentencia judicial que ha existido persecución hacia ella y despido improcedente, que se sancione a la empresa y se exija la reincorporación inmediata de esta persona a su puesto de trabajo en plenas condiciones, si ella así lo prefiere antes que la indemnización económica.

Se trata de la segunda sentencia que en las últimas semanas ha llegado sobre esta misma forma de proceder relacionada con el Ayuntamiento de Pájara. La anterior fue sobre una trabajadora de las escuelas infantiles que denunció que se le había retirado su vehículo de trabajo para que lo usara un concejal, sin proporcionarle alternativa. En dicha sentencia también se condenó al grupo de gobierno de Pájara.