Los derechos humanos que apenas protegen a las mujeres
En 1948 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un informe de Amnistía Internacional hace un repaso sobre cómo estos derechos siguen sin cumplirse para muchas mujeres y cómo su aplicación fue más complicada para ellas.
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BARCELONA, Actualizado:
Gracias a la activista Hansa Mehta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice "los seres humanos" y no solo de los hombres. Aquella fecha de 1948 coincidió con una España donde las mujeres vivían en una dictadura franquista donde no podían divorciarse, debían pedir permiso para trabajar o donde la mujer soltera se consideraba, a efectos jurídicos, una menor.
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Se ha avanzado en el mundo sobre los derechos de la mujer pero la desigualdad sigue pesando sobre nosotras. Nos siguen asesinando, violando, acosando, maltratando y discriminando. Los logros conseguidos en nuestro país tienen la amenaza de una derecha y una ultraderecha que quiere tumbar el derecho al aborto, la ley de violencia de género o apoyar los vientres de alquiler, entre otros factores. Más que avanzar, algunos discursos políticos a día de hoy, viajan al pasado. Lo ya alcanzado peligra. Y si peligra aquí, aún más allá de nuestras fronteras y para aquellas mujeres atravesadas por diversas formas de discriminación.
Un informe de Amnistía Internacional hace un repaso a cómo está la situación de los derechos de la mujer tras estos 70 años de avances, pero que se ven más amenazados que nunca. En sus páginas se recoge que "nos hallamos ante una economía global débil que genera pomposas figuras que usan el machismo, la misoginia, la xenofobia y la homofobia para aparentar que son líderes duros". La ONG relata que esta situación es similar "al auge del fascismo en la década de 1930 tras una depresión económica y su culminación en los horrores del Holocausto". Por eso una respuesta a estos hechos fue la Declaración Universal.
Mientras, en cada parte del mundo, las mujeres siguen en lucha para que los derechos humanos sean reconocidos para las humanas, como decía Nuria Varela. Repasamos, con los datos del informe, algunos de los enunciados de los derechos de esa declaración y la situación actual en el mundo.
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Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
En el caso de las mujeres, la mayor afectación se produce en el ataque de su libertad sexual. En España, entre enero y junio de 2018 se denunciaron 801 violaciones y otros delitos contra la libertad sexual, según datos del Ministerio de Interior. Son más de cuatro violaciones al día denunciadas.
En Somalia, las mujeres con discapacidad suelen ser sometidas a matrimonios forzados y a violencia en el ámbito familiar. En Canadá, las mujeres indígenas tienen seis veces más probabilidades de ser asesinadas que el resto de la población femenina. En India y Sudáfrica, miles de mujeres tomaron las calles para protestar contra la violencia sexual endémica este año. Y en nordeste de Nigeria, miles de mujeres desplazadas pidieron justicia por los abusos que han sufrido a manos de los combatientes de Boko Haram y de las fuerzas de seguridad nigerianas. Sus denuncias continúan activas. También se han registrado violaciones en zonas de conflicto y mujeres refugiadas han sido sometidas a todo tipo de vejaciones y agresiones sexuales.
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Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
La situación de pobreza y de precariedad laboral se ciñe más sobre las mujeres. La ONU estima que la trata de personas mueve anualmente entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, y unos 4 millones de personas se ven desplazadas de un país a otro. África, Asia y el Pacífico y las Américas son quienes más lo registran, y por ello una tercera parte de esta infancia queda fuera del sistema escolar. Estos menores adquieren, muchas veces, una deuda con su patrón y tienen que trabajar hasta que esa deuda quede pagada.
Se calcula que entre 40.000 y 50.000 mujeres y niñas son víctimas de la trata de seres humanos. Muchas de ellas llegan a Europa y a España, para forzarlas a la explotación sexual y ser prostituidas. Entre ellas tiene especial incidencia la llegada de mujeres nigerianas con este fin. La propia asociación Apram hizo un informe centrado en menores en España. De 772 mujeres encuestadas, 498 reconocían haber sido iniciadas en la explotación sexual siendo menores. Representaban el 64,5% del total.
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Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
La ONU sostiene que las mujeres poseen sólo el 12,8% de las tierras de cultivo del mundo. Son innumerables las situaciones de apropiación de tierras y agua por parte de las multinacionales, motivo que afecta de forma directa a las mujeres que, dedicadas a las tareas domésticas, son quienes deben de recorrer kilómetros para buscar esos recursos con los que mantener a sus familias. Igualmente, la apropiación de tierra por parte de multinacionales genera empleos muy pobres e incluso enfermedades. En América Latina, las activistas que denuncian estas situaciones se ven marginadas, intimidadas, amenazas, y se las somete a desaparición forzada y asesinato.
Ya en nuestro país, una de las propiedades más valiosas y que más ha peligrado en los últimos años ha sido la vivienda. Amnistía Internacional documentó en otro informe, sobre vivienda, que en España los desahucios relacionados con el impago del alquiler afectan más a las mujeres, y más a aquellas que sufren otras discriminaciones de clase o nacionalidad, como las madres solteras, las mujeres con personas a su cargo, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las que han sufrido violencia de género.
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Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
Según el Banco Mundial, Brasil, Egipto, Francia, India, Rusia y otros 99 países siguen teniendo leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos. Por consiguiente, más de 2.700 millones de mujeres no pueden por ley tener las mismas posibilidades de trabajo que los hombres.
740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se carece de protección legal y hay un acceso limitado o nulo a los sistemas de seguridad social. También, según la OIT, las mujeres son la mayoría de la fuerza de trabajo en sectores de suministro globales, como el textil y el hortícola, ejerciendo los empleos de baja remuneración o baja categoría.
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Las mujeres llevan a cabo más del doble del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, según los datos de la ONU extraídos de 83 países. Ello afecta al acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades.
Casi el 65% de las personas jubiladas sin pensión regular son mujeres y casi 750 millones de mujeres tampoco tienen legalmente el derecho a un permiso de maternidad. En Europa, el sueldo medio de la mujer está un 16,2% por debajo del de un hombre, según los datos de Eurostat más recientes. En España, los datos del INE apuntan que la brecha salarial aumenta entre las mujeres de 55 a 64 años, cuando llega hasta el 22,7%.
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Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
En todo el mundo, el 40% de las mujeres viven en países en donde el aborto sigue estando restringido, y alrededor de 225 millones de mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos, poniendo en riesgo su salud. Muchas otras mujeres son encarceladas por procesos de aborto, y otras, practican el aborto de forma clandestina, en situaciones insalubres, y terminan muriendo. En estos últimos años, en Argentina, Irlanda, Polonia y Andorra un gran número de mujeres se manifestaron para reclamar el derecho al aborto. En el caso de Andorra, el proceso está paralizado por la intervención de la iglesia católica en el coprincipado.
La existencia de chozas menstruales condena a mujeres y menores a morir en Nepal, al ser marginadas en condiciones insalubres cuando tienen la menstruación, cargadas de falsos mitos que se depositan sobre ellas. Las medidas de austeridad en Chad han tenido especial repercusión y han afectado gravemente a la sanidad pública, con especial incidencia en mujeres y niñas, sobre todo de zonas rurales.
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En Estados Unidos, los recortes de los fondos destinados a las clínicas de planificación familiar han puesto en peligro la salud de millones de mujeres. Los recortes en políticas sociales en Europa también han producido una falta de atención, en especial, a las mujeres y particularidades por su salud.