Una década de leyes catalanas por el derecho a la vivienda con sanciones a cuentagotas

La ley de alquileres catalana –la 11/2020- está empezando a derivar en expedientes sancionadores hacia inmobiliarias y propietarios que incumplen la norma. La Generalitat y ayuntamientos como el de Barcelona ya han iniciado varios procesos, algo que el movimiento por el derecho a la vivienda celebra, a la vez que denuncia que van tarde. Más allá de la 11/2020, las sanciones contra aquellos que han sacado provecho del mercado de la vivienda saltándose la legislación se ha ejercido a cuentagotas durante los últimos años, y los activistas miran con prudencia las promesas de cambio. Repasamos la trayectoria de las instituciones públicas aplicando multas contra el lobby inmobiliario.

Sanciones a viviendas vacías

"No deja de ser triste que se tengan que contemplar sanciones para hacer cumplir la ley y que, además, no se pongan", critica Juanjo Ramón, portavoz de la PAH Catalunya. Asegura que la Generalitat no aplicó con suficiente contundencia el margen sancionador que dejaba la ley de la vivienda de 2007, sobre la cual se aprobó años después la 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda. Tipifica como infracción "muy grave" el hecho de "mantener la desocupación de una vivienda" después de que la administración haya adoptado medidas por la promoción de su ocupación y prevé multas de hasta 900.000 euros. 

Juanjo Ramon (PAH): "No deja de ser triste que se tengan que contemplar sanciones para hacer cumplir la ley"

"Hay ayuntamientos más pequeños que no tienen suficientes técnicos", explica Ramón. Ayuntamientos como el de Barcelona, con más recursos, han podido tener más iniciativa, a pesar de que el activista asegura que, con la cantidad de pisos vacíos que hay en la ciudad, son demasiado pocas las multas. Según fuentes del Ayuntamiento, hasta día de hoy el consistorio ha abierto 140 expedientes incoados y definitivos por mantener vacías viviendas que, sumando las sanciones ya abonadas o en fase de resolución definitiva, implicarán una recaudación máxima de 1,9 millones.

Expedientes cortocircuitados por el TC

Ramón afirma que lo mismo pasó con el decreto ley 17/2019, que obligaba a la propiedad de un inmueble a ofrecer alquiler social a familias vulnerables bajo amenaza de desahucio. El Tribunal Constitucional (TC) lo tumbó por una cuestión de forma. "El problema es que estuvo vigente un año pelado. Los grandes tenedores se aprovecharon del recurso del PP y dieron largas para renovar los contratos", dice el miembro de la PAH, que espera que el nuevo Gobierno se encargue de volverlo a aprobar con la fórmula apropiada.

Según fuentes de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), se han llegado a abrir un total de 28 expedientes sancionadores por incumplir la obligación de ofrecer un alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad. De todos estos, ocho quedaron cerrados a raíz de la sentencia del TC, cinco se cerraron por "motivos diversos", uno ha recibido un recurso y 14 todavía están en trámite. Todos ellos se han abierto por el que el Código de Consumo de Cataluña tipifica como sanciones graves, con multas de entre 10.001 y 100.000 euros.

La ley de alquileres

Últimamente, se han hecho públicas nuevas sanciones contra grandes tenedores e inmobiliarias, esta vez por incumplimiento de la ley de alquileres. La Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC) pudo identificar una primera hornada de 30 contratos irregulares. Según los datos facilitados por esta institución, todos ellos pueden ser objeto de una infracción grave, que va de los 9.000 a los 90.000 euros de multa, "a reserva del resultado final del expediente". Se trata de nueve empresas administradoras de fincas y/o inmobiliarias y 21 propietarios particulares, aunque este diario no ha podido saber de qué empresas se trata y de si eran pequeños o grandes tenedores. A estos se suma otro contrato irregular detectado por el Ayuntamiento de Barcelona la semana pasada. 

Las sanciones por pisos vacíos interpuestas por el Ajuntamet de Barcelona suman un máximo de 1,9 millones por recaudar

Los motivos de estas infracciones, según la ACH, son los "de haber incrementado el alquiler de la vivienda más allá del 20%" del precio máximo que establecen los indicadores. Además, en los 30 casos también habrían cometido una infracción leve, multada con un importe de entre 3.000 y 9.000 euros, por no haber hecho constar el índice de referencia de precios y el precio del anterior alquiler en el contrato. Estos casos se han encontrado en 15 municipios que, según la ley, son los que tienen la competencia para interponer sanciones. Aun así, los entes locales no siempre tienen las capacidades para llegar, como explican fuentes del Ayuntamiento de Terrassa: "En los municipios nos faltan recursos para afrontar estas sanciones". De momento los municipios que ya han dicho que ejercerán la potestad sancionadora son reus, Manresa y Lleida.

Anuncios fraudulentos 

Por otro lado, la ACC también abrió cinco expedientes contra los portales Fotocasa, Habitaclia, Idealista, Pisos.com y Yaencontre por no informar del índice de referencia de precios de la Generalitat en los anuncios de inmuebles y el precio del alquiler anterior. Todos ellos podrían comportar sanciones de hasta 10.000 euros al tratarse de faltas leves. En esta línea, el Ayuntamiento de Barcelona también ha abierto recientemente 32 expedientes más por faltas leves en los portales inmobiliarios Fotocasa, Habitaclia e Idealista, y a administradores de fincas como Engels & Volkers, Don Piso o Núñez y Navarro, por no haber incluido los indicadores de referencia. 

Según datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, el precio medio de la oferta de viviendas de alquiler en Barcelona descendió un 20% el último trimestre de 2020, mientras que al resto del área metropolitana de Barcelona bajó alrededor del 11%. Se trata del precio más bajo desde enero de 2019. "La contención de rentas se está haciendo a partir de unos precios que ya han sufrido subidas muy importantes", denunciaba la regidora de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, en rueda de prensa. La regidora matizaba que algunos de los portales inmobiliarios ya habían corregido sus prácticas. No es el caso de Idealista que, según explicaba Martín, está confrontando legalmente los expedientes. Público ha contactado con la inmobiliaria, que todavía no había respondido al cierre de este reportaje.