La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado esta mañana que el protocolo antiabortista urdido en Castilla y León por Vox y con el apoyo del Partido Popular ha sido elaborado "contraviniendo la evidencia científica y contraviniendo una ley orgánica y contraviniendo los derechos de las mujeres".

La Junta de Castilla y León anunciaba este jueves su intención de implantar de forma inmediata una serie de medidas con miras a disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo, tales como escuchar el latido fetal o una ecografía 4D. Una medidas que buscan, en última instancia, plantear un nuevo pulso al Gobierno, no en vano se trata de un protocolo que va en contra de la reforma de la ley del aborto que ha propuesto el Ejecutivo y que tiene pensado ratificar en breve.

"Desde la máxima serenidad y la máxima contundencia quiero dejar claro que no vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres. ¿Dónde está Feijóo?", se ha preguntado la ministra ante los micrófonos de la Cadena Ser. Y es que, según la ministra, el líder del Partido Popular ha dado la callada por respuesta: "El silencio de Feijóo es elocuente. Le insto a que ponga fin a esta tropelía".

Según Darias, "si fuera necesario, no tendríamos dudas en acudir a la Justicia para defender el derecho de las mujeres. Pasamos con Zapatero de una ley de supuestos a una ley de plazos, que el PP recurrió y aún está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional".

Posición firme del Gobierno

El Gobierno hacía este domingo un requerimiento formal al Ejecutivo de Castilla y León para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)" ante el plan antiabortista anunciado a mediados de esta semana por Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y que ha sido asumido por su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco.

A través de un comunicado difundido a los medios, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba que utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente".