El 'Daniel Blake' vasco: un joven se querella por las trabas para acceder a la renta mínima

En su última película, el director Ken Loach relata la lucha de Daniel Blake, un trabajador británico que pelea contra las trabas del sistema para acceder a las ayudas sociales. Joseba Martínez, un profesor de kárate de 28 años, aún no ha visto este film. “Me lo han recomendado varias personas”, comenta. Cuando se siente frente a la pequeña pantalla, Martínez se verá irremediablemente reflejado en Blake. Sus historias, al fin y al cabo, hablan de una misma guerra.

Este martes, el joven instructor de artes marciales comparecerá junto a representantes de Berri Otxoak (una plataforma en defensa de los derechos sociales) frente a las oficinas de Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) en Barakaldo. Tras haber atravesado su puerta en innumerables ocasiones, esta vez se quedará fuera para denunciar, precisamente, lo que ocurre allí dentro: al igual que en la última película de Loach, Joseba ha topado con el muro de la burocracia. Un muro indestructible, contra el que diariamente se estrellan miles de personas necesitadas. Después de tantos golpes, el profesor de karate ha decidido responder.

Su calvario, desde un punto de vista administrativo, empezó en junio de 2016, cuando se vio obligado a pedir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una prestación mensual dirigida a cubrir las necesidades de quienes carecen de recursos suficientes. O sea, él. “Entonces no tenía trabajo. Luego, cuando empezó el curso escolar, me tuve que dar de alta en Autónomos para poder dar algunas clases de kárate”, explica. En todo este tiempo, Martínez ha tenido que aprender dos cosas: una, sobrevivir con lo justo. La otra: redactar recursos contra la burocracia administrativa.

Joseba Martínez, denunciante de Lanbide.

“Cuando presenté la solicitud, entregué toda la documentación que solicitaban. A los dos meses -recuerda-, rozando el tiempo máximo de respuesta, me enviaron una contestación, solicitándome una burrada de documentos que, en muchos casos, no tenían nada que ver con la prestación”: desde la tarjeta sanitaria hasta el recibo mensual de la piscina municipal de Barakaldo, pasando por un documento catastral sobre el número de habitaciones que tiene la vivienda en la que reside.

El plazo para aportar los documentos era de diez días. “Cuando fui a entregarlos, me dijeron que tenía que solicitar una cita previa”, señala. Se fue. Volvió el lunes. Le repitieron lo mismo. “Les dije que no me iba a mover de allí hasta que no me permitiesen entregar todos los papeles”, recuerda. El funcionario se limitó a darle una fecha de cita, a la que acudió sin titubear. ¿Historia cerrada? Nada más lejos. “A los dos meses, me respondieron que había entregado la documentación fuera de plazo”, indica. Sin embargo, Joseba tiene acreditado que sus papeles fueron debidamente aportados.

Su caso llegó hasta el Ararteko, el Defensor del Pueblo en Euskadi, que acabó dándole la razón. No sólo a él, sino a todas aquellas personas que sufren las trabas administrativas de Lanbide: en un informe hecho público la pasada semana, el Ararteko se hace eco de las quejas ciudadanas recibidas por este asunto y reclama “cambios normativos” que impidan situaciones como la que hoy vive Joseba. “Entre las conclusiones más relevantes está la necesidad de incorporar el principio de proporcionalidad, para evitar que muchas personas que cumplen los requisitos se queden fuera del sistema por conductas que, en ocasiones, responden más bien a descuidos que a incumplimientos o pérdida de requisitos”, destaca el informe.

“Vivir con lo mínimo”

Estas palabras son importantes, pero no suficientes. Por tales motivos, este trabajador autónomo ha decidido presentar una querella ante el Tribunal Contencioso Administrativo para reclamar que se le conceda la RGI. Así lo dará a conocer en la comparecencia de esta mañana frente a la oficina del Servicio Vasco de Empleo de Barakaldo, donde relatará su complicada historia.

“No cobrar la RGI me ha supuesto vivir con lo mínimo, tirando de algunos ahorros y préstamos de dinero”, relata. Su única y última esperanza está en los tribunales, que deberán pronunciarse sobre el procedimiento realizado por Lanbide.

Más allá de lo que decidan, Joseba ya tiene una certeza: cada vez más gente conocerá estos “atropellos por parte de la administración”. “Hay quienes creen que estas cosas no ocurren”, advierte. Su carpeta, con todos y cada uno de los papeles entregados y recibidos, demuestra lo contrario.