"Quienes limpiamos y realizamos los trabajos más invisibles pero que hacen posible el día a día, aún no tenemos plenos derechos laborales" denunciaban. 

Han sido casi 30 las asociaciones y colectivos de trabajadoras del hogar y cuidados las que se han manifestado a las puertas del Congreso de los Diputados. El símbolo de su manifestación eran las escobillas del baño, que iban entregando a los representantes de cada grupo parlamentario, junto a sus reivindicaciones escritas. 

Hace exactamente nueve años que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) adoptó el Convenio 189 por los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores domésticos, con la intención de garantizar la protección de un colectivo "históricamente discriminado" y equiparar sus derechos laborales a los del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, el Convenio 189 aún no se ha implementado en el Estado español. 

No adoptar este convenio implica que las trabajadoras de hogar y cuidados no puedan acceder a derechos básicos como la prestación de desempleo, la equiparación en el cálculo de pensiones, inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales o la protección frente al despido, entre muchos otros. 

"Nuestro colectivo reclama desde hace años, entre otras demandas, su incorporación plena al régimen general de la Seguridad social, para dejar de ser tratadas como trabajadoras de segunda, ¡ni más ni menos!", han defendido. 

Aseguran que "cerca de 200.000 trabajadoras de hogar y cuidados" están trabajando sin contrato, lo cual dificulta la situación de muchas de ellas que se encuentran en situaciones administrativas irregulares, como es el caso de aquellas que han migrado a España. 

Crisis de cuidados

Durante la pandemia, sus trabajos han sido en parte los que han mantenido en pie lugares como las residencias de ancianos, "dejando en evidencia el papel esencial" de sus empleos. "Llamativamente muchos de ellos se caracterizan por ser los más precarios, los peor remunerados y los más feminizados y racializados", aseguran desde los colectivos. 

Piden que la reconstrucción económica y social tras la crisis sanitaria debería afrontarse empezando por reconocer sus derechos pendientes, garantizando la "incorporación efectiva" del Convenio 189 "en la normativa interna, afrontando los cambios legislativos necesarios, estableciendo plazos concretos para su aplicación y con el respaldo de la dotación presupuestaria necesaria".