España es el tercer país de la Unión Europea en el que se consume más agua embotellada, pese a que su precio puede llegar a ser 500 veces más caro que el del agua que sale del grifo de cualquier casa, de cualquier bar o restaurante. Operadores públicos de abastecimiento, organizaciones de consumidores y ecologistas han llevado a cabo diferentes campañas para incentivar el consumo del agua del grifo por dos motivos esenciales: se ahorra dinero y se contribuye a reducir la contaminación causada por el plástico de las botellas. Sin embargo, la legislación en nuestro país apenas ampara estas iniciativas, porque no hay ninguna norma estatal y sólo tres comunidades autónomas han regulado la dispensación obligatoria de agua corriente en jarras en establecimientos de hostelería.  

Cada año se venden en España más de 6.100 millones de litros de agua envasada, una producción que se sitúa como la cuarta más alta de la UE y por la que las empresas del sector facturan cerca de mil millones de euros, según los datos que ofrece la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasada (ANEABE). La organización patronal que representa y agrupa a todo el sector asegura que da trabajo directo a 4.500 personas e indirecto a decenas de miles en todo el país. De acuerdo con sus últimas cifras, el consumo per cápita nacional es de 132 litros al año, más del 97% de aguas minerales naturales, cerca de un 2% de manantiales y el resto de potables preparadas.  

Esos datos revelan la importancia económica de este sector y los intereses en juego para seguir ganándose la confianza de los consumidores españoles, los más propensos de la UE, tras Italia y Alemania, a comprar agua embotellada. Pero, ¿por qué? La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) sostiene que el agua de grifo, que tradicionalmente no tenía competencia en los hogares de este país, ha ido siendo desplazada por las botellas comercializadas por empresas que han creado "marca a través de logotipos atractivos, con estilos y colores determinados para transmitir confianza y con lemas que prometen salud, bienestar y felicidad".

La marca, por un lado, y la mala prensa, por otro. En contra de la idea más o menos extendida acerca del mal sabor o el exceso de cal, dependiendo de los municipios y la fuente de suministro, los operadores públicos aseguran que el agua de grifo puede tener tanta calidad como la que se vende embotellada y que eso se garantiza, además, a través del "control sanitario" que se realiza permanentemente en toda la red de abastecimiento.

Y luego está el precio. De media, un litro de agua del grifo no cuesta ni siquiera un céntimo de euro, concretamente sale a 0,002, un coste que resulta 70 veces inferior que la botella de litro más barata que se pueda comprar en un supermercado y hasta 500 veces menor que lo que se suele pagar, como mínimo, en un establecimiento de hostelería. 

Para luchar contra esa estigmatización, AEOPAS ha desarrollado la campaña Progrifo en varias provincias españolas, con la que pretende generar una imagen de calidad de ese agua, difundir sus cualidades y favorecer el acceso a ella en vías, parques y establecimientos públicos. "Uno de los ejes centrales de la campaña consiste en vestir de gala el agua que es de todos", explica el gerente de la asociación, Luis Babiano. Para ello, han convocado concursos de diseño con el fin de crear una marca y un logotipo del agua de grifo de cada población que pueda ser reconocida por el consumidor en una botella o jarra con un diseño específico, una experiencia que ya se ha desarrollado con notable éxito en capitales europeas como París o Milán. "En algunos casos, como en la ciudad de Cádiz, también ha servido para diseñar una importante red de fuentes públicas que contribuyen, a través de criterios arquitectónicos y geográficos, a crear una ciudad más abierta y saludable", añade Babiano. 

Niegan el agua de grifo en bares

Las organizaciones de consumidores también se han sumado a esta batalla. La OCU lanzó una campaña con el lema "pide una jarra de agua", en la que señalaba que el agua, como "bien básico e indispensable para la vida, debe estar a disposición de los consumidores", y solicitaba por ello adhesiones para conseguir una ley nacional que obligue a establecimientos de hostelería y restauración a ofrecer agua del grifo gratis. Y los datos parecen avalar su campaña: una encuesta realizada por esta organización en marzo del pasado año con cerca de 1.300 personas de 25 a 74 años reveló que al 14% de quienes pidieron agua del grifo en un establecimiento se la negaron, la mayoría de los casos en restaurantes (52%) y en bares y cafeterías (34%).  

Sin embargo, las reivindicaciones de las organizaciones de consumidores han caído, de momento, en saco roto. FACUA también se congratulaba en octubre de 2018 de la proposición no de ley presentada por el grupo de Unidas Podemos en el Congreso, en la que se incluía su petición de aprobar una normativa para garantizar que en todos los establecimientos de hostelería se ofrezca siempre la posibilidad de un recipiente con agua de grifo de forma gratuita, además de hacer campañas de sensibilización para mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de esa agua, apta para el consumo, según diferentes estudios, en el 99,5% del país. Aquella proposición, como tantos otros asuntos, sigue esperando a que se forme al fin gobierno y se reanude de una vez la tarea legislativa. 

A falta de una ley o decreto de rango estatal, en España sólo hay actualmente una normativa sobre este tema en tres comunidades autónomas, Castilla y León, Baleares y Navarra, donde está regulado el derecho a que se sirva agua de grifo sin cobrar en un establecimiento público. Andalucía también lo había reconocido en un proyecto de ley para la promoción de una vida saludable, pero no llegó a ser aprobado por el adelanto de las elecciones autonómicas y el tema ya no ha sido retomado por el nuevo ejecutivo de PP y Ciudadanos. 

Muy pocas botellas recicladas

Tanto las normativas autonómicas aprobadas como las campañas de operadores públicos de abastecimiento y consumidores tienen entre sus objetivos principales la reducción de la contaminación causada por el plástico de las botellas de agua envasada. Greenpeace calcula que cada día se venden en España 51 millones de botellas de plástico, de las cuales unos 10 millones son de agua, y de todas ellas tan sólo se reciclan 20 millones; el resto se convierte en residuos contaminantes que van a parar a vertederos, ríos, mares… 

"El panorama es desolador", dice sin ambages Julio Barea, de Greenpeace España, que achaca el alto consumo de agua embotellada en España a "modas" y "brutales campañas de marketing" que disparan la venta de envases de plástico. "No hay en la tierra un producto natural que tenga tal variabilidad de precio, desde cero céntimos hasta 75 euros el litro", comenta Barea, quien subraya que la calidad del agua del grifo en nuestro país está garantizada y más controlada incluso que la de la que se compra embotellada. 

Las consecuencias de tan alto consumo de agua embotellada son, a juicio de esta organización ecologista, muy claras y contundentes: aumento de las emisiones de CO2 debido al trabajo que se realiza en las fábricas envasadoras y al transporte del producto, y una alta incidencia de contaminación por plásticos a causa de la escasez de reciclaje de los envases tras su consumo. 

Pero los efectos de los plásticos de un solo uso, como las botellas de agua, no se quedan sólo dentro de nuestras fronteras. Las corrientes marinas los extienden y llegan hasta el Ártico y la Antártida, causando estragos en las especies que habitan los mares. Según los datos que maneja Greenpeace, a causa de una mala gestión de los residuos o de su abandono, hasta 12 millones de toneladas de plásticos de todo el mundo acaban cada año en los mares y océanos, formando entre el 60 y el 80% de la basura marina, en su mayoría en forma de microplásticos. 

Mientras en España apenas se mueve nada, la UE ya ha tomado cartas en el asunto y el pasado mes de marzo el Parlamento europeo aprobó desarrollar una nueva normativa para convencer a la ciudadanía de que beba agua del grifo, entre otras razones, para reducir el impacto ambiental que suponen las millones de botellas de plástico de agua envasada que se consumen en los países comunitarios. Este cambio de consumo generaría además, según Bruselas, un ahorro de 600 millones de euros al año a los bolsillos de la ciudadanía europea.