"¡Asesinos!", se ha escuchado desde el público durante la presentación de Verdad y Justicia, una nueva plataforma que busca investigar las muertes en los centros de mayores de Madrid durante la pandemia. En dos meses murieron más de 9.000 residentes, pero ni los políticos del Partido Popular o Vox ni los tribunales han querido identificar responsables. En concreto, la plataforma quiere entender por qué la Consejería de Sanidad realizó protocolos que impedían los traslados hospitalarios a los más vulnerables, dejando 7.291 fallecidos sin recibir asistencia, de ellos, 5.795 con covid.

"Que en plena pandemia el Gobierno de esta comunidad tomara la decisión divina de negar asistencia sanitaria a quienes más lo necesitaban es algo inaudito y debe tener, por lo menos, una explicación", han razonado desde los micrófonos. Además, han señalado que no sólo quieren saber cómo y por qué pasó, sino también averiguar las medidas que hay que tomar para que nunca más se vuelva a denegar a nadie el derecho a ser atendido en un hospital y convertir las residencias "en un lugar de humanidad".

Madrid es la región de Europa con mayor exceso de mortalidad, ha recordado el periodista Jesús Maraña a través de un vídeo durante la presentación, tal y como estableció el barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones. La epidemióloga Verónica Zunzunegui ha explicado que la comunidad gobernada por Ayuso tuvo un 53% de exceso de mortalidad en las residencias con respecto a la media española. La siguiente comunidad fue Castilla y León con un 27%.

Zunzunegui también ha señalado que en la comunidad había 50.000 personas en residencias de mayores. En dos meses murieron más de 9.000, lo que supone un 10% de la población total de estos centros. "Madrid, donde están los hospitales más grandes y la mayor concentración de recursos humanos y de sanidad. ¿Cómo se explica eso?", ha denunciado.

Paula residía en un centro de mayores cuando estalló la pandemia. "Pasamos mucho miedo. Oíamos gritar a nuestros compañeros y no sabíamos qué pasaba. Nadie nos decía nada". Sus hijas decidieron cuidar de ella en casa durante los peores meses de la covid-19, pero cuando volvió a la residencia ya no era igual: "Faltaba mucha gente. Lo he pasado muy mal".

Entre las presentadoras del evento se encontraba Mercedes, quien ya dio su testimonio a Público. Su padre murió el 6 de abril de 2020. "No le sacaron nunca de la habitación. De haberle derivado a un hospital, mi padre estaría vivo o al menos habría tenido la oportunidad de estarlo, pero Ayuso se lo saltó", ha lamentado. Además, ha añadido: "No quiero dinero, quiero justicia. Si estos [los mayores] han estorbado, ¿cuántos más pueden estorbar en diferentes ámbitos?". 

Derrotar mentiras y hacer justicia

Manuel Rico, periodista de Infolibre ha identificado cuatro tipos de mentiras que se deben combatir para establecer la verdad. La primera es que "lo que ocurrió fue un tsunami", pero Rico defiende que habría que investigar cuáles eran las condiciones de la sanidad cuando llegó la catástrofe. "No es lo mismo un tsunami en Japón o en Haití, habría que analizar cómo estaban antes nuestras costas". 

La segunda mentira es que los hospitales estaban colapsados. "El problema no es ese, sino por qué no se utilizaron las alternativas. ¿Por qué Ayuso medicalizó hoteles a los que no llegó ningún residente? La dirección de los hospitales era de mando único. ¿Pero por qué no se trasladó a nadie a los privados a menos que tuvieran seguro privado?"

Los triajes son la tercera gran mentira. Se trata del proceso por el que los médicos priorizan la atención de pacientes en virtud de la urgencia. Pero no fue el personal sanitario quien llevó a cabo los triajes. La Comunidad de Madrid los estableció por código postal mediante los mismos protocolos que prohibían trasladar a las personas más vulnerables a los hospitales.

Esta es, de hecho, la cuarta mentira: afirmar que no existe relación entre las muertes y la decisión de no derivar a estos mayores. "Cuando los traslados vuelven a producirse con normalidad entre el 8 y 10 de abril de 2020, el número de fallecidos se desploma", ha advertido Rico.

La lucha de los tribunales

Las personas afectadas tratan de presionar a las instituciones tanto por la vía política como judicial para que se investigue lo ocurrido durante los primeros meses de pandemia en Madrid. La abogada Alicia Gómez ha señalado a los trabajadores de las residencias como "los grandes olvidados", ya que no recibieron ninguna información "de lo que estaba pasando, lo que podía pasar y cómo actuar".

Desde la plataforma Marea de Residencias han logrado juntar a 15 trabajadores para querellarse contra los directores y consejeros de algunos centros. La abogada ha resaltado la dificultad que supone para el personal iniciar trámites judiciales contra su propio empleador y ha criticado el papel de los sindicatos, que no protegieron entonces a los sanitarios ni lo están haciendo ahora.

Gómez y el también abogado Carlos Vila han lamentado la cantidad de querellas que han sido archivadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Tribunal Constitucional, ante el que se denunció la vulneración del artículo 24 de la Constitución española, relativo al derecho a la investigación judicial efectiva, así como la violación del derecho fundamental a la integridad física en el desempeño del trabajo.

"Nos queda Estrasburgo", ha recordado Gómez. Sin embargo, la decisión de elevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha tomado todavía porque genera muchos gastos. "Confío más en lo que la sociedad civil pueda impulsar la investigación, que podría llevar a generarse un decreto que repare el daño que se ha hecho".