El coronavirus ha desatado un incesante goteo de muertes en el geriátrico municipal Riosol de Monzón (Huesca), donde han perdido la vida 21 internos entre los días 2 y 24 de este mes de noviembre mientras otra decena continúan hospitalizados como consecuencia de un brote al que, al mismo tiempo, han sobrevivido más de un centenar de ancianos.

Esa cadencia de muerte, que pone de nuevo sobre la mesa aspectos como la adecuación del modelo de grandes geriátricos para prestar cuidados en el último tramo de la vida de las personas, se ha llevado por delante a la séptima parte de los internos del geriátrico, de 149 plazas, en apenas tres semanas y después de un brote que llegó a afectar a 126 de ellos y a 23 empleados. La práctica totalidad de los fallecidos padecía otras patologías que se vieron agravadas por los efectos del coronavirus.

“La mayoría de los fallecidos, casi todos de más de 90 años, padecían otras patologías que se agravaron con el coronavirus, pero también es cierto que a algunos se los ha llevado por delante la covid sin que tuvieran otras enfermedades”, explica Salvador Sarrado, concejal de Servicios Sociales y responsable del centro, que señala que “el contagio fue masivo y se produjo por vía aérea. Viven juntos, y si uno enferma puede traspasarlo. Las medidas de aislamiento eran estrictas, pero el virus se las ha saltado”.

El volumen de fallecidos contrasta con la tasa de letalidad, que en el conjunto del brote fue del 14,1% (21 de 149, casi uno de cada siete contagiados) y en el de los internos se situó en el 16,6% (21 de 126, uno de cada seis), un registro bajo para la amplitud del episodio aunque un punto superior al 15,6% del conjunto de los geriátricos de la comunidad, lo que ha llevado a la Consejería de Sanidad a poner en marcha un estudio para analizar la respuesta dada en este caso.

Una centenaria supera la covid sin apenas síntomas

La residencia fue sectorizada por orden del Gobierno de Aragón, que obligó a separar espacialmente a los usuarios que habían dado positivo de los que no desde los primeros días, y se incorporó un internista para intensificar la atención sanitaria.

A la medicalización, pese a la cual los casos más graves fueron trasladados al hospital de Barbastro, se le añade una decisión del médico del geriátrico: “decidió medicarlos a todos desde el primer día, tuvieran o no la covid y presentaran síntomas o no, y parece que eso ha hecho que la evolución haya sido menos grave de lo que podría haber sido”, anota el concejal.

Eso incluyó que una residente de más de cien años haya superado la enfermedad con escasos síntomas. “Los que han resistido han salido fortalecidos y están creando anticuerpos frente al coronavirus”, explica Sarrado.

La residencia comenzará este jueves a recuperar la normalidad con la apertura de los circuitos internos, la vuelta al servicio del comedor y la posibilidad de acceder al jardín. Los no contagiados llevan mas de tres semanas aislados en sus habitaciones, mientras que los positivos llevaban unos días saliendo de ellas y utilizando algunos espacios comunes, como la sala de televisión y la de lectura.

“Esto no deja de ser una casa, y en las casas en las que toda la familia está contagiada sus miembros pueden moverse libremente porque ya no van a contagiar a nadie más”, añade el concejal.

Una mortalidad geriátrica ligeramente superior a la estatal

Las residencias están siendo el principal foco de mortalidad de esta pandemia en Aragón, donde, según los datos del Boletín Epidemiológico, han sido el escenario de más de la mitad de los brotes, con 391 de 770 que doblan con creces los 156 de los entornos laborales y sextuplican los 67 de la enseñanza. Al cierre de la semana pasada los geriátricos concentraban 55 de los 86 episodios activos, lo que supone casi dos terceras partes.

Además de la frecuencia con la que se producen, llama la atención su letalidad, ya que ese indicador, que mide la tasa de fallecidos por contagiados, ha llegado a triplicar de largo el que se da en el global de la comunidad. “La letalidad por covid-19 en el conjunto de brotes es del 10%”, señala la última actualización del boletín, mientras que “entre usuarios de centros residenciales” fue del “36,3% hasta el 31 de mayo y es del 14,1% desde el 1 de junio hasta hoy”.

En el primero de esos periodos fallecieron 738 ancianos en los 121 episodios comunitarios registrados en esos centros, en los que se detectaron 2.812 contagios, mientras que en el segundo murieron 459 en 270 brotes con 4.858 positivos.

Los 1.197 fallecidos en residencias suponen algo más del 54% de las 2.208 víctimas mortales de la covid-19 en la comunidad. Pero, al mismo tiempo, suponen apenas el 10% de los contagiados, con 7.670 de 71.018 a 15 de noviembre.

Esa tasa de fallecidos resulta ligeramente superior a la media estatal, que, según el recuento que lleva TVE, se sitúa en el 53% con 23.131 víctimas mortales a 24 de noviembre, aunque otros estudios, como el que prepara un grupo de expertos para el Gobierno central, sitúa esa cifra por encima de 20.000 en la primera ola, hasta el 23 de junio.

"Hay que adoptar medidas para evitar que se repita"

Esa elevada mortalidad, que cuestiona por sí sola la adecuación del actual modelo de residencias para cuidar a los mayores, ha activado varias iniciativas con las que, de nuevo, la comunidad se sitúa como pionera en materia de servicios sociales y estado del bienestar; en ambos casos, con un propósito más analítico y propositivo que investigador y culpabilizador.

Una fue la investigación del Justicia, el equivalente autonómico del Defensor del Pueblo, cuyo informe sobre los efectos de la covid en esos espacios aportaba conclusiones como esta: “el número de personas fallecidas en centros residenciales de mayores en Aragón no tiene una correlación lógica con las defunciones de otros sectores de la sociedad en sus domicilios particulares, al igual que no lo tienen las situaciones de deterioro y sufrimiento acaecidos en dichos ámbitos residenciales durante la pandemia del covid-19, lo que debe llevar a la adopción de medidas para evitar su repetición".

Ese documento esbozaba alternativas para la “redefinición del modelo asistencial" para los mayores en la línea de explorar "nuevos modelos convivenciales" como las viviendas colaborativas y las tuteladas, cuyo coste es menor que el de las residencias. Algunos ayuntamientos de zonas rurales han comenzado a estudiar la viabilidad de ese proyecto.

Analizar en lugar de investigar, proponer sin culpabilizar

La segunda iniciativa se desarrolla en las Cortes de Aragón, donde una comisión de estudio analiza desde mediados de mayo “los criterios que deben regir la reestructuración de la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón así como las medidas y modificaciones legislativas y el estudio de viabilidad de las mismas”.

“La idea es avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados”, explica su coordinadora, la diputada socialista Pilimar Zamora, para quien “la pandemia ha puesto de manifiesto la existencia de un problema estructural” en ese ámbito que las Cortes han aprovechado (a propuesta de la popular Marian Orós) como “ventana de oportunidad” para abordarlo.

El planeamiento es diametralmente opuesto al de otras comunidades como la de Madrid, cuyo parlamento ha optado por el formato de la comisión de investigación, un modelo cuya aplicación se debate estas semanas en Murcia, y puede que próximamente en Castilla y León, y que ha sido rechazado en Andalucía, Extremadura, Galicia o La Rioja.

“Estamos recopilando relatos en primera persona de expertos, responsables de centros, alcaldes, empresas, familiares de usuarios, el Justicia y todos los agentes que intervienen en ese ámbito para, a partir de ahí, tratar de llegar a un dictamen con el mayor consenso posible”, apunta Zamora, que destaca que “todo el enfoque va dirigido al análisis de los criterios sobre cómo deben gestionarse esos cuidados y a estudiar las modificaciones legales que serían necesarias para conseguirlo y la manera de abordarlas”.

La tarea de la comisión incluye seis aspectos concretos: evaluar la gestión de la crisis sanitaria y su incidencia en los centros residenciales de mayores, valorar la situación actual de esa red de centros residenciales, definir “el tipo de modelo residencial que queremos para Aragón”, lo que incluye el diseño, el tamaño óptimo y las infraestructuras y cualificación de los profesionales que serían necesarias, revisar tanto la normativa existente como las ayudas a la dependencia para las prestaciones vinculadas a este servicio y, por último, plantear medidas para financiar y sostener ese aparato.