Las negociaciones multilaterales de la Cumbre del Clima de Glasgow avanzan lentas y sin apenas novedades. En esta primera semana de COP26 apenas se han anunciado acuerdos relevantes de alto nivel y, de los plenarios, sólo salen alegatos y palabras. El "bla, bla, bla"–que diría Greta Thunberg– no termina de materializarse y los observadores internacionales que han acudido a Escocia ya han denunciado la falta de transparencia e información, en parte, derivada de las restricciones de aforo de la pandemia.

El libro de reglas del Acuerdo de París permanece tal cual llegó a Glasgow. Las delegaciones llegaron con el compromiso de retomar lo que no consiguieron cerrar en las negociaciones de Madrid de 2019: las herramientas que den sentido a lo acordado por las partes en París en 2015. Entre todos los puntos, la reunión de este año resulta fundamental para esclarecer cómo se desarrollará el artículo 6 del histórico tratado contra la crisis climática, un punto que hace referencia a la creación de un mercado de carbono internacional (similar al europeo ETS).

Por el momento, el único avance del que hay conocimiento es el de la publicación, en la web de la COP26, de varios borradores que desarrollan diferentes versiones del problemático artículo 6 del Acuerdo de París, un punto que invita a los Gobiernos a crear un mercado de carbono internacional que sustituya al envejecido sistema de comercio de emisiones acordado en Kioto en los noventa–el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)–. Las negociaciones se terminan encallando porque algunos países como India o Brasil poseen numerosos créditos adquiridos en el anterior MDL y reclaman poder conservarlos en el nuevo mercado de emisiones de CO2 que nazca –si finalmente se consigue un acuerdo– en Glasgow. Tradicionalmente la Unión Europea y el bloque de países africanos se han opuesto a ello. Todavía se desconoce como se resolverá este punto.

Este mercado internacional de CO2 significa, en una forma muy resumida, que un país que excede sus emisiones paga a otro que no lo hace para equilibrar la balanza global de gases de efecto invernadero. Si no se plantea bien esto puede incrementar desigualdades y propiciar que los países industrializados usen a los menos desarrollados para seguir contaminando la atmósfera. En ese sentido, algunos bloques, como el de los pequeños Estados insulares, tradicionalmente han reclamado que se elabore un objetivo general de emisiones que obligue a reducir a posteriori la cuota de CO2 que un Estado haya podido comprar. Este es otro punto que en la próxima semana deberán resolver para salvar el Acuerdo de París.

La financiación para las regiones más vulnerables a la crisis climática es la otra cuenta pendiente de los equipos de negociación que han acudido a Glasgow. Las partes llegaron a la cumbre con la intención de ampliar el Fondo Verde de Adaptación con un acuerdo de 100.000 millones de euros anuales. Por el momento, apenas ha habido noticias sobre un nuevo acuerdo, por lo que la cifra se mantiene estancada en los 89 millones anuales acordados en IFEMA en la COP25 de Madrid-Chile.

Alianza contra el metano y diez años más para deforestar

En estos primeros días de negociaciones se han anunciado algunos acuerdos, aparentemente relevantes. Por un lado, más de 100 países han firmado una alianza, encabezada por EEUU y la Unión Europea, para reducir las emisiones de metano un 30% de cara a 2030. Este gas es el causante del 25% del calentamiento del planeta y habitualmente permanece fuera del alcance del multilateralismo de las cumbres. Sin embargo, se trata de un convenio no vinculante que dependerá de la buena voluntad de los países. Los colectivos ecologistas denunciaron rápidamente que el pacto dejaba fuera la actuación severa sobre la ganadería industrial, responsable del 40% de las emisiones de metano a escala global. Además, varios grupos de expertos, según recoge infoLibre, han cuestionado la ambición de la alianza y han reclamado una reducción del 50% para conseguir mantener la subida de temperaturas por debajo del 1,5ºC.

En otras conversaciones, un grupo de cien países –que representan el 85% del área boscosa del planeta– lograron un acuerdo agridulce para poner fin a la deforestación. Los Gobiernos firmantes, entre los que se encuentra Brasil, se comprometían este martes a dejar de talar árboles en todas las áreas protegidas en 2030, algo que ha sido interpretado de manera negativa por los colectivos ecologistas presentes en Glasgow. La pregunta que generaba este anuncio es qué va a ocurrir en estos diez años que preceden la fecha tope para acabar con el corte de flora. ¿Diez años de carta libre? "Toda la ciencia nos indica que estas masas ecosistémicas, que son sumideros de carbono, deben estar en su mejor estado para poder absorber las emisiones de una economía global que sigue en crecimiento", explicaba a Público Javier Andaluz, miembro de la Red de Acción por el Clima (CAN, por siglas en inglés) y portavoz de Ecologistas en Acción.

La COP del 'greenwashing' y desigualdad

"Os podéis meter la crisis climática por el culo". Así de contundente se mostraba el pasado martes la activista Greta Thunberg, que ha acudido a Glasgow junto con decenas de miles de jóvenes de todo el mundo con la intención de presionar a la clase política para alcanzar un buen acuerdo. Sus palabras reflejan el hartazgo de buena parte de la sociedad civil que ha visto como esta cumbre del clima se ha convertido en una de las más desiguales de la historia.

Buena parte de la culpa de ello la tienen la covid-19 y las constantes restricciones de aforo a los recintos donde se desarrollan las negociaciones y charlas relacionadas con la crisis climática. Algunos activistas españoles explican a Público que ni siquiera han podido entrar con mensajes reivindicativos y pancartas en la zona verde, el espacio destinado a la sociedad civil, las empresas y parte de la comunidad científica. Tampoco los periodistas lo han tenido fácil. Los profesionales de la información han tenido que enfrentarse a un recorte previo a la COP de las inscripciones, pero, además, los que consiguieron asistir, han visto cómo algunos días se limitaba el acceso alegando razones de salud pública por la covid.

De partida, la pandemia ha sido un impedimento importante para que todos los miembros de la sociedad civil puedan acceder a esta cumbre. Principalmente, han sido los activistas de los países del Sur Global  –los que sufren más las consecuencias de la crisis climática y los que menos contribuyen a ella– los que más impedimentos han tenido, debido a proceder de regiones con falta de acceso a vacunas. Tanto que la Climate Action Network, la plataforma que aglutina a más de mil organizaciones ecologistas, pidió que se suspendiera la COP26 en el mes de septiembre. 

Frente a estas restricciones, pabellones al servicio de las grandes multinacionales para lavar su imagen de verde. Climática informaba este viernes de que las once princEipales empresas patrocinadoras de la COP26 habían emitido 350 millones de toneladas de CO2 en 2020, más cantidad de gases de los que suma Reino Unido en un año. La clase política tampoco ha predicado con el ejemplo. El caso más visible ha sido el de Boris Johnson, que abandonó la capital de Escocia el martes para ir a Londres en jet privado para participar en una cena con excompañeros de trabajo. 

Todo ello ha empañado esta primera semana de negociaciones. Los jóvenes de Fridays For Future, que han inundado las calles de Glasgow durante la mañana del viernes, ya han denunciado que este encuentro internacional va camino de convertirse en el "más exclusivo" y desigual de la historia. La clase política, sin embargo, está a tiempo de romper la tendencia de fracasos que marcan los acuerdos climáticos del último lustro.