El Congreso vota seguir tramitando la propuesta de ley LGTBI de Unidos Podemos

El Congreso vota este martes la toma en consideración de la proposición de ley contra la discriminación de gais, lesbianas y transexuales (LGTBI), promovida por Unidos Podemos, que servirá para conseguir que la "igualdad legal del colectivo sea también real".

Así lo ha manifestado a Efe el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELTGTB), Jesús Generelo, que ha expresado su confianza en que los grupos parlamentarios "cumplan sus compromisos" y aprueben el paso a trámite de esta ley "fundamental para ayudar a un colectivo de más de cuatro millones de personas a ser más felices en su día a día".

Generelo ha recordado que la Ley de Igualdad LGTBI se presentó el pasado 4 de mayo en el Congreso de los Diputados y contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del popular.

Sin embargo, ha destacado que "durante la celebración del Orgullo Mundial también el PP anunció su apoyo al paso a trámite de esta Ley".

En este sentido, hace unos días, la portavoz del grupo confederal de Unidos Podemos, Irene Montero, también se mostró confiada en que nadie se oponga a la tramitación de la iniciativa y avanzó que durante el proceso de enmiendas se puedan "cambiar algunas cuestiones" de la propuesta que, de ser aprobada, -dijo- "cambiará la vida a millones de personas igualándolas en derechos".

La proposición de ley pide también la "despatologización de la transexualidad" y la creación de un Centro de Memoria Histórica LGTBI, según Montero, para quien la iniciativa es "pionera" en materia de derechos de gais, lesbianas y transexuales.

Controversia por las sanciones administrativas

Entre las modificaciones que introducirá Unidos Podemos a su propuesta de ley figura una posible corrección para excluir las sanciones administrativas por delitos penales que prevé el texto inicial.

La propuesta inicial prevé multas administrativas de entre los 3.000 y los 20.000 euros por publicar en internet o en las redes sociales contenidos ofensivos o vejatorios contra las personas LGTBI o sus familias.

Este aspecto recibió numerosas críticas, entre las que destacan las de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que consideró la iniciativa una "amenaza a la libertad de expresión" que "permite la censura y es inconstitucional".