Comunidad de Madrid El 90% de los concertados madrileños cobra cuotas "obligatorias" irregulares a las familias

La FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid un informe donde denuncian que la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas irregulares a las familias, siendo "obligatorias en un 90% de los casos", en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación", que establece que ha de garantizarse la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.

Estas cuotas van  en contra de la gratuidad exigida a los centros con financiación pública

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se realizó entre marzo y abril con entrevistas en colegios concertados, de titularidad privada pero financiados con recursos públicos, "simulando ser familias que tienen interés en matricular a sus hijos en el próximo curso escolar".

En total, para elaborar el informe se realizaron visitas a 50 colegios concertados de la Comunidad de Madrid con alguno de estos dos requisitos: tener titularidad mercantil o pertenecer a la denominada "nueva concertada", siendo centros posteriores al año 2000 con cesión de suelo público. "Tan solo en cinco colegios nos indican de manera clara que se trata de una cuota voluntaria", se lee en el informe.

La FAPA Giner de los Ríos y CICAE denuncian que "la totalidad de los colegios concertados analizados" cobran este tipo de cuotas irregulares a las familias con un importe medio mensual de 153 euros. "Las familias desembolsan anualmente más de 3.000 euros por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor", aseguran.

Estos cobros se denominan de dos formas, se precisa en el informe. Como "actividades complementarias", con "cierta indefinición en su contenido" que se justifican "mediante el argumento de las horas de más que hacen con respecto a colegios públicos", o como "aportación voluntaria" con el argumento de "insuficiente financiación por parte de la administración".

Los impagos conllevan "exclusión"

Además, el informe que ha presentado la FAPA y CICAE asegura que en el 44% de estos centros "el impago de la cuota implica la exclusión del alumno" de actividades en el centro educativo. "La solución que ofrecen algunos de ellos es la posibilidad de que la familia se haga cargo del estudiante en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder, o bien ubicarlo en otra sala con o sin atención", explican.

El no pagar excluye a los alumnos de algunas actividades organizadas por el centro

Los centros concertados analizados ofrecen "una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario", añaden. "En algunos casos, aglutinan diferentes conceptos de cobros dentro de un importe global y en otros imponen la contratación de servicios para poder acceder a otros recursos o actividades", especifican FAPA y CICAE.

El 64% de los 50 colegios madrileños visitados no mencionan que esta cuota irregular tiene un carácter no lucrativo en la información que ofrecen a las familias, algo que puede suponer "motivo de retirada del concierto" si los centros se lucran con estos cobros, aseguran los autores del informe.

No más suelo público

El presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Camilo Jené, y la directora general de CICAE, Elena Cid, que se han encargado de registrar el informe en la Asamblea de Madrid, han reclamado al Gobierno regional que no se ceda más suelo público para construir colegios privados al considerar que funcionan con un modelo de "copago y no gratuidad para las familias".

Además, piden a la Comunidad de Madrid que se prohíba a estos centros "realizar actividades complementarias que no sean gratuitas para todos los alumnos dentro de la jornada escolar". También que los colegios concertados tengan una "supervisión prioritaria por parte de la inspección educativa de la garantía de gratuidad" y un "control de los costes y de la ausencia de lucro en estas actividades".