BRUSELAS.- El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, visitará por primera vez Ceuta y Melilla el 20 y el 21 de abril para conocer sobre el terreno la situación que viven los inmigrantes que tratan de entrar en España y la respuesta de las autoridades, en particular la nueva legislación sobre devoluciones en caliente.

"El objetivo es hacer balance de la situación sobre el terreno en Melilla y Ceuta, también a la luz de la legislación recientemente adoptada sobre medidas de control de fronteras", ha explicado la portavoz de Inmigración, Natasha Bertaud.

La visita de Avramopoulos responde a una invitación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y se produce justo después de que el responsable de Inmigración haya viajado a Marruecos. El comisario de Inmigración pasará también por Madrid antes de viajar a Ceuta y Melilla.

El Ejecutivo comunitario ya ha pedido al Gobierno español en diversas ocasiones información detallada sobre casos de uso de violencia contra inmigrantes en las vallas fronterizas de las dos ciudades autónomas y está examinado los cambios normativos para regularizar los rechazos en frontera en las ciudades autónomas con el fin de determinar si se ajustan a la legislación de la UE.

El propio Avramopoulos dijo en marzo que esperaría a pronunciarse sobre las devoluciones en caliente hasta viajar a Ceuta y Melilla para conocer de primera mano la situación. Bruselas "quiere garantizar que el marco legal nacional y su aplicación respeten los estándares exigidos por la legislación de la UE", ha señalado la portavoz.

Demandas de asilo

La Comisión considera que "el reciente establecimiento de oficinas en la frontera para solicitudes de protección internacional en Ceuta y Melilla es una evolución positiva". No obstante, reclama "garantizar que el punto fronterizo sea accesible en la práctica para permitir a los demandantes de asilo presentar su solicitud sin tener que escalar las vallas fronterizas".

Aunque admite que el uso de concertinas en las vallas fronterizas no está prohibido por la legislación de la UE, Bruselas ha recomendado a España que use "medidas alternativas" de vigilancia basadas en el análisis de riego, la cooperación y el intercambio de información.

El Ejecutivo comunitario insiste además en que "cualquier medida de vigilancia fronteriza debe ser proporcional a los objetivos perseguidos y debe respetar el derecho internacional y el principio de no devolución".