MADRID.-  "Los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas". Lo dice el artículo 9 de la Constitución, pero la LGTfobia es una de las principales causas de los delitos de odio y el motor de la mayoría de casos de acoso escolar. Para acabar con este tipo de discriminación y subsanar las carencias legislativas que todavía persisten, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este miércoles un proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género" que busca el apoyo de todos los partidos políticos.

La propuesta tiene un espíritu pedagógico y plasma medidas en el ámbito laboral, sanitario, educativo, familiar, judicial, de la cooperación y del derecho de asilo. Aunque pretende prevenir más que castigar, también contempla sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros. "Trabajamos contra siglos de estigma y la invisibilidad de la discriminación ha acabado desembocando en la impunidad ante ella", ha explicado el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo.

El objetivo del borrador de la ley —desarrollada en 18 capítulos y 96 artículos con una perspectiva transversal— es "cambiar el imaginario colectivo" y, de momento, todos los partidos excepto el PP han asumido en sus programas la mayoría de artículos del documento. De hecho, han sido las comunidades autónomas las que han marcado el ritmo de este proceso. Catalunya, Galicia, Extremadura, Balears, Murcia y Madrid ya han aprobado leyes de Igualdad LGTBI y Andalucía, Aragón, Asturias, Navarra y País Valencià las tienen en proceso. Hay leyes integrales de Transexualidad en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias y Madrid, y Asturias, Aragón y País Valencià ya están trabajando en ellas. "España es un país a 12 velocidades en materia de Derechos Humanos", ha denunciado Generelo.

Para lograr cierta unidad en la legislación, la FELGTB propone la creación de órganos públicos: un consejo Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, una comisión interministerial de Políticas LGTBI, varias fiscalías de Delitos de Odio, un Plan Integral sobre educación y diversidad y un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

La proposición de ley recoge el derecho a la autodeterminación de la identidad de género, la despatologización de la transexualidad y la protección de las uniones de hecho y de derecho entre parejas del mismo sexo y sus hijos. Como ha detallado Charo Alises, abogada y miembro del grupo de juristas de la FELTGB, el texto refleja la prohibición de terapias que quieran revertir la orientación sexual, el acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida "a cualquier persona capaz de gestar", la inscripción al registro civil de hijos nacidos por gestación subrogada cuando al menos uno de los progenitores es español y la supresión del requisito de matrimonio a parejas de lesbianas para que se reconozca la filiación de la madre no gestante.

El documento —fruto de "meses de trabajo, consultas a expertos y reflexión interna" dentro de la federación— es una "ley del pueblo para el pueblo", en palabras de Generelo, que supone "un paso adelante hacia la igualdad real". En la presentación del borrador estaban presentes la diputada socialista, Ángeles Álvarez; el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; el secretario de Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzabal; y la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli.