Interior reabre el CIE de Barcelona tras ignorar la orden de cese de Colau

BARCELONA.— La Delegación del Gobierno en Catalunya ha anunciado que este mismo jueves ha procedido a la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la orden de cese de la actividad de este centro decretada por la alcaldesa Ada Colau.

Convocatoria contra la reapertura

Organizaciones sociales y ONGs de Defensa de los Derechos Humanos han encabezado frecuentes protestas contra la presencia del CIE, y ha reaccionado rápidamente ante la decisión de Interior de ignorar el mandamiento de Colau. La asociación Tanquem els CIE ha convocado una concentración para este jueves a las ocho de la tarde en protesta contra la decisión de la reapertura. A la convocatoria se ha sumado la CUP. 

[CONVOCATÒRIA] El govern vol reobrir el CIE AVUI. Per això, vine AVUI a Pl. Sant Jaume a les 20h. #ClausuraCIE pic.twitter.com/8xfg2XShpi

— Tanquem els CIEs! (@TanquemElsCIEs) 7 de julio de 2016

Orden del Ayuntamiento de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció horas antes que la orden municipal de cierre del CIE de la Zona Franca por carecer de licencia de actividades supone "avanzar en la defensa de los derechos humanos". 

Interior tiene un mes para recurrir ante el Ayuntamiento, el cual tendría tres meses para responder; y entonces "pueden ir al juzgado si no están de acuerdo con la resolución", ha explicado el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens

El CIE está cerrado desde el pasado 5 de noviembre por obras de mejora y tenía que reabrir en mayo, pero el Ministerio del Interior lo pospuso. El Ayuntamiento de Barcelona, el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, la conselleria de Justicia y entidades ciudadanas habían pedido reiteradamente el cierre definitivo del centro. El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha avisado, antes de conocer la decisión de Interior, de que el Ayuntamiento iniciará medidas coercitivas si el ministerio se "coloca en una situación de desobediencia" ante la orden de cese emitida por el Consistorio.

En rueda de prensa, Asens ha explicado que Interior tiene un mes para recurrir ante el Ayuntamiento, el cual tendría tres meses para responder; y entonces "pueden ir al juzgado si no están de acuerdo con la resolución": si el consistorio contestara ese posible recurso, el Ministerio podría impulsar un contencioso administrativo en dos meses, y en seis meses si el Gobierno municipal no contestara ese recurso.

Las obras de mejora y la cuestión de las licencias

Fue la comisión judicial encargada del control del CIE la que ordenó que el centro de la Zona Franca se sometiera a unas obras de acondicionamiento para mejorar las condiciones de los internos, lo que ha provocado que este centro haya estado cerrado desde el 5 de noviembre de 2015.

El edificio, propiedad de la Policia Nacional, tiene licencia como comisaría de policía, enfermería de animales, galería de tiro y cafetería, por lo que, según el Ayuntamiento de Barcelona, sólo podría reabrir si en el futuro obtenía la licencia de residencia para un colectivo de personas y cumplía con los requisitos de seguridad

Estas obras, con un presupuesto de 354.603 euros, han comportado la instalación de aseos en las 46 habitaciones del CIE, de medidas de seguridad en las literas —como la instalación de escaleras y quitamiedos en las superiores— y la modificación del espacio para los servicios médicos, mientras que también se ha reforzado un muro exterior de acceso al centro. En junio de 2015, meses antes de que el CIE cerrara por obras, el Parlament aprobó una propuesta, aplaudida por varias ONG de defensa de los Derechos Humanos, que instaba al Gobierno a cerrar definitivamente esta instalación, para sustituirla por medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.

Conflicto entre la secretario de Estado y Barcelona

La Secretaría de Estado recurrió la notificación del consistorio de Barcelona, alegando que el documento del Ayuntamiento no citaba en ningún momento ni el precepto vulnerado ni ningún razonamiento jurídico que acreditara una supuesta vulneración, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.