Código Penal La Comisión sobre delitos sexuales propone que tanto el abuso como la agresión sean consideradas como "violación"

La sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, a la que el Ministerio de Justicia encargó la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal tras la polémica sentencia de La Manada, propondrá que en la reforma del Código Penal se suprima el "abuso" y que todos los delitos sexuales sean considerados "agresión" o "violación".

Este es uno de los puntos en el que están "de acuerdo" todos los miembros de la Comisión de expertos, que se reunirán el próximo jueves, según han indicado fuentes cercanas a la Comisión de Codificación. En todo caso, las mismas fuentes precisan que el borrador es "provisional", que lo están estudiando un total de 30 personas y que, por lo tanto, está "sujeto a debate".

En este sentido, subrayan que la propuesta sobre los delitos sexuales para que lo que antes era considerado abuso sea ahora "agresión", o "violación" si hay penetración, no es la única que se plantea. De esta forma, los miembros de la citada Comisión deberán ponerse de acuerdo sobre otros conceptos de tipificación, agravantes o modificación de algunas conductas.

Las actuaciones en grupo se ven recogidas en el artículo 179, que se ocupa de las violaciones, es decir, aquellas en las que hay "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías". En concreto, establece penas de prisión de cuatro a diez años cuando no concurre violencia, intimidación o actuación en grupo, y de seis a doce, cuando sí existiera alguna de ellas.

Actualmente, el Código Penal castiga con hasta 15 años de cárcel a los responsables de agresión sexual, entendiendo como tal, un atentado contra la libertad sexual de otra persona, "utilizando violencia o intimidación". Por su parte, el abuso sexual, entendido como un acto que atenta contra la libertad sexual "sin violencia o intimidación", es castigado con hasta diez años de prisión.

El pasado 15 de noviembre tuvo lugar la última reunión de la Comisión y durante la misma se pusieron sobre la mesa dos borradores. Uno de ellos contemplaba la posibilidad de abordar la reforma legislativa estableciendo un único delito contra la libertad sexual, incluyendo en un mismo tipo el delito de agresión, la violación, y el de abuso; mientras que la otra alternativa planteaba acometer esta reforma manteniendo la tipificación separada.

Debido a que en ese momento existía disparidad de opiniones sobre si mantener la tipificación separada o unificada y con el objetivo de dar continuidad a los trabajos, los expertos se emplazaron a seguir analizando la cuestión y acordaron volver a reunirse para seguir debatiendo las propuestas un mes después, en concreto, el próximo jueves 13 de diciembre, para avanzar hacia un borrador definitivo.

Este órgano mantuvo su primera reunión el 24 de mayo de 2017, cuando aún gobernaba el PP y, por tanto, bajo el encargo del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá. Tenían encomendado el estudio de los delitos sexuales tras la condena a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso sexual y no de agresión al considerarse que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. La condena fue confirmada esta misma semana por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Si bien, los trabajos de la Comisión empezaron oficialmente tras reestructurarse su composición, ya que inicialmente estaba integrado únicamente por hombres, lo que desató cierta polémica.

Finalmente, se garantizó el equilibrio entre hombres y mujeres en ella ya que quedó integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes. Además, para abordar este estudio concreto, otras dos mujeres fueron nombradas vocales adscritas y, junto a ellas, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española es vocal nata de la comisión.

A su llegada al Ejecutivo, la ministra Dolores Delgado mantuvo el encargo a la comisión y tomó la decisión de ampliar el plazo concedido para las conclusiones porque también decidió ampliar el objeto del análisis encomendado al órgano, que debe examinar si, desde una perspectiva de género, es necesaria una reforma más amplia del ordenamiento jurídico.