MADRID.- Más de 250 entidades políticas, vecinales, sindicales, entre las que destacan Tanquem els CIEs, SOS Racisme, Migrastudium y Stop Mare Mortu, han convocado una manifestación este sábado para cerrar los ocho Centros de Internamiento para Inmigrantes (CIE) que hay en España, por donde pasan aproximadamente 10.000 extranjeros cada año. "Los CIEs deben cerrar sus puertas, es injusto que se retenga a alguien sólo por ser inmigrante", dice Andrés García Berrio, abogado y miembro de la asociación Tanquem els CIEs.

La cita para protestar contra estos espacios se realizará frente al que hay en la Zona Franca de Barcelona. "Hemos llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya para que el futuro 2 de julio den su apoyo a la propuesta que presentaremos ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlament", señala el abogado.

Las plataformas quieren instar al Gobierno a que cierre estos centros, "concretamente el de Barcelona, en un plazo mínimo de 6 meses", añade. Una idea que llevó a la práctica Alexis Tsipras el pasado mes de marzo, dejando a 300 personas en libertad en Grecia.

Desde SOS Racisme consideran que "debería derrogarse la Ley de Extranjería" y que es "innecesario que los inmigrantes deban pasar 60 días en los CIEs", aseguraba Alba Cuevas. "En un cambio de ciclo político los derechos humanos deben ser lo primero. Creemos que estamos más cerca de conseguirlo desde que Ada Colau ha llegado".

En este sentido, la iniciativa de este 20 de junio quiere que el equipo de BComú, que se ha posicionado claramente contra la existencia de estos centros, meta presión al Ministerio del Interior, de quien dependen en última instancia los CIEs. 

Un grupo de inmigrantes en el CIE de Hoya Fría (Tenerife) / EFE

Los centros de internamiento para inmigrantes "vulneran los derechos humanos y durante la deportación se llegan a producir hasta torturas y malos tratos", protesta García Berrio, quien considera que "la muerte del joven de origen guineano Idrissa Diallo en el CIE de la Zona Franca de Barcelona despertó realmente a la ciudadanía".

Las asociaciones denuncian que "la mayor partida económica se la lleva la repatriación y no las políticas de integración. Para Europa lo importante es "cerrar sus países y que haya personas con menos derechos para poder trabajar en condiciones inferiores", protesta García Berrio. Las vallas entre Melilla y Marruecos cuestan al Estado al menos 10 millones de euros al año; detener en España y deportar a sus países de origen a los refugiados, unos 49 millones anuales.