Son los barrotes más lejanos. Son las cárceles que separan a los presos de la calle y, al mismo tiempo, de su país de origen. En ese complejo escenario conviven a día de hoy casi mil presos españoles que se encuentran en prisiones del extranjero. Ese dato aparece reflejado en una respuesta escrita enviada por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había solicitado información al respecto.

"Hemos formulado esa petición de información ante las denuncias de algunas personas presas en relación a la desatención de los servicios consulares y la lentitud en los procesos de repatriación en los casos de aquellos estados con los que hay acuerdos de cumplimiento de penas", señaló el diputado a Público.

​Según la respuesta remitida la pasada semana por el Gobierno, a 31 de enero de
2020 constaban un total de 946 ciudadanos y ciudadanas de origen español –831 hombres y 115 mujeres– detenidos en el extranjero. 572 habían sido detenidos por tráfico de drogas y 374 por "otros motivos" que el Ejecutivo no identifica. Además, señala que "de los 946 detenidos, 522 están cumpliendo condena".

El Gobierno no establece los países donde se encuentran presas estas personas. "Ya lo hemos pedido en dos ocasiones, pero no nos contestan. Lo pediremos una tercera", afirmó Iñarritu.

En su respuesta, el Ejecutivo ofrece datos sobre los casos de presos que han solicitado su traslado a España para seguir cumpliendo su condena en este país. Se trata, según esta respuesta parlamentaria, de 117 personas.

El Gobierno indica que actualmente hay 54 expedientes en tramitación de reclusos que se encuentran fuera de la Unión Europea y que reclaman regresar a España. De acuerdo a este informe, "11 expedientes están pendientes de autorizar por el Gobierno español, cinco de ellos previsiblemente sean autorizados en las próximas semanas y en otros casos aún no se ha recibido la documentación que debe remitir el Estado de condena para que se pueda proceder a la autorización del Gobierno español".

A la espera de traslado

Asimismo, el Ejecutivo indica que 43 expedientes "ya han sido autorizados por el Gobierno de España y están a la espera de su traslado" a este país, "bien porque el estado de condena todavía no ha dado su autorización, o bien porque pese a estar ya autorizados por ambos países todavía no se ha materializado el traslado (si bien ello depende de las autoridades policiales)".

"Esta información se refiere a traslados desde países no miembros de la Unión
Europea, pues en el ámbito de la Unión Europea, desde diciembre de 2014, se aplica en España la Decisión Marco 2008/909 sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales que imponen penas privativas de libertad, en virtud de la cual el traslado se lleva a cabo sin intervención del Ministerio de Justicia", añade en su respuesta.