MADRID.- "Si alguno de los contrayentes [de matrimonio] estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”. De esta forma quedará redactado el artículo 56 del Código Civil tras la última reforma del PP.

La modificación, que entrará en vigor el 30 de junio de 2017, impedirá que las personas ciegas o sordas se puedan casar libremente, ya que su decisión estará condicionada por lo que diga un perito médico. La reforma se produjo en 2015, y supone meter en el mismo saco a los ciegos, a los sordos, a los mudos y a personas con deficiencias mentales, a las que no se les presume aptitud suficiente para prestar el consentimiento matrimonial.

La norma podría pecar de anticonstitucional, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y también en contraria a la Convención Internacional ratificada en 2008 por España en la que se insta a prohibir cualquier tipo de discriminación por discapacidad.

La reforma ha movilizado al CERMI, que no sólo pide que no entre en vigor, sino que propone un texto alternativo: "Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Las personas con discapacidad que precisen apoyos para la toma de decisiones no podrán ser excluidas por motivo de su discapacidad del derecho a contraer matrimonio, siendo obligación de las autoridades y funcionarios que intervienen es estos procedimientos proveer de los apoyos necesarios para la formación y emisión de su consentimiento."