La jueza de Instrucción número 19 de Madrid, encargada del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, ha solicitado una investigación por un posible "delito de tortura" por parte de un policía a uno de los internados en este centro Madrileño.

En un duro auto judicial emitido el pasado 10 de junio, al que ha tenido acceso Público, la magistrada María Inmaculada Iglesias asegura que "en el centro de internamiento de Madrid se ha incumplido el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas" basándose en "indicios" de que un interno "fue agredido con un objeto contundente por un agente de policía no identificado" la noche del 27 de abril "cuando se encontraba en el dormitorio", unos hechos que, para la jueza, "pueden ser constitutivos de delito de tortura", por lo que ha pedido al Juzgado Decano de Madrid que reparta el caso para su investigación al juzgado de instrucción correspondiente.

La jueza deja constancia de que no fue hasta su visita al CIE, el pasado 30 de abril, cuando tuvo constancia de los hechos a pesar de que el agredido fue atendido en la enfermería tres día antes. En el auto consta que "el CIE ha omitido comunicar" al juzgado de control los hechos y que la ONG Cruz Roja tampoco había informado de esta agresión. Cuando la magistrada visitó el CIE el 30 de abril, una trabajadora de Cruz Roja le comunicó que un interno le había contado la agresión y que había solicitado atención médica. Así consta en el parte médico, que nunca fue remitido al juzgado de control pese a que el agredido había manifestado que fue un policía el que le golpeó. Según este parte, el interno presentaba "contusión frontal simple" y una "herida producida por objeto contundente en región hemifrontal izquierda".

"De nuevo se ha podido constatar que en el CIE de Madrid no se cumple el deber legal de protección", afirma la jueza, que insiste en que "existen indicios de que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están legalmente obligados a velar por la vida e integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia, abusando de su cargo, ha sometido a un interno a sufrimiento físico, causándole incluso lesiones; conducta tipificada en el art.174 del código penal como delito de tortura".

El auto también deja patente otra de las reiteradas denuncias de varias organizaciones defensoras de derechos humanos: la dificultad de investigar y tomar testimonio de las denuncias. "Tampoco se pudo oír al interno dado que ese mismo día [el de la visita de la jueza a CIE] a primera hora de la mañana había sido expulsado, dificultándose así la investigación de los hechos", prosigue el auto. Según han confirmado a Público fuentes del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, este interno, de nacionalidad colombiana, fue deportado a su país. 

Segunda investigación en dos semanas

Esta nueva investigación por posibles torturas llega solo dos semanas después de otra solicitada por la misma jueza. En esa ocasión, la magistrada solicitó que se tomara declaración a varios agentes de Policía del CIE por otro posible delito de torturas a raíz de una queja conjunta de decenas de internos que denunciaban "tratos vejatorios y degradantes". En concreto, los internos elevaron la queja por un cacheo realizado el 18 de abril en el que denunciaban tratos vejatorios al obligarles a permanecer a la intemperie durante largo tiempo bajo una fuerte lluvia. La jueza pudo comprobar la veracidad de la denuncia al visionar las imágenes de las cámaras de seguridad del CIE y consideró que los registros se realizaron en "unas condiciones inhumanas" y que "el clima carcelario e intimidatorio" que impera dentro del CIE era, en aquella ocasión, "desproporcionado e injustificado" por el uso de medidas de seguridad y efectivos policiales uniformados con cascos y defensas.

Internados con trastornos mentales

En este último auto, la jueza también abunda en diferentes quejas elevadas por las organizaciones Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes, Asociación Karibú, Acción en Red Madrid, SOS RacismoMadrid, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine y a la Plataforma Cies No Madrid.

En concreto, la jueza se refiere a al menos un interno al que se le observó una "conducta atípica" como la emisión de "gritos, muecas, posturas anormales sin ningún componente emotivo", además de otros comportamientos señalados por sus compañeros de habitación, que confirmaron que "vagabundeaba por la noche y emitía sonidos animales".  A pesar de todo, permaneció recluido en el CIE desde el 29 de marzo hasta el 7 de mayo. 

También hace referencia la jueza a varios casos en los que los internados son expulsados del país en vuelos de deportación sin que se les comunique con la antelación obligatoria. De esta forma, han denunciado las organizaciones, resulta imposible que los internados puedan recurrir judicialmente su expulsión ya que, en algunos casos, les es comunicada con un margen de apenas unas horas. La jueza, tras solicitar algunas actas de vuelos de deportación, ha confirmado que "en nueve de ellas no se dio cumplimiento a los ordenado por los juzgados de control", que se omitía el destino, el número de vuelo o la hora de llegada al destino. En algunos casos se omitía toda esta información.

Policías sin placa de identificación

Otra de las medidas que la jueza ha ordenado al director de CIE es "que todos los agentes de policía lleven la placa reglamentaria con el número de identificación, adoptándose para ello todas las medidas oportunas incluidas las disciplinarias”. En las quejas de los internos es habitual que no se identifique al agente implicado por este motivo y que no se les pueda tomar declaración. En esta ocasión, la jueza se refiera a quejas recibidas por obstáculos para formalizar una solicitud de asilo, pero también para facilitar la asistencia médica de algunos internados.