Una juez advierte a Zoido de consecuencias penales si no elimina las rejas de los CIE de Algeciras y Tarifa

La jueza encargada del control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y Tarifa ha instado al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a que elimine de una vez las rejas y ponga luz natural en las habitaciones, entre otras mejoras, según dispone en un auto de obligado cumplimiento, contra el que no cabe recurso, dictado a finales de marzo pasado.

Es la segunda vez que lo hace, después de que el 31 de mayo de 2017, hace casi un año, ya le dijese que lo hiciera. La magistrada Belén Barranco ordena una serie de mejoras comunes a los dos centros, que son las siguientes: que se instale luz natural en las habitaciones, que se supriman las rejas, que se instale un sistema de apertura inmediata de los cuartos desde el exterior, que se instalen taquillas en los dormitorios, que se ponga climatización en todos los módulos, que se construyan espacios lúdicos adecuados y que se dote “de manera urgente” de mobiliario suficiente en la zona de descanso que incluya televisión, prensa diaria, biblioteca, juegos de mesa u otros elementos recreativos. Además, exige que se haga lo necesario para garantizar la realización de las pruebas suficientes para detectar, al menos, el VIH, tuberculosis, sífilis, hepatitis, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y parásitos intestinales.

También reclama que desde el servicio médico se le informe directamente de las lesiones de los internos, que se suscriba un convenio con el colegio de abogados de Cádiz para instalar un servicio de atención jurídica, que se compruebe el grado de cumplimiento de los contratos con las empresas externalizadas que llevan a cabo los servicios de limpieza, mantenimiento y sanitario, que se garantice la asistencia médica las 24 horas del día y que se incluya en el boletín informativo que se entrega a los internos a su llegada información sobre violencia de género, trata de seres humanos, violencia sexual y habeas corpus.

Para el CIE de Algeciras, la jueza requiere que se construyan pistas deportivas, que se ponga en marcha un servicio de lavandería, se instalen duchas individuales en uno de los módulos, se reabran las salas de ocio y se cree un registro informático para llevar un control de las quejas.

Poner duchas y retrates en las habitaciones

Para el CIE de Tarifa, la magistrada Barranco quiere que Interior suprima las habitaciones para más de tres personas, que se eliminen las duchas colectivas y se instalen duchas, WC con retrete y cisterna y lavabo, “así como pared o puerta que cubra todo el cuerpo del interno”, que habilite un espacio reservado para recibir visitas desde el exterior, la instalación de buzones para las ONG y la homologación del parte de lesiones. Y también la creación de un registro informático de quejas.
Además, Barranco persigue que se garantice que los internos puedan tener acceso a su teléfono móvil para hacer y recibir llamadas, “al menos durante un periodo de cuatro horas diarias, en horas diurnas”, que las ONG no vean restringido su horario de visitas y puedan acceder a los centros en un horario que “en ningún caso sea inferior a ocho horas”.

La magistrada recuerda en su auto, de 25 páginas, que los CIE “no tienen carácter penitenciario y los extranjeros en ellos internados estarán privados únicamente del derecho deambulatorio”. “Así, en la organización y actividad diaria de los centros y de las personas que en ellos se encuentran se atribuye al Centro Nacional de Policía que deberá garantizar, como personal especializado en la seguridad, el normal desarrollo de la actividad en las instalaciones, evitando perturbaciones o restableciendo el orden en todo aquello que pudiera verse alterado. Igualmente, el Cuerpo Nacional de Policía gestiona todo lo relativo a la tramitación del expediente de expulsión y a la permanencia del extranjero en el centro. [Por otro lado] la faceta asistencial debe ser asumida por personal especializado ajeno a la Policía”.

Delito de desobediencia 

En el fundamento jurídico séptimo, que se titula “de las consecuencias penales que puede conllevar el incumplimiento de una resolución judicial, por autoridad o funcionario público encargado de su cumplimiento”, la jueza deja claro que el requerimiento va en serio: “Tales consecuencias vienen tipificadas en el artículo 410 apartado 1 del vigente Código Penal como delito de desobediencia”, que está penado con una multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres meses a dos años. La resolución se envía, con acuse de recibo, a los directores de los CIE de Algeciras y Tarifa, al ministerio fiscal, al Defensor del Pueblo y al Ministerio del Interior. El auto anterior, de mayo de 2017 también fue enviado a las mismas instituciones. Todas respondieron que lo habían recibido, excepto Interior.

Barranco cita el artículo 149.1 de la Constitución, que establece las competencias exclusivas del Estado en materia de Extranjería para establecer que es “imprescindible la notificación al Sr. Ministro del Interior, […] dado que […] la falta de subsanación de las deficiencias advertidas […] se deben, exclusivamente, a una cuestión de dotación presupuestaria”.

El 27 de noviembre pasado, ya después de que se remitiese a Interior el primer auto de la jueza Barranco, el ministro Zoido, presentó en Algeciras un nuevo modelo arquitectónico de los CIE que quiere implantar en los próximos años. El plan anunciado es construir un nuevo CIE en el Campo de Gibraltar, que sustituiría al de Algeciras. Este proyecto aún está naciendo. A finales del año pasado, Interior disponía tan solo de la mitad de la parcela en la que pretende instalar ese CIE.