La propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley integral de libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí", cuestiona varios de los ejes del proyecto, desde la definición del consentimiento de la víctima, a que se considere agresión sexual lo que ahora es un abuso.

Según ha informado en un comunicado el CGPJ, el pleno del órgano de gobierno de los jueces estudiará el 25 de febrero la propuesta de informe que han redactado tres vocales y que este viernes ha sido remitida al resto para que hagan sus observaciones antes del debate.

Dos de los ponentes del informe no vinculante, la magistrada Roser Bach y la abogada Pilar Sepúlveda, fundadora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, forman parte del considerado sector progresista del CGPJ; mientras que el tercero, el magistrado José Manuel Fernández, se enmarca en el conservador.

Según ese texto, "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto". El problema, alertan los vocales, no es conceptual, sino de prueba. "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", advierten.

Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada "victimización secundaria", ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.

En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual, para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograr probar la existencia de violencia o intimidación, como ocurrió en las primeras sentencias de La Manada. Pero los ponentes advierten de que ese cambio puede derivar en desprotección a las víctimas, ya que no tendrá mayores consecuencias emplear en la comisión de un delito un medio más lesivo que otro.

Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión sexual, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior. El cambio, continúan en su informe, abre además la puerta a castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad, aunque el anteproyecto incorpora un tipo atenuado facultativo.

Al margen de la tipificación de los delitos, la nueva ley contempla la especialización de juzgados y de jueces en violencias sexuales, pero lo ponentes piden que se aclare si se crearán juzgados específicos o si se ocuparán de estos casos los de violencia sobre la mujer; y reclaman también que se especifique qué órganos se harán cargo de las agresiones sexuales a menores. En cualquier caso, advierten de que se necesitará un aumento "significativo" de órganos judiciales, con más medios personales y materiales.

Igualdad cree que el informe avala su propuesta de ley 

Fuentes del Ministerio de Igualdad cree que la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley integral de libertad sexual avala su norma al no cuestionar los "elementos centrales", como el reconocimiento de todas las violencias y el consentimiento en el centro.

"Esto avala nuestra propuesta de ley y sería una buena noticia", subrayan las mismas fuentes, que, no obstante, prefieren esperar a conocer el informe final que -apuntan- lleva tres meses de retraso.

Desde Igualdad han manifestado su sorpresa por el hecho de que "los medios de comunicación conozcan antes la propuesta de ponencia que se va a debatir que el mismo Gobierno, que ha propuesto el proyecto".

El pleno del órgano de gobierno de los jueces estudiará el 25 de febrero la propuesta de informe que han redactado tres vocales y que este viernes ha sido remitida al resto para que hagan sus observaciones antes del debate.