La cesión de uso, una alternativa de acceso a la vivienda que empieza a extenderse
Ni alquiler ni compra, cesión de uso
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BARCELONA. La Constitución española estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda digna pero a día de hoy, este es uno de los derechos que más se ha vulnerado. Según el portal inmobiliario Idealista.com, en promedio, el precio del metro cuadrado de alquiler en Barcelona (17,4 euros) ya supera los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria. La capital catalana es la ciudad de todo el Estado español que sufre en mayor medida el efecto subida.
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La mayoría de los desahucios en Barcelona ya se producen por impago de alquiler y la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013 ha facilitado las condiciones para que muchos ciudadanos se conviertan en pequeños especuladores: no sólo ha reducido la duración mínima de los contratos de cinco a tres años sino que, además, brinda la posibilidad de inflar el precio de la vivienda año tras año, tanto como desee el propietario
Ni alquiler ni compra, cesión de uso
El régimen de cesión de uso consiste en que la propiedad del inmueble es colectiva y está en manos de la cooperativa. Sus habitantes pagan una entrada retornable, unas cuotas por debajo del precio de mercado y pueden hacer uso de una vivienda de por vida, si así lo desean. En este modelo, la especulación no tiene cabida, porque los inquilinos no pueden vender la casa ni tampoco alquilarla por un precio superior al que se ha establecido colectivamente.
En este modelo la especulación no tiene cabida, porque los vecinos no pueden vender la casa
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En Catalunya, las cooperativas que promueven la cesión de uso son todavía anecdóticas, sobre todo porque no han ido acompañadas de una apuesta firme por parte de la Administración que facilite su consolidación. Por el contrario, este sistema está muy extendido en algunos países europeos, particularmente los escandinavos, pero también en Alemania, Holanda y en Uruguay o en Canadá. "Aquí todavía estamos en un proceso de germinación", explica Raúl Robert, fundador de Techo Cívico, la primera entidad que puso sobre la mesa la existencia de un método alternativo de acceso a la vivienda que tiene un potencial transformador.
La crisis económica ha puesto en cuestión los modelos clásicos de tenencia de los pisos, que están culturalmente muy arraigados
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En Barcelona, el actual Ayuntamiento ha sacado a concurso público siete solares municipales para construir viviendas cooperativas y esto es "un paso importante", a criterio de Robert, pero no suficiente. Desde su punto de vista hay que adaptar las políticas a la realidad social, creando también una LAU más protectora, con topes a los precios de los alquileres y subvenciones retornables para las cooperativas que impulsan la cesión de uso, que ayuden, por ejemplo, a pagar las entradas de los inquilinos. "Sin esos cambios es difícil que el modelo se amplíe y que estos edificios integren a personas de diferentes estratos socioeconómicos", precisa.
Los modelos existentes en Catalunya
En Catalunya, la Masía de Cal Casas, en el Bages, fue el precedente de cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso. Después, Techo Cívico consiguió la primera cesión de suelo municipal para rehabilitar un inmueble siguiendo el mismo modelo. La apuesta más reciente de un edificio de nueva construcción lo impulsa la cooperativa La Borda, en Can Batlló, en el barrio de la Bordeta. El Ajuntament de Barcelona cedió a la cooperativa un solar ubicado en el antiguo el complejo fabril para que se pudiera construir una vivienda a un precio más económico, blindado a la especulación, promoviendo la vida comunitaria, el reparto de las tareas de cuidado, el consumo colectivo y bajo el criterio de la sostenibilidad.
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El papel de la Obra Social de la PAH
Para fortalecer la lucha, en Barcelona nacerá próximamente un Sindicato de Inquilinos. Esta figura, que existe en algunas de las principales ciudades europeas, se ha erigido como interlocutora de la administración y de los propietarios, para que a la hora de pactar los precios, haya negociación colectiva. En la capital catalana aún está en una fase muy embrionaria pero el Observatorio DESC, la entidad impulsora, tiene la voluntad de que esta herramienta sirva para presionar, para que se cree un mecanismo de control sobre el alquiler y para dar respuesta a los problemas cotidianos con los que se encuentran los arrendatarios.
A pesar de que las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso apuestan por unas cuotas y una entrada por debajo del precio de mercado, los efectos de la crisis económica han dejado a algunas personas fuera de la posibilidad de acceder incluso a estos viviendas. Para suplir esta brecha la Obra Social de la PAH apostó por la recuperación de bloques de vivienda que están en manos de la banca y por darles un uso social para familias que han sido desahuciadas o que no tienen ningún acceso a la vivienda por la vía mercantil o por medio de la Administración.
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La campaña de la Obra Social de la PAH ha recuperado 49 bloques en el Estado y a realojado a más de 3.500 personas
Una de estas personas es la Dora Navarro, inquilina del Bloque 2 de Bages desde hace tres años. Este bloque, propiedad de la SAREB, fue cedido al ayuntamiento para que aplicara un alquiler social para los vecinos que lo necesitasen. "Le debo la vida a la PAH, porque si fuera por la Administración yo no tendría nada, me habría quedado en la calle", dice. Sin embargo, admite que a día de hoy todavía tiene la sensación de que "en cualquier momento me pueden echar fuera".