La Fiscalía ha reclamado este martes siete años de cárcel para un manifestante acusado de presuntamente lesionar a dos agentes de Mossos d'Esquadra en una manifestación en el parque de la Ciutadella de Barcelona durante el primer aniversario del 1-O, en 2018, y la Generalitat, personada como acusación particular, ha pedido una condena de cinco años de prisión por los mismos hechos.

En el juicio de este martes en la Audiencia de Barcelona, el acusado se ha declarado inocente y su defensa, que ejerce el letrado del colectivo de abogados Alerta Solidària David Aranda, ha reclamado la absolución del manifestante y ha cuestionado las pruebas que han aportado las acusaciones, entre ellas vídeos de la jornada, de los que ha reprochado que no se ha detallado la cadena de custodia y ha asegurado que están editados: "No cumplen ni uno de los requisitos", ha criticado.

El procedimiento se basa en lo ocurrido en una protesta que convocó la ANC el primero de octubre de 2018 (1-O) y en la que, según los escritos de acusación de la fiscal y de la Generalitat, el acusado presuntamente golpeó a un mosso en la cara y después en la mano con un palo, y supuestamente también golpeó en la cabeza a otro agente, equipado con casco, con el mismo palo, que se ha mostrado en el juicio y ambos policías han reconocido.

Uno de los dos mossos que denunciaron lesiones durante la protesta es el entonces subinspector del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) Jordi Arasa, que en junio fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por dos delitos de lesiones en las cargas durante el desalojo de la acampada de los indignados del 15M de la plaza Catalunya de Barcelona en 2011.

Al exponer sus conclusiones finales este martes, la fiscal ha sostenido que el manifestante actuó "con ánimo de atentar contra la autoridad y contra agentes uniformados en despeño sus funciones, también de animar al resto manifestantes", y ha mantenido que el hombre usó el palo para golpear a los policías.

El letrado de la Generalitat se ha centrado en defender la validez de las pruebas aportadas, refiriéndose a que "tanto las diligencias judiciales como las policiales tienen según la jurisprudencia presunción de validez, no de irregularidad", a modo de reproche a los cuestionamientos de la defensa.

La defensa se ha referido a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional al pedir especial cautela al enjuiciar actos cometidos durante una protesta, y ha señalado que "las personas que no tienen acceso a los medios de comunicación no tiene otra forma de hacer escuchar su voz, y a veces hay que permitir ciertas extralimitaciones en el uso y ejercicio de los derechos fundamentales".

Por estos hechos, la Fiscalía reclama condenar al acusado por un presunto delito de desórdenes públicos, un presunto delito de atentado a agentes y dos delitos de lesiones, uno de ellos leves, y pide una pena de en total siete años de cárcel además de una multa de 720 euros y una indemnización de 1.076 euros y 371 euros para los policías.

Por su parte, la Generalitat pide por los mismos presuntos delitos cinco años y seis meses de cárcel, una multa de 840 euros e indemnizar a los agentes con 1.514 euros y 489 euros.

Testigos y pruebas periciales 

Los dos agentes implicados, que han declarado en el juicio como testigos, han sostenido ante la Sala que reconocieron al acusado como el hombre que supuestamente les agredió mientras varios manifestantes lanzaban objetos y vallas hacia la línea policial, y han explicado que el dispositivo estaba "justo" de efectivos porque preveían una protesta pacífica sin altercados.

Uno de los mossos ha afirmado que "la actitud del acusado era claramente agresiva, todo el rato intentaba agredir a agentes, intentado coger vallas" y según él animando a otros manifestantes a hacer lo mismo.

También han comparecido en el juicio dos agentes de la Unidad de Información de Mossos, quienes han explicado que siguieron al acusado en su municipio, Vilafranca del Penedès (Barcelona), porque vieron que durante la protesta llevaba un pañuelo de uno de los grupos de castellers de la ciudad.

Han contado que fueron a Vilafranca y entraron en un bar donde el camarero era "un chico de características similares al investigado" y que llevaba una pulsera igual que la del acusado en las imágenes de la manifestación.

Otros dos mossos han acudido al juicio para exponer el informe pericial en el que se usaron grabaciones de la jornada para comparar el aspecto facial del acusado, y han dicho que, a pesar de que en la protesta llevaba la cara tapada por debajo de la nariz, "todo lo que es visible coincide, a parte de la complexión corporal y un tatuaje que coincide en tamaño y forma".