Un total de 28 menores han sido identificados y cuatro personas han sido detenidas en una acción de control en salas de juego, en el marco de una operación de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Foral de Navarra y los Mossos d'Esquadra.

También se ha localizado la presencia de 184 mayores de edad indocumentados, al verificar la identidad de los adultos presentes en los salones de juego con el objeto de evitar que, aquellas personas quienes se han auto prohibido el juego, tengan acceso a este tipo de establecimientos.

Durante dos días, los agentes han realizado un total de 1.881 visitas a salones de juego de toda España, con el objetivo de verificar que la normativa de acceso de menores se cumple, según ha informado este lunes 7 de octubre la Policía Nacional.

Los parámetros comunes de la normativa sobre el juego, regulada por las Comunidades Autónomas, establecen que los menores de 18 años no pueden participar ni en el juego ni en las apuestas que se desarrollan en este tipo de establecimientos.

Miles de personas marcharon este domingo en la que fue la primera gran movilización contra las casas de apuestas en Madrid, un modelo de negocio que aumenta sin control especialmente en los barrios más humildes, donde las personas precarizadas son las más vulnerables de caer en la ludopatía al verse en situaciones de necesidad económica. 

Un negocio millonario

El sector del juego en España mueve casi 42.000 millones al año, representa el 0,9 % del PIB, genera en impuestos específicos alrededor de 1.700 millones de euros, da empleo directo a más de 84.700 personas y ha originado varias empresas multinacionales en Europa y Sudamérica.

Son las principales cifras de las que presume el sector, legalizado en España desde 1977, para defender un negocio cuestionado por diversos colectivos sociales que alertan del peligro de la ludopatía.

Los datos se recogen en el Anuario del juego en España 2018 publicado por la empresa Codere en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, que serán actualizados dentro de unas semanas con el balance de 2019.

El sector divide su negocio entre la parte pública (45%) y privada (55%), es decir, por un lado la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado, Selae -que agrupa la Lotería Nacional, Primitiva y La Quiniela, y la ONCE- y por otro lado los casinos, bingos, salones, máquinas de hostelería y el juego "online".

Regulación del juego 

El juego privado presencial está regulado por cada comunidad autónoma, mientras que el juego público y el privado en línea lo está por el Estado.

Catorce de las diecisiete comunidades contemplan en su regulación medidas de planificación (distancias entre salas de juego, a centros escolares y para el juego privado presencial).

En 2011 se reguló el juego en línea, pero está pendiente por desarrollar la regulación de la publicidad, tanto del juego público como del en línea privado.

Por otro lado, Hacienda trabaja en la elaboración de un decreto para impulsar una regulación estatal de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en línea. Además, el Gobierno aprobó en 2018 un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude para reforzar el control de la actividad del juego. 

Una práctica integrada en la sociedad

En España existen 3.150 salones de juego  y un total de 199.410 máquinas operativas que pertenecen a más de 20 cadenas nacionales o regionales. En 2017 fueron visitados por tres millones de personas, mayoritariamente hombres jóvenes.

Según el citado Anuario, la mayoría de visitantes de estos establecimientos eran jóvenes. El 30% tenían entre 18 y 24 años y casi el 20% entre 25 y 34 años. Es decir, el 58% de los clientes eran menores de 35 años, con un fuerte componente de clases medias y altas.

El 92 % de los españoles considera que esta actividad se encuentra plenamente integrado en la sociedad, según una encuesta del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), que representa a la patronal.