Canarias: paraíso de pobreza, nómadas digitales y problemas de vivienda
El archipiélago es la comunidad autónoma que más crece en la compraventa de viviendas por parte de extranjeros europeos.
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Santa Cruz de Tenerife,
Entre Bali, Tailandia o Portugal se cuelan cuatro islas canarias como destinos paradisíacos para trabajadores en línea. El portal de referencia para nómadas digitales Nomad List sitúa a Gran Canaria y Fuerteventura entre los 22 lugares en la cima del ranking mundial.
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Tras la pandemia, los esfuerzos del Gobierno de Canarias se centraron en recuperar el turismo, por lo que lanzaron una campaña para atraer a teletrabajadores. En 2021, llegaban a las islas cerca de 4.000 trabajadores al mes. Se consiguió en un año el objetivo que se planteó para cinco.
Turismo lo celebró como un logro, mientras el acceso a la vivienda para los residentes se volvía imposible. Sueldos bajos, altas tasas de pobreza y precios desorbitados. Esta es la radiografía del acceso a la vivienda en el paraíso.
En septiembre el Gobierno de Alemania anunció bonos de hasta 500 euros para los ciudadanos que decidieran pasar el invierno en el archipiélago. No es baladí que esta medida la tome el país germano, el principal consumidor extranjero de vivienda canaria.
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En un contexto de aumento del precio del gas, crisis energética y financiera, las islas se han situado como un atractivo turístico para los ciudadanos del norte y el este de Europa. Sin embargo, los sueldos de los residentes no pueden competir con el capital europeo y nacional que se asienta de forma temporal o permanente.
Canarias tiene, junto a Andalucía y Extremadura, los sueldos más bajos del país. También las mayores tasas de exclusión, afectando al 35% de la población. En noviembre de 2021, el 40% de la población cobraba menos de 1.300 euros y el salario medio estaba en 1.775.
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Ante el encarecimiento de la vivienda, el Gobierno de Canarias ofrece ayudas al alquiler que pueden alcanzar hasta los 600 euros, 700 en caso de familias numerosas o con familiares con discapacidad. Para alquileres de una habitación, el precio debe ser inferior a los 300 euros.
María, que prefiere mantenerse en el anonimato, vive una odisea para conseguir un piso de alquiler en El Hierro. "Pueblo pequeño, infierno grande", ironiza. Se dedica a la limpieza y lavandería en los alojamientos turísticos, pero está de baja a causa de una enfermedad en las articulaciones. Cobra 850 euros por su baja y vive junto a su marido y su hijo, ambos en situación de desempleo. De esa paga salen también el alquiler, la luz y los gastos de comida.
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María vive desde 2019 en un apartamento en el municipio de El Pinar. A finales de septiembre de este año, recibió un burofax en el que los propietarios decidían no renovar su contrato. Debe abandonar su vivienda habitual antes del 10 de noviembre. De lo contrario, los propietarios amenazan con comenzar el cauce legal para el alzamiento.
"Es imposible encontrar una vivienda, son todas vacacionales porque así ganan más dinero", cuenta entre lágrimas. Tiene poco más de una semana para buscar otra alternativa habitacional en la isla, pero los alquileres no bajan de 600 euros. La única salida que ha encontrado en este mes de búsqueda y que se ajusta a su bolsillo, tiene un gran pero: debe abandonar la vivienda antes del comienzo del verano. De nuevo, se topa con los apartamentos vacacionales.
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El vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Javier Valentín, señala que la vivienda vacacional es solo un factor más de los que encarece el acceso a la vivienda en Canarias. La precariedad laboral de los jóvenes que no pueden independizarse, el crecimiento poblacional de las islas y la escasa oferta de vivienda son puntos que, según su visión, condicionan el valor de las residencias en el archipiélago.
Atrapada en la búsqueda de piso también se encuentra Sandra. Tiene 25 años, vive en Tenerife y tras romper con su pareja su vida se convirtió en una batalla por encontrar un piso que pudiera pagar. Todas las opciones que barajó rondaban entre los 500 y 600 euros.
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"La ansiedad por encontrar un piso fue una pasada", narra. Gracias a una compañera de trabajo consiguió un alquiler de 450 euros en una zona no turística del municipio de Candelaria, en Tenerife. Ahora destina entre el 50 y el 60% de su salario a pagar el alquiler.
Aroni también tiene 25 años y es enfermera. Encontró un piso en Candelaria (Tenerife), con dos habitaciones, un baño y un salón comedor unido por el que paga 680 euros. Cuando comenzó a vivir en él admite que se lo tomó como un capricho después de haber estado toda la carrera "contando hasta el último euro". Un apartamento cerca del mar, del ocio de la ciudad y en un municipio no lejos de su trabajo.
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Con el fin del contrato y la necesidad de poder ahorrar para poder comprarse una casa en el futuro, decidió apostar por un arrendamiento más económico. Ahora destina el 35% de su sueldo a pagar la vivienda.
Los problemas de alojamiento no se quedan ahí. Las personas sin recursos que, como María, cumplen las condiciones para acceder a la vivienda social se encuentran una nueva muralla.
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Según datos ofrecidos por la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, cerca de 18.000 personas están en la lista de espera para obtener una vivienda social. De ellas, 5.068 presentaron su solicitud en el año 2002. Las listas se van renovando cada tres años, cuando los solicitantes deben renovar su inscripción.
Las plataformas en favor de una vivienda digna han criticado la falta de parques de viviendas sociales en Canarias. En esta línea, el Gobierno regional ha anunciado avances. Utilizará una partida de fondos europeos y fondos propios para construir un millar de residencias destinadas a alquileres asequibles en diferentes municipios, así como para la rehabilitación de casas protegidas. Sin embargo, estas medidas no resuelven los problemas actuales porque darán resultados en un tiempo estimado de cuatro años.
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En cuanto a la propiedad de la vivienda construida, Canarias es la comunidad autónoma que más crece en la compraventa por parte de extranjeros europeos. De acuerdo con los datos del Consejo General del Notariado, en el primer semestre de 2022 el archipiélago sufrió el mayor aumento interanual de transacciones de este tipo a manos de foráneos.
Por nacionalidad, los alemanes lideran las compraventas en Canarias, seguidos de británicos, italianos y portugueses. Al mismo tiempo, el precio de las casas aumentó en las islas un 13,1%, casi tres puntos más que en la media nacional.
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También se complica el acceso al alquiler. Canarias es la quinta comunidad autónoma con mayores precios por metro cuadrado. Según los datos del portal inmobiliario Fotocasa, los precios en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife rondan los 10 euros por cada metro cuadrado, solo superadas por Madrid, Catalunya, Baleares y el País Vasco. Las dos capitales de provincia son además las que sufren la mayor subida de precios del archipiélago.
En medio de los problemas con el acceso a la vivienda, hay semillas. Las viviendas cooperativas, ya implantadas en ciudades como Barcelona, se gestan en Canarias.
Adrián Rodríguez, socio de la cooperativa Oficina de Innovación Cívica (OFIC), planea la creación de un edificio en Tenerife. En el proyecto en el que participa la idea es que convivan personas jóvenes con adultos de entre 50 y 70 años. A diferencia de los bloques de edificios convencionales, esta iniciativa pretende que los espacios comunes se multipliquen dando más valor a crear redes sociales entre vecinos.
El acceso a la vivienda no es complicado solo para las personas jóvenes; también se convierte en un tedio para los mayores. Doris tiene 72 años y hace un mes se vio obligada a salir del apartamento en el que había vivido en los últimos años. Al fallecer su marido la dejó como usufructuaria durante tres años, por lo que se veía obligada a abandonar su residencia, herencia de sus hijastros.
Desde la orden de desahucio, duerme en el sillón de una mujer de 82 años en el Puerto de la Cruz. Ha intentado encontrar apartamento, pero los precios superan los 600 euros. El Gobierno de Canarias le ofreció una ayuda al alquiler, pero los propietarios no quieren hacer tratos con la Administración. "Parece como si hubiera desconfianza hacia ellos, yo no puedo decir nada malo, han intentado ayudarme", confiesa Doris.