Una cámara de seguridad demuestra el abuso de autoridad de dos policías locales acusados ahora de falsa denuncia

Un vídeo grabado por una cámara de seguridad de una farmacia en Córdoba capital ha sido la prueba que ha salvado a un ciudadano de ser condenado por atentado contra la autoridad. Acusado de dicho delito por un policía local, el visionado de las imágenes tuvo lugar durante las diligencias previas practicadas durante la investigación antes de la apertura del juicio oral.

Ahora, un auto del juzgado de instrucción número dos de Córdoba dictamina la absolución del ciudadano y la deducción de testimonio para dos agentes locales por haber cometido, posiblemente, los delitos de denuncia falsa y detención ilegal. El Ayuntamiento cordobés no ha tomado ninguna medida al respecto, a pesar de que al principio afirmara que el par de funcionarios estaba suspendido de empleo y sueldo hasta la nueva resolución judicial.

Todo ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando este ciudadano que prefiere mantenerse en el anonimato y no hacer declaraciones por el trastorno que le ha supuesto el caso "salió corriendo de la Policía Local asustado después de que le pidieran que se identificara", tal y como relata Valentín Aguilar, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y defensor del acusado. A los pocos segundos recapacitó, se paró en una esquina y decidió identificarse sin oponer ninguna resistencia.

Ni manotazo ni patada 

Una cámara de seguridad de una farmacia filmó todos los movimientos que se sucedieron cuando el agente alcanzó al hombre. Según el testimonio policial recogido en el auto, el agente aseguró que el detenido le dio un manotazo antes de darse a la fuga para, después, propinarle una patada en la rodilla, "teniendo que ser reducido entre ambos policías empleando la mínima fuerza imprescindible", explicita el texto judicial.

"El caso es que este suceso ocurre justo delante de la cámara existente en una farmacia y las imágenes son esclarecedoras", enfatiza el auto judicial en su tercer punto.

De esta forma, queda comprobado cómo el muchacho detuvo su marcha y se ofreció al agente, "quien, sin ser agredido en ningún momento, decide hacerle una llave y empujarlo contra una cancela, donde el joven se golpea en la cara". El texto continúa: "Sin venir a cuento ni ser necesario, lo reduce contra el suelo donde lo tiene aprisionado por espacio de dos minutos". Más tarde, al individuo se lo llevarán detenido.

Sin la existencia de esa grabación, a la que ha tenido acceso Público, el joven tendría que haberse enfrentado a un juicio por un delito de atentado contra la autoridad, castigado con hasta pena de prisión, y haber hecho frente al testimonio inventado de dos policías locales de Córdoba.

Los policías pierden la credibilidad ante el juez

Según el juez instructor, en este caso se dan "dos consecuencias especialmente graves". A saber: "Que los dos agentes han faltado a la verdad en su comparecencia/denuncia al imputar falsamente al detenido una agresión que no se produjo y al relatar que tuvieron que reducirlo por la resistencia grave que ofrecía". Y apuntilla: "De resistencia nada". El segundo aspecto, tampoco baladí: "Que la detención puede ser calificada de ilegal".

Asimismo, el juez determina que "los agentes no merecen ya ninguna credibilidad en lo concerniente a lo ocurrido" con anterioridad, la escena que habría desembocado en la petición de identificación del joven y su posterior huida.

Los policías, de acusación a acusados

El sobreseimiento de esta causa ha venido acompañado de la petición de deducción de testimonio para los dos agentes sin esperar a la firmeza de la resolución del juzgado de instrucción, tal y como aparece en el auto, al que también ha tenido acceso Público.

Una nueva causa se abrirá contra los dos policías locales de Córdoba "a fin de que puedan ser depuradas las responsabilidades penales en que puedan haber incurrido (…) por delitos de denuncia falsa y detención ilegal", determina el auto.

A pesar de que este diario ha intentado ponerse en contacto con Miguel Ángel Torrico, concejal de Seguridad en la capital cordobesa, el edil prefiere no hacer declaraciones al respecto. En cambio, el Consistorio sí ha cambiado de parecer a lo largo de la mañana de este jueves 27 de julio.

A primera hora, fuentes internas aseguraban a Público que los dos agentes se enfrentaban a un expediente de información reservada y ya habían sido apartados de sus puestos con suspensión de empleo y sueldo.

Un par de horas después, la información ha cambiado. Las mismas fuentes del Consistorio cordobés han asegurado a este diario que "el tema está en manos de la asesoría jurídica municipal que está solicitando la información judicial sobre este asunto para determinar las posibles actuaciones".

Estas actuaciones irían encaminadas tanto en defensa de los dos funcionarios como de una posible apertura de una información reservada desde el punto de vista del régimen interno, según la información aportada por el Ayuntamiento gobernado por el PP. 

Asimismo, han indicado que la vía administrativa queda paralizada hasta que continúe activa la vía penal. "En todo caso, se prima la presunción de inocencia de los agentes como de cualquier ciudadano", han añadido.

Preguntados por qué sucederá si finalmente la justicia sentencia que los dos policías mintieron, desde el Ayuntamiento se escudan en que las medidas a tomar serán determinadas por la asesoría jurídica municipal.

La APDHA continuará con el caso

Aguilar, el letrado del hasta ahora acusado, afirma que se investigará a los dos agentes porque uno ratificó la denuncia del otro a sabiendas de que mentía. "Lo más preocupante es que esto pasa mucho más, ocurre con más habitualidad de lo que nos podemos imaginar", enfatiza este activista.

La Asociación continuará en el caso, esta vez como acusación particular. "Esta persona ha sufrido un trato humano degradante, sufrió lesiones que no tenían que haberse producido en ningún momento y nos personaremos en la causa para que se depuren responsabilidades y estas cosas no vuelvan a pasar", desarrolla el abogado. Es decir, en el nuevo proceso penal, el joven que antes estaba acusado de atentado contra la autoridad será la nueva acusación.

"El hombre está muy feliz, muy contento de que se hace justicia. A pesar de que las lesiones no son de una importancia extrema, este caso es algo que le podía haber marcado toda su vida. Le podían haber condenado a prisión por una cosa que no había hecho a no ser de la existencia de esas cámaras de seguridad", finaliza Aguilar.