Ruth y su hija viven desde hace cuatro años en el número 24 de la calle Lancaster, en el barrio barcelonense del Raval. En aquel momento, el edificio estaba ocupado por El Centro Social Guernika, autogestionado por jóvenes activistas que mediante el apoyo mutuo tenían el objetivo de compartir el espacio con familias que se encontraban sin viviendas. “No teníamos donde vivir y después de hablar con la asamblea nos organizamos para que me instalara en este piso, que llevo cuidando y reformando durante todos estos años. Después de tanto tiempo, lo considero mi vivienda legítima”, afirma Ruth.

La historia del Lancaster 24 comenzó en 2002, cuando el Ayuntamiento inició un Plan de Mejora Urbana (PMU) en las calles Lancaster y Arc del Teatre, en el que había que derrumbar varios edificios. En aquel entonces, muchas de las fincas eran propiedad municipal. En el 2003, el Grupo Sastre (ZOTMA/PROMOSASTRE) compró Lancaster 24 y otras fincas de la zona. El colectivo Madres Lancaster 24 (L24) declara que desde entonces, hasta el año 2006 la empresa y el Ayuntamiento de Barcelona ejecutaron el proceso de desplazamiento de los antiguos inquilinos del edificio que mayoritariamente tenían contratos indefinidos de renta antigua. Pero la compañía entró en quiebra y casi todas las fincas de la zona quedaron vacías y en estado de abandono, por lo que en 2012 el inmueble fue ocupado –la denuncia de la policía por la ocupación fue archivada-. 

En el año 2015, pocos antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento volvió a activar el plan urbanístico y las obras de derrumbe en los alrededores afectaron negativamente al inmueble. “Intentaron echar a las personas varias veces usando como excusa el estado del edificio, pero siempre, o los servicios técnicos, o los bomberos decían que la estructura no estaba mal y que no justificaban el desalojo”, manifiesta Sara, integrante del Colectivo Madres L24.  

En septiembre del mismo año, tras la puesta en marcha de negociaciones con el Ayuntamiento, los y las consejeras de Barcelona en Común -recién llegadas al gobierno- y la Oficina de la Vivienda de Barcelona aseguraron el realojo a las personas que lo solicitasen.  

Sin embargo, en 2016 siguieron los derrumbes “sin realojos”, debilitando el edificio y aprobándose “sin previo aviso”, la destrucción de los inmuebles Lancaster 22 y 24. Y de ahí nació el Colectivo Madres L24, con el objetivo de que las familias que vivían en el edificio no fueran desalojadas.  

“Decidimos que ellas eran las protagonistas y las que tenían que solucionar esta situación. Así que comenzamos a reunirnos para hablar y denunciar abiertamente lo que estaba ocurriendo”, declara Mar, activista de Madres L24. 

“Todas tienen en común la responsabilidad de tener menores a su cargo, por lo que la dinámica de vida, de lucha, de trabajo y la perspectiva de solución no es la misma que para otras personas”, afirma Sara.  

Actualmente, en el edificio viven cinco madres solteras con sus hijos e hijas y una familia a la que las mujeres acogieron. Debido al mal estado de los edificios colindantes, las condiciones en las que viven empeoran con el tiempo. “Salimos a la calle para que se conozca la problemática y para defender el derecho a una vivienda digna. Y hay una resistencia, no nos vamos de aquí hasta que el Ayuntamiento nos dé una solución”, confiesa Ruth. 

“Yo estoy cansada de todo”, dice Ona, ocupante del edificio desde hace cinco años. Explica como la especulación y los derrumbes han debilitado las condiciones de vida y salubridad de la manzana. “Por el ruido, no se puede dormir una noche más de dos horas seguidas, porque cuando no es el vecino de arriba es la discoteca de al lado o que en la esquina se están pinchando o matando. Tengo una hija que vive conmigo, pero mi situación me impide acoger a mi otra hija e hijo que, por suerte, tienen a mi ex-pareja. Cuando no puedes estar con tus hijos, tu vivienda no está en condiciones, las actividades cotidianas como ducharte y lavar la ropa son muy difíciles, y no puedes descansar por la noche, entras en depresión”. La madre confiesa que no necesita medicinas, sino un piso de alquiler social para ella y su familia, que le garantice tranquilidad. “Esto nadie lo entiende, ni la asistenta social, ni la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento, porque las que nos atienden no han pasado por lo nuestro, la mayoría no son madres y no viven en la precariedad. Gracias al apoyo de las personas que me entienden y luchan conmigo es por lo que me levanto cada día”.  

A principios de 2017, la Oficina de la Vivienda les comunicó que no había alternativas viables y dignas de realojamiento y que debían abandonar el inmueble antes de la primavera. Sin embargo, en abril, el colectivo se reunió con la regidora del distrito, Gala Pin, y consiguieron un acuerdo por escrito en el que el Ayuntamiento se comprometió a realojar a las madres. La fecha prevista era antes de verano, pero las autoridades la han retrasado a septiembre, por la falta de inmuebles disponibles en el barrio.  

El colectivo Madres L24 con los vecinos y vecinas de la calle Lancaster. / Foto cedida por Madres L24

Más allá del activismo

Hace unos años que Sara y Mar dejaron de vivir en el Lancaster 24, pero todavía mantienen vínculos muy fuertes con las madres. “Convivimos con ellas, somos amigas, conocemos sus intimidades y necesidades, y no solo las ayudamos en acompañamientos con los servicios sociales o en temas de papeleo, sino que colaboramos con ellas en su día a día”, matiza Mar. 

Sara explica que al vivir con ellas, va más allá. “Tú conoces a una persona con la que compartes parte de tu vida y no la puedes dejar tirada. Es una cuestión de amor hacia las personas, de responsabilidad y de luchar contra el individualismo”.

De la misma manera, creen que el tema de salir a la calle y hacer comunidad es importante, para hacer redes con los vecinos y vecinas que viven en condiciones similares. Por ello, organizan las “comidas de traje” en la calle, una oportunidad de conocer a las vecinas, salir de la parte privada, y denunciar las situaciones en las que viven, ya que Barcelona en general y El Raval, en particular, sufre la especulación y la gentrificación.  

“Han trasformado la ciudad en un lugar hostil y eso lo tenemos que romper, desde la confianza, el amor y el conocimiento. En el Lancaster 24 vive gente tan diversa que no pensábamos que nos íbamos a encontrar. Yo he aprendido mucho, a hacer comunidad y a sentirme en una manada con personas que no tienen nada que ver con mi familia biológica”, declara Mar. 

El Colectivo ha pasado muchas horas en el archivo, investigando todo lo relacionado con el plan urbanístico de la zona. Y la conclusión a la que llegan es que la gentrificación, la especulación, el racismo institucional y el sistema patriarcal hacen que estos lugares “huelan a muerte”. “Solo hay expedientes. Las personas son DNI, números, cifras, papeles… El sistema nos anula como personas que tienen su historia y sus sentimientos, sobre todo a la clase trabajadora”, afirma Sara.  

Fotografía de la fachada de Lancaster 24. / Foto cedida por Madres L24

La ocupación como necesidad

Madres L24 denuncia que la ocupación por necesidad no está contemplada dentro del sistema. “Los protocolos son muy cerrados y excluyen a muchas personas”, explica Sara.

Además, recalca que le parece un problema muy grave que en una situación de crisis como la actual, no se reconozca la ocupación de edificios abandonados o las economías alternativas. “¡La propia asistenta social dijo que no podía ayudar y que la mejor opción era que ocuparan otro edificio!”. Sin embargo, si ocupan otro lugar, perderían todo el avance en el proceso y la negociación con el Ayuntamiento. “O fomentamos la ocupación como una alternativa real y social, o encontramos una vía para que nadie tenga que elegir esto por necesidad”. 

Una de las propuestas que defiende Madres L24 es el alquiler social en relación al porcentaje de ingresos de las familias. Creen que se debería aumentar el parque público de pisos de protección oficial y cambiar el sistema para que los alquileres no fueran privados, con el objetivo de proteger a las vecinas y asegurar a las personas del barrio un techo a precio justo, asequible y sin posibilidad de desalojos. Igualmente, piensan que se debería comenzar a multar a los bancos y a los propietarios privados que tienen pisos vacíos o en mal estado, y obligarles a cumplir con su deber de rehabilitación y conservación de los edificios. “No sólo se tienen que regularizar los precios, sino romper con la dinámica de la propiedad privada y la liberalización de la vivienda”, aclara Sara.

Además del solar del ámbito del PMU, en la calle Lancaster hay muchas viviendas vacías y fincas expuestas a la especulación de fondos inversores. Una de las propuestas del colectivo es la (re)municipalización o la expropiación legítima de aquellos edificios y descampados con garantía de realojo en la misma zona de las madres y de los habitantes de la calle que se enfrentan a peligros de “mobbing”. Eso permitiría mantener la vida comunitaria y la red de apoyo mutuo que han creado entre ellas y sus vecinos. 

Porque, como dice Mar: “un techo en condiciones es la base de la supervivencia humana. Las vidas de las personas que no pueden pagar valen tanto y merecen ser vividas como las de las demás”.